En vísperas de las elecciones en Malí, evaluación del primer mandato del presidente Ibrahim Boubacar Keïta

El presidente de la República de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, por © Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons.

Este artículo fue escrito por Alfa Sissoko, autor invitado. El artículo ha sido editado por Global Voices para agregar precisiones y contexto.

A menos de un mes de la primera vuelta de los comicios presidenciales, el balance de Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) ocupa el centro de todas las atenciones. Tal como reconoce todo el mundo, el presidente saliente estará lejos de haber cumplido sus promesas de reconciliación con el norte de Malí y de erradicación de la corrupción.

«Una vez elegido, corrupción: tolerancia cero. Nadie estará por encima de la ley». Estas declaraciones son de IBK durante la campaña presidencial de 2013, y le juegan en contra ahora que se aproxima el escrutinio del 29 de julio de 2018, que designará a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones. Desde su elección como presidente de Malí, IBK se ha enfrentado a una lluvia de acusaciones de desvío de fondos públicos, acusaciones que ensucian su balance quinquenal. Y con razón. En cinco años en el cargo, el jefe de Estado se ha visto envuelto en diversos escándalos de derroche o desaparición de ingentes cantidades de dinero, de sobrefacturación de mercados públicos y otros conflictos de interés.

Desde 2014, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido informes al ministro de Economía y Finanzas, Bouaré Fily Sissoko, tras la adquisición de un avión presidencial por 30 millones de euros y la firma de un contrato de equipos aprobado por el Ministerio de Defensa por un total de 105 millones de euros. En realidad, no habían procedido con la licitación de los contratos. Con sospechas de un delito de sobrefacturación, la institución internacional suspendió la ayuda financiera a Malí durante varios meses. Entre otros escándalos de gasto público sospechoso que han marcado estos cinco años de IBK –como la compra de fertilizantes adulterados, de tractores por un precio exorbitante o la atribución de hogares a personas no aptas–, diversos miembros actuales y anteriores del gobierno –incluido el primer ministro Soumeylou Boubèye Maïga– deben responder aún por la desaparición de 153 mil millones de FCFA (unos 230 millones de euros) del presupuesto del Estado entre 2013 y 2014 y por el despilfarro de más de 28 mil millones de FCFA (unos 40 millones de euros) en la compra de una aeronave y de equipamiento militar.

Al respecto, Soumaïla Cissé, presidente de la Unión por la República y la Democracia y candidato designado por la principal coalición de la oposición para las elecciones presidenciales se lamentó:

Le gouvernement [a été] obligé de se séparer de ses ministres, […] mais il n’y a pas eu de sanction puisque tous ceux-ci ont été rétablis dans leurs fonctions,

El Gobierno se ha visto obligado a prescindir de sus ministros. […] pero no ha habido ninguna sanción, ya que todos han sido devueltos a sus puestos,

Es más, algunos ministros han encontrado puestos aún más prestigiosos, incluso hay dos que están en puestos de carácter internacional. A fin de cuentas, les han hecho salir por una puerta y volver por otra.

El candidato que no logró ser elegido en los sufragios de 2002 y 2013 no es el único en denunciar las generosidades financieras de IBK en perjuicio del pueblo. De la misma manera, Tiébilé Dramé, el otro oponente, acusa al jefe de Estado de haber dilapidado los recursos presupuestarios públicos en adquisiciones de material para el Ejército, material que no ha logrado disminuir la violencia yihadista en el norte del país.

Fracaso de la lucha antiyihadista

En referencia a los más de 1,230 millones de FCFA (1,875 millones de euros) asignados por la ley quinquenal de programación militar, aprobada en 2015, el exministro Tiébilé Dramé, actual presidente del Partido por el Resurgimiento Nacional (PARENA), destacó:

D’importants moyens auraient été acquis pour mettre nos forces en état d’accomplir leur mission. […] Malheureusement pour les Maliens, plus le président et ses ministres parlent de nouvelles acquisitions de moyens de défense, plus l’insécurité augmente. Les Maliens ont le droit de s’interroger sur la vraie destination des centaines de milliards votés par l’Assemblée nationale pour mettre l’armée dans les conditions [de faire face à la menace djihadiste].

Se han adquirido medios importantes supuestamente para hacer que nuestras fuerzas cumplan su misión. […] Por desgracia para los malienses, cuanto más hablan el presidente y los ministros de nuevas adquisiciones de material de defensa, más aumenta la inseguridad. Los malienses tienen derecho a preguntarse por el destino real de centenares de miles de millones aprobados por la Asamblea Nacional para acondicionar el Ejército [para hacer frente a la amenaza yihadista].

Tiébilé Dramé recuerda otras adquisiciones dudosas de Malí: seis aviones de combate a una empresa brasileña, de los que solamente habría entregado cuatro, y de dos helicópteros, uno pagado en efectivo.

El periodista Frédéric Ploquin señala a su vez acusaciones aún más alarmantes que indican que IBK mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con el inquietante empresario francés Michel Tomi, apodado «Emperador de África Francófona«. Ese al que «las más altas autoridades del Estado tratan de «señor», pese a estar sometido a diversas investigaciones policiales habría ejercido un papel de intermediario en varios contratos firmados con Malí.

La relación «fraternal» de IBK con Michel Tomi arroja luces a la opacidad de las acciones del presidente maliense. Por sui parte, los ciudadanos siguen temiendo por su seguridad, pues no se ha conseguido recuperar por completo el control del territorio. Pese a la intervención de Francia en enero de 2013 y la firma de un acuerdo de paz en junio de 2015, zonas enteras en el norte del país siguen bajo el yugo de los terroristas.

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