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Proyecto de ley exigiría que los usuarios egipcios de medios sociales se registren con el gobierno

Image vía Pixabay y modificada por Global Voices. De dominio público bajo licencia CC0.

Sesenta parlamentarios egipcios recientemente aprobaron un proyecto de ley sobre “las normas de uso y explotación de las redes sociales”. De ser aprobada por el Parlamento, la ley obligaría a los usuarios de los medios sociales en Egipto a registrarse con una autoridad gubernamental para utilizar los sitios web de redes sociales, entre ellos Facebook y Twitter.

La ley establecería un departamento encargado de otorgar permisos a los ciudadanos para usar los medios sociales. Los usuarios tendrían un plazo de seis meses tras la adopción de la ley para registrarse en el sitio web del departamento con sus nombres reales y los números de sus documentos de identidad estatales para poder utilizar las redes sociales. No hacerlo podría conllevar sanciones de hasta seis meses de cárcel y una multa.

El proyecto de ley de seis artículos, difundido por los medios de comunicación locales, incluidos Youm7 y Egypt Independent, define los medios sociales como “cualquier aplicación que funciona a través de internet y que se utiliza para comunicarse con otras personas a través de voz, mensajes de vídeo y textos”.

No queda claro cómo se aplicaría la ley una vez aprobada, ya que el proyecto no indica cómo podrían las autoridades egipcias imponer el registro a los usuarios o detectar a quienes no se registren, dado que actualmente el gobierno egipcio no tiene la capacidad de regular las empresas de medios sociales a este nivel. Pero el defensor del proyecto, el parlamentario Riyad Abdul Sattar, dijo a Al-Monitor que los usuarios registrados recibirán un nombre de usuario y una contraseña del ministerio de telecomunicaciones “para atravesar el cortafuegos que bloquearía Facebook”.

Esto podría significar que Egipto tiene previsto crear un cortafuegos para Facebook a nivel nacional, a través del cual podrían obligar a los egipcios a presentar su información de identidad con el fin de acceder a la red. Pero por el momento se desconoce si tales planes existen.

Los expertos locales se muestran escépticos sobre la viabilidad técnica de la propuesta. Ramy Raoof, especialista en tecnología de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), dijo a Global Voices:

I highly doubt the technical capabilities and understanding of any authority in Egypt towards tech-related matters. In my opinion, the same way they think of controlling physical public and private spaces by force is how they imagine it could be done online. If I will take them seriously, this means they are going to deploy a strong monitoring system to filter out citizens who apply for an approval or don't, and this means a crazy system to monitor people's activities and also referring them to trial. It is not realistic at all technically — but in Egypt everything is possible

Dudo mucho de la capacidad técnica y la comprensión de cualquier autoridad en Egipto en cuestiones relacionadas con la tecnología. En mi opinión, creen que pueden controlar internet del mismo modo que controlan los espacios físicos públicos y privados. Si me lo tomo en serio, esto significa que van a desplegar un sólido sistema de vigilancia para filtrar a los ciudadanos que soliciten o no su autorización, y esto supone un disparatado sistema para supervisar la actividad de la gente y también remitirlos a juicio. Técnicamente, no es realista ─pero todo es posible en Egipto.

Para convertirse en ley, el proyecto primero debe ser debatido por los comités legislativos y constitucionales del Parlamento antes de remitirse a debate en sesión plenaria. Independientemente de si su adopción y aplicación tienen éxito o no, el proyecto de ley “se ajusta a la disposición promilitar del Parlamento, que busca maximizar el control y asegurarse de que no existen narrativas diferentes”, decía Raoof.

El año pasado, el parlamentario Tamer El-Shahawy propuso un proyecto de ley contra los delitos informáticos que impondría una sentencia a cadena perpetua a los condenados por “amenazar el orden público” e “incitar a la protesta”.

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