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Librando una lucha justa: Defensores de inmigración desafían la orden ejecutiva de Trump

“Los derechos de los inmigrantes son derechos civiles”. Manifestante en una concentración por los derechos de inmigración en Washington, DC en el 2010. FOTO: Nevele Otseog (CC BY 2.0).

Ali Kermani, ciudadano iraní que vive en Dinamarca, se preparaba para entrar en Estados Unidos con una visa de visitante en enero del 2017. El padre de Ali sufre de cáncer en la etapa III, y teniendo en cuenta el proceso administrativo habitual en casos que involucran a ciudadanos iraníes, Ali tenía planeado su viaje con meses de anticipación. Después de varios meses recibió su visa. “Pero luego llegó esta orden”, dijo Ali, “y no me permitieron abordar mi vuelo”.

La “orden” en cuestión, claro está, es la Orden Ejecutiva sobre Inmigración suscrita el 27 de enero por el presidente estadounidense Donald Trump, que desencadenó una ola de incertidumbre, miedo e indignación, y también mucha confusión y pánico entre funcionarios del gobierno por un lado, e inmigrantes y activistas en Estados Unidos por el otro. De un momento a otro, un viajero como Ali, que estudió y trabajó en Estados Unidos durante seis años y no ha estado en Irán desde hace más de una década, debió enfrentar un intenso escrutinio, y ahora la perspectiva de una prolongada prohibición, solamente por su nacionalidad. “Estoy prohibido de ir a Irán, porque discrepo con el gobierno”, dijo Ali, dejando ver la ironía. “Ahora estoy prohibido de entrar a Estados Unidos, debido al gobierno de Irán”.

Desde que se firmó la orden, los abogados de inmigración, en particular, se han visto enfrentados con el complejo desafío de hallarle sentido a una ley aparentemente insensata, mientras tratan de guiar a sus clientes, y a ellos mismos, por territorio inexplorado. El resultado ha sido desafío y recompensa en partes iguales, sin dejar de mencionar que es abrumador en alcance, magnitud y emoción.

Con la firma de la orden, los abogados de inmigración se encargaron de deshacer las consecuencias de la nueva orden para sus clientes, y de trazar estrategias para permitir que los inmigrantes entren a Estados Unidos de manera segura y efectiva. También surgió el asunto sobre si la orden era en sí misma ilegal o constitucional.

Las reacciones pasaron del pánico y la incredulidad a la rabia y la indignación. La orden ejecutiva se firmó con pocas advertencias, y casi sin direcciones prácticas ni explicación. En realidad, la redacción de la propia orden era asombrosamente amplia e imprecisa con respecto a cómo se implementaría y aplicaría.

No sorprende que haya habido confusión masiva de las agencias gubernamentales sobre cómo se implementaría y a quién debía aplicarse. En los primeros días de su vigencia, hubo numerosos informes de residentes permanentes a los que se les negó la entrada, lo que obligó a la Casa Blanca a salir y aclarar su posición de que los titulares de permisos de residencia no estaban sujetos a la prohibición.

Ese fue apenas uno de los aspectos inquietantes de la orden que no solamente confundió a las agencias gubernamentales y profesionales de la ley, sino que demostró graves fallos por parte del gobierno en su capacidad de elaborar y ejecutar políticas.

En las dos semanas que siguieron, los abogados se unieron en listas de correo, foros y conferencias telefónicas en un intento de entender exactamente qué estaba pasando. Parecía que cada día aparecía algo nuevo. Cada día traía nuevos desafíos e incertidumbres, ya fuera el anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos del congelamiento de todas las peticiones, incluidas solicitudes de asilo, presentadas por ciudadanos de los siete países materia de prohibición, o la renuncia de destacados funcionarios del Departamento de Estado y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Abogados de guardia en aeropuertos compartían historias de clientes que habían sido detenidos, a los que habían dejado pasar, que eran interrogados o enviados de vuelta a casa. También se difundieron puertos de entrada recomendados y orientación sobre lo que se debía y no se debía recomendar a los clientes.

El impacto inicial que trajo la orden fue pronto sustituido por una ola consistente de resistencia y solidaridad en aeropuertos en todo el país. Las órdenes de Trump de exclusión y aislamiento ofrecieron la plataforma perfecta para la solidaridad entre abogados, activistas y organizadores de la comunidad.

La sensación de camaradería y cooperación que emanaba de esos lugares fue una fuente de inspiración y esperanza para muchos. “Lo positivo que vi mientras estuve como voluntario en el aeropuerto de Logan”, dijo Joseph Molina Flynn, abogado de inmigración radicado en Boston, “fue que no solamente había otros abogados de inmigración para ayudar, sino que algunos de mis colegas abogados que no se especializan en inmigración también pasaron para ofrecer asistencia y apoyo emocional”. Flynn fue uno de muchos abogados en ir al Aeropuerto Internacional Logan de Boston. “Las dos últimas semanas definitivamente me han permitido ver en tiempo real que la ley es una herramienta poderosa, y que lo positivo de los resultados depende de cómo se utilice”, expresó.

Ciertamente, Boston jugó un papel particularmente importante en la batalla por la legalidad de la orden: el domingo 29 de enero, dos jueces federales en la ciudad emitieron un aplazamiento temporal de secciones de la orden, el primero de muchos desafíos legales que aparecieron contra la orden. Algunos viajeros, incluido Ali Kermani, trataron de volar a Boston para aprovechar la orden de restricción temporal. “Sabía que era un riesgo”, dijo Ali, a quien al final la aerolínea le impidió abordar el vuelo a Boston, “pero pensé que si tenía una oportunidad para ver a mi padre, cualquier problema valía la pena”.

Otros abogados que se ofrecieron como voluntarios en aeropuertos se vieron afectados por el vínculo entre el apoyo legal y la acción de base directa. “Fue una sensación grandiosa y se sentía como si estuviéramos ganando. Todos eran maravillosos y dispuestos a hacer de todo”, dijo Anna N. Yeghiasarian, abogada de inmigración de Arlington, Virginia. “Te hacía sentir muy bien ver cómo las personas se unían con poca anticipación en todo el país y hasta en diferentes partes del mundo para unirse y apoyar la causa”.

A decir verdad, los defensores legales se organizaron y respondieron, en los aeropuertos y presentando recusaciones legales a la orden. El 3 de febrero, el juez de distrito James Robart en Seattle emitió un interdicto a nivel nacional que cerraba temporalmente el paso a la orden.

Para mí, como abogado de inmigración e iraní radicado en Estados Unidos, un desafío clave fue mantener mi compromiso de ofrecer asesoría legal adecuada a mis clientes y a la vez brindar consuelo a mi familia y seguir activo en mi comunidad. Mi tío y su familia estaba listos para emigrar a Estados Unidos a comienzos de febrero. Les insté a venir tan pronto como pudieran. Aterrizaron 30 minutos antes de que se firmara la orden, y e hicieron sus trámites en el Aeropuerto Internacional de San Francisco sin mayores problemas. Pero ninguno había previsto el temor y la ansiedad que rodeó su travesía y su llegada a Estados Unidos.

Antes mi familia había cruzado fronteras como refugiados, emprendimos un viaje angustioso para encontrar una vida mejor. Nunca imaginé que la tradición seguiría en mi carrera profesional, y en Estados Unidos entre todos los lugares.

El aspecto más alentador de los acontecimientos de finales de enero ha sido el clima de esperanza y solidaridad que ha surgido en medio del temor y la ansiedad. Para mí, ha sido un poderoso reconocimiento de que la ley no siempre actúa en interés de los poderosos. Los próximos cuatro años exigirán más de quienes defendemos la inclusión, tolerancia y diversidad, pero al menos para los abogados de inmigración, parece que el momento de actuar es ahora.

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