¿Nueva legislación protegerá derechos digitales de los ciudadanos en República Democrática del Congo?

Vista del centro de Kinshasa, capital de la Republica Democrática del Congo. Foto: MONUSCO/Myriam Asmani (CC BY-SA 2.0).

Este artículo es parte de UPROAR, iniciativa de Small Media que insta a los Gobiernos a abordar los retos de los derechos digitales en el Examen Periódico Universal (EPU).

En el este de la Republica Democrática del Congo, donde el conflicto armado ha asolado la región durante décadas, los grupos armados suelen usar el secuestro para asegurarse rescates en su pugna por el poder en la región.

Según LUCHA, movimiento ciudadano no violenta y no partidario, los secuestradores han usado redes de telecomunicaciones para intimidar a las familias de las víctimas, exigir y recibir rescates por medio de servicios de dinero móvil.

LUCHA ha lanzado una campaña en todo el país para recuperar derechos digitales violado por estas empresas de telecomunicaciones. El grupo quiere que estas empresas “cooperen con los servicios de seguridad a geolocalizar a los secuestradores y encontrar a sus colaboradores para reducir la inseguridad…”, según RFI.

Desde marzo de 2019, LUCHA ha realizado manifestaciones pacíficas frente a las oficinas de telecomunicaciones para exigir servicios de mejor calidad y más cooperación con la seguridad. dijo Espoir Ngalukiye, integrante de LUCHA, a Global Voices.

Ahora, un movimiento ciudadano está en curso para recuperar los derechos digitales que han sido violado durante años en virtud de una ley marco imprecisa y anticuada de 2002 relacionada con el correo y las telecomunicaciones que sigue rigiendo al sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

La ley no aborda adecuadamente las violaciones de derechos humanos o la impunidad para quienes violan esos derechos. Es más, la ley permite que el Gobierno viole los derechos digitales de los usuarios. Las autoridades han usado antes la ley para justificar la interrupción al acceso de redes y plataformas de medios sociales.

Según el artículo 45 de la ley, las autoridades tienen la facultad de prohibir “parcial o totalmente y por un periodo que determina, el uso de la instalación de telecomunicaciones’’ por razones de seguridad pública y defensa nacional. El Gobierno también tiene la facultad de confiscar instalaciones de telecomunicaciones, de acuerdo con la misma ley.

La mala calidad de los servicios digitales y que no existan marcos legales adaptados en el país han llevado a múltiples violaciones a los derechos de libertad de expresión privacidad.

Pedido de rendición de cuentas de empresas de telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones han enfrentado crecientes críticas por la calidad y precio de sus servicios. En respuesta, LUCHA lanzó una campaña para pedir precios más bajos en 2019 y la volvió a lanzar en 2020.

Un año después del lanzamiento de nuestra campaña para pedir mejor servicio a los clientes y precios justos a las empresas de telecomunicaciones, considerando que no se cumplieron los compromisos y los de Organismo Regulador de Correos y Telecomunicaciones del Congo reiniciamos la presión desde el lunes 16 de marzo.

Hartos de los malos servicios digitales, los ciudadanos han empezado a expresar su indignación hacia las empresas de telecomunicaciones y algunos han amenazado tomar acciones legales.

El 3 de julio, un ciudadano acusó explícitamente a Orange DRC, subsidiaria de la multinacional del grupo de telecomunicaciones francés Orange, de infringir sus derecho a comunicarse y expresarse pues lo priva de la posibilidad de usar paquetes de datos que ya había activado.

Se reclama un derecho.

He demandado a Orange RDC de sus abusos antes de recurrir a la justicia. Ayer, pasé por lo peor como algunos suscriptores en Kisangani.

Mi carta… 👇🏾

Pero muchas de estas quejas no llevaron a condenas porque la ley era demasiado imprecisa para ofrecer pautas para este tipo de violaciones.

¿Nueva legislación protegería los derechos de los congoleses?

Por su parte, un proyecto iniciado por el Gobierno sigue esperando la promulgación del presidente, Félix Tshisekedi.

El 19 de febrero, en una transmisión del programa “Palabra a los oyentes” en Radio OKAPI, estación de radio de Naciones Unidas, el profesor Kodjo Ndukuma, experto digital, anunció que “en abril de 2017, el Gobierno presentó un proyecto de ley relacionado con las empresas de telecomunicaciones”.

El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional el 7 de mayo de , 2018, y “adoptado definitivamente” el 22 de noviembre de 2018.

El 7 de febrero, el honorable diputado nacional Tony Mwaba también presentó un proyecto de ley ‘sobre ciberseguridad y ciberdelito”. No brinda detalles adicionales sobre el contenido del proyecto.

Este viernes, 7 de febrero de 2020, presenté un proyecto de ley de ciberseguridad y ciberdelito en la oficina de la Asamblea Nacional. Espero llenar el vacío legal que este sector muestra en la Republica Democrática del Congo.

Lo que sigue sin estar claro es si estos proyectos de ley, de promulgarse, protegerán de alguna manera los derechos de los usuarios de la Republica Democrática del Congo. Estos proyectos no se han puesto a disposición del público.

Una presión para ser ‘proactivo’

Durante la transmisión de “Palabra a los oyentes”, algunos oyentes alentaron y felicitaron al Gobierno y los parlamentarios por tener una cultura “previsora” que que está al tanto de los incidentes relacionados con violaciones de derechos humanos en línea.

Pero otros ciudadanos congoleños estaban escépticos sobre la aplicabilidad de estas leyes. Un oyente llamó y dijo:

Ensuring citizens’ rights in the virtual space would require the government to have the necessary budget, staff and infrastructure to do even documentation or surveillance.

Asegurar los derechos ciudadanos en el espacio virtual requeriría que el Gobierno tenga el presupuesto, personal e infraestructura necesarios para hacer hasta documentación o vigilancia.

En tanto existan marcos legales poco claros y cambiantes para proteger los derechos humanos en el espacio digital, continuarán las violaciones a los derechos de libertad de expresión y privacidad. Los ciudadanos también seguirán temiendo reclamar sus derechos porque no hay garantía de que estas leyes estén designadas para protegerlos en los espacios digitales.

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