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Corte de Justicia del Caribe vuelve a perder — esta vez con apatía y desconfianza de los electores

Cartel en la sede central de la Corte de Justicia del Caribe en Puerto España, capital de Trinidad. Foto de Gerrard Gomez, usada con autorización.

Granada y las dos islas que conforman Antigua y Barbuda llevaron a cabo un importante referendo sobre la elección de adoptar a la Corte de Justicia del Caribe (CCJ) como su instancia final de apelaciones —que requiere una reforma constitucional— o conservar el actual Comité Judicial de Conocimiento, la instancia final de apelaciones de los territorios de ultramar y dependencias de la Corona británica (y otros países de la Comunidad de Naciones).

En ambos países, la asistencia de electores fue baja, pero la mayoría de votantes rechazó la Corte de Justicia del Caribe. La comisión electoral de Antigua y Barbuda publicó los resultados oficiales en línea: 48 % a favor de la CCJ. En Granada, donde votó el 28 % de electores hábiles, el apoyo a la CCJ fue apenas superior al 45 %.

Es la segunda vez en dos años que Granada somete este asunto a votación, con el mismo resultado.

LA CCJ se estableció por medio de un acuerdo suscrito por 12 países miembros de la Comuinidad del Caribe (CARICOM) y se instaló oficialmente en 2005. Funciona como tribunal que interpreta el Tratado Revisado de Chaguaramas que rige el CARICOM.

Aunque su sede está en Trinidad y Tobago, puede funcionar en cualquier país miembro de CARICOM. Sin embargo, ha logrado poco impulso como instancia final de apelaciones en los países caribeños angloparlantes. Solamente cuatro territorios del CARICOM —Barbados, Belice, Dominica y Guyana (apenas un tercio de los países firmantes originales)— usan a la CCJ como su instancia final de apelaciones en asuntos civiles y penales.

Los medios señalaron a la ineficiente campaña de instrucción pública de la CCJ como un factor detrás de la deslucida respuesta, aunque la corte ha impulsado su presencia en medios sociales y ahora transmite las audiencias en vivo al público.

Por su parte, se acusó al Comité Nacional de Coordinación para la Corte de Justicia del Caribe de Antigua y Barbuda de realizar una campaña de instrucción unilateral en favor de la CCJ. Luego admitió: “El pueblo ha hablado”. Como otros, sir Dennis Byron, expresidente de la CCJ, admitió que era necesaria una mayor instrucción al público y mayor participación de la sociedad civil.

La política local puede haber afectado negativamente los referendos: ambos países tuvieron elecciones generales con semanas de diferencia en marzo de 2018, y en ambos casos, las autoridades fueron reelectas.

En Granada, donde el partido del primer ministro, Keith Mitchell, obtuvo una vlctoria por tercera vez, el partido opositor no logró escaños en la Cámara de Representantes. Mitchell dijo que no pensará en otro referendo sobre el asunto, lo que dejó a la oposición “entristecida y deprimida”.

En Antigua y Barbuda, donde concurrió a votar el 33.5 % del electorado, el primer ministro, Gaston Browne, expresó su “gran decepción” por la victoria del “no”, mientras se lanzaba dardos mutuos con el líder opositor por los resultados del referendo.

La propia CCJ buscó darle un giro positivo a los resultados, y expresó que “sigue comprometida con la región”. El tercer presidente de la corte, el juez Adrian Saunders de San Vicente y las Granadinas, expresó en un comunicado el 7 de noviembre:

While the news is not what we hoped for, we respect the people of both nations and their decision. The court will naturally continue ongoing initiatives with justice sector bodies in each of these countries, and the wider Caribbean…”

Aunque no es la noticia que estábamos esperando, respetamos al pueblo de ambos países y su decisión. La corte continuará las iniciativa en curso con entidades del sector justicia en ambos países y en el Caribe…”.

En Jamaica, la respuesta ha sido variada. El abogado Mark Wignall respondió a una pregunta planteada en Facebook sobre cuáles serían los resultados si los jamaicanos votaban para reemplazar el Consejo de Conocimiento británico por la Corte de Justicia del Caribe:

At this moment, I would vote against the CCJ. Why? We tend to believe the regional judiciary is free from corruption and is incorruptible. Big laugh. Judges in the region know each other and must at times, exchange social and political views with each other. They form factions with each other. Scary! The Privy Council is far away and it has nothing invested in us, one way or the other in regional matters. In that understanding I trust the outsider [Privy Council], not because they are better jurists than our people, but because dem way ova dey so [they are way over there].

En este momento, votaría contra la CCJ. ¿Por qué? Tendemos a creer que el Poder Judicial de la región está libre de corrupción y que es incorruptible. Qué risa. Los jueces en la región se conocen y a veces deben intercambiar opiniones sociales y políticas entre ellos. Forman facciones entre ellos. ¡Qué miedo! El Consejo de Conocimiento está lejos y no tiene nada invertido en nosotros, de un modo u otro en asuntos regionales. Entendiendo eso, confío en el foránea [Consejo de Conocimiento], no porque sean mejores juristas que los nuestros, sino porque están muy lejos.

Bert Samuels, abogado de derechos humanos jamaicano, apoya la CCJ y reconoció la amplia falta de contfianza y la percepción de interferencia política y amiguismo en comentarios a una estación de radio local. Agregó que “hay mucho trabajo por hacer” antes de que se pueda convencer al Caribe de abandonar el Consejo de Conocimiento, al que llamó “corte colonial”. Clyde Williams, otro abogado que habló claro, expresó en una conversación con una estación de radio jamaicana que la CCJ es un “asunto emotivo”:

People do not trust the power institutions, the hierarchies in the region. People think that persons can pick up their phones and call judges and have judges make decisions to favour them…right across the region, people are concerned that the courts are being impacted upon through persons with power, prestige and wealth – and that's not going to change for a long time to come.

El pueblo no confía en las instituciones de poder, las jerarquías en la región. El pueblo cree que las personas pueden tomar su teléfono y llamar a los jueces y hacer que los jueces tomen decisiones para favorecerlos… en toda la región, a la gente le preocupa el impacto que tienen las personas con poder, prestigio y riqueza en las cortes —y eso no va a cambiar en mucho tiempo

De otro lado, los académicos británicos y su fraternidad legal han expresado su fe en el sistema judicial caribeño. Una joven abogada publicó en Twitter:

Corte de Justicia del Caribe: ¿modelo para cortes internacionales?
A cinco años de su inicio, la CCJ ha recibido elogios por su proceso de elección de jueces independientes y muy calificados
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En un libro escrito por profesores del Colegio Universitario de Londres que analiza cómo se eligen los jueces para las cortes internacionales, se elogia a la CCJ por su proceso de selección de jueces independientes y altamente calificados.

Otro abogado contestó:

El presidente de la CCJ está perplejo de que los caribeños sigan encontrando “excusas” para apoyar al Consejo de Conocimiento.
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El presidente de la CCJ está perplejo de que los caribeños sigan encontrando “excusas” para apoyar al Consejo de Conocimiento. ¡Pero puede haber una justificación! Para empezar, ¡demasiada interferencia política!

Aun así, la CCJ tiene activa presencia regional. La Academia de Derecho de la corte llevará a cabo su quinta conferencia bienal en Jamaica en diciembre de 2018. La CCJ también planea continuar colaborando con proyectos de reforma de justicia, como la Corte Modelo de Delitos Sexuales con el Proyecto JURIST, financiado por Canadá, que se realizará en la Corte Suprema de Antigua y Barbuda en 2019.

Actualmente, la CCJ delibera algunos casos significativos, como la apelación de cuatro mujeres transgénero que han recibido condenas por ser hombres con ropa femenina en público para un “objetivo impropro” — un delito en Guyana.

En algunas partes del Caribe angloparlante, las personas parecen tranquilas con la situación —independientemente de los deseos de sus líderes políticos. Mientras los abogados en la región debate ventajas y desventajas, el concepto de un corte regional de apelaciones no parece resonar.

A menos que las normas regionales en torno a la corrupción cambien drásticamente, una corte regional de apelaciones no parece probable en el futuro cercano.

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