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Los “delitos solidarios” se multiplican en Europa mientras se juzga a 11 personas en Bélgica por ayudar a migrantes

“La solidaridad no es un delito”. El juicio celebrado el 6 de septiembre de 2018 contra 11 personas que ayudaron a migrantes en Bélgica atrajo a numerosos manifestantes. Foto: Melissa Vida, utilizada con autorización.

Once personas que fueron arrestadas en Bélgica y acusadas de tráfico de personas en octubre de 2017 comparecieron ante el juez el 6 de septiembre, en la primera de las vistas de un juicio que los activistas consideran otro caso de “penalización de la solidaridad” en Europa.

Los acusados supuestamente ayudaron a 95 migrantes indocumentados, incluidos 12 menores, a viajar de Bélgica al Reino Unido en 2017, ya sea acogiéndos en su casa o prestándoles teléfonos, con lo que los ayudaron indirectamente a cruzar el canal.

El día del juicio, 300 personas protestaron ante los juzgados. Los manifestantes consideran este proceso un juicio político que establece un precedente judicial intimidatorio con el fin de disuadir a qjuien tenga intención de ayudar a inmigrantes.

Los acusados son dos periodistas belgas, un trabajador social belga-marroquí, un tunecino con residencia legal en Bélgica y siete migrantes indocumentados. Ocho de los acusados están en la cárcel desde su detención.

La ley belga estipula que debe existir una transacción monetaria para que un acto se pueda calificar como tráfico humano, algo que los acusados niegan que se haya producido. No obstante, la relación entre los migrantes y las personas que les ayudaron parece estar en un limbo jurídico, lo que hace temer que las autoridades están extendiendo injustamente el alcance de la legislación para perseguir a activistas.

Myriam Berghe, una de las dos periodistas, afirmó en una entrevista con la RTBF (televisión pública belga) que había recibido dinero a nombre de un migrante que alojaba en su casa. A este migrante le habían enviado dinero desde el extranjero por medio de Western Union, dijo Berghe, pero no podía recogerlo por no tener documentos. Lo que para Berghe es un simple acto amable, a los ojos de las autoridades fue un pago por el tráfico humano.

En la misma entrevista, explicó que si bien algunas personas que ha acogido eran traficantes, no los consideraba “traficantes de personas”:

Oui, j’ai hébergé des passeurs. Mais il faut voir de quelle réalité on parle. Les douze personnes interpellées dans ce dossier n’ont rien à voir avec ce que le droit appelle des “trafiquants d’êtres humains”. Ce sont des jeunes paumés qui essaient de survivre en devenant de petits passeurs, le temps de se payer eux-mêmes un passage.

Sí, he acogido traficantes. Pero hay que entender de qué realidad hablamos. Las doce personas encausadas en este caso no tienen nada que ver con lo que llamamos “traficantes de seres humanos”. Son jóvenes extraviados que intentan sobrevivir y se convirtien en traficantes a pequeña escala hasta que ahorran lo suficiente para pagarse su propio pasaje.

Berghe y Anouk Van Gestel, la otra periodista, han escrito una carta abierta a Charles Michel, primer ministro belga. En este extracto expresan su consternación por el estado actual de la democracia en Bélgica:

Est-il acceptable que, dans un pays qui se dit être une démocratie, deux citoyennes se retrouvent inculpées d'association criminelle et de trafic d'êtres humains avec la circonstance aggravante qu'il s'agit de mineurs, parce qu'elles ont ouvert leur porte à des personnes en état de détresse absolue?

¿Es aceptable que, en un país que se considera una democracia, dos ciudadanas se vean inculpadas de asociación criminal y de tráfico de seres humanos, con la circunstancia agravante de que se trata de menores, solo porque han abierto sus puertas a personas en estado de absoluta desesperación?

El día del juicio, Selma Benkhelifa, una de las abogadas de la defensa, recordó que el ministro de Interior, Jan Jambon, culpó de la ocupación del parque Maximilien, donde viven cientos de migrantes en Bruselas, a la gente que los ayudó. Benkhelifa afirmó:

C’est un procès éminemment politique. Jan Jambon a déclaré que la situation au parc Maximilien était la responsabilité des hébergeurs. On entend d’abord ces déclarations très provocantes et derrière on constate effectivement des poursuites qui vont dans ce sens.

Es un proceso eminentemente político. Jan Jambon declaró que la situación del parque Maximilien era responsabilidad de quienes acogieron a los migrantes. Primero escuchamos estas declaraciones provocadoras y acto seguido constatamos efectivamente acciones judiciales en este sentido.

Esta es solo la última de las actuaciones en materia de políticas de control fronterizo que han tenido un profundo impacto en la política europea en los últimos años.

En Bruselas, 10 000 personas se manifestaron en febrero contra las políticas antiinmigratorias del Gobierno. En mayo, la muerte de un niño kurdo de cuatro años, solicitante de asilo, a manos de la policía belga causó un enorme escándalo. Más recientemente, la reapertura por parte del Gobierno de un centro de detención para familias indocumentadas también ha provocado las críticas de trabajadores de derechos humanos.

En otros países europeos también se ha juzgado a personas que han ayudado a migrantes indocumentados.

En Francia, prestar ayuda a migrantes indocumentados fue ilegal hasta junio de 2018. En Italia se investiga a una ONG española que auxilia a embarcaciones de migrantes en riesgo de naufragio, mientras que en Suiza, las autoridades impusieron una multa de 1112 euros (1300 dólares estadounidenses) a un pastor por dar albergue en su iglesia a un migrante indocumentado de Togo.

En España, Helena Maleno, activista de derechos humanos e investigadora, fue acusada de tráfico de seres humanos tras auxiliar a varias lanchas neumáticas llenas de emigrantes en el Mediterráneo. Maleno dice que actualmente hay 45 causas abiertas en distintos tribunales europeos contra personas acusadas de diversos delitos por ayudar a emigrantes indocumentados. La propia Maleno sigue bajo investigación de las autoridades marroquíes.

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