El 2 de marzo, el Gobierno de Sri Lanka anunció que permitiría el entierro de las víctimas de COVID-19 de comunidades cristianas y musulmanas en un solo lugar: la isla «poco poblada» de Iranaitivu en el golfo de Mannar, a 300 km de la capital, Colombo.
La decisión se tomó después de que, el 26 de febrero, el país levantó una prohibición de 11 meses de enterrar a las víctimas de COVID-19. La prohibición había estado vigente en parte bajo la premisa de que enterrar a los muertos por esa enfermedad podía provocar una contaminación de las aguas subterráneas, pero eran contrarias a las prácticas religiosas de las minorías musulmana y cristiana del país, mayoríaramente budista.
Sin embargo, los isleños de Iranaitivu, donde viven unas 360 familias, protestaron contra la decisión del Gobierno de convertir la isla en un sitio funerario. Muchos afirmaron que crearía una división en la solidaridad entre la etnia tamil y las comunidades musulmanas. El Gobierno ignoró las áreas sugeridas por la comunidad musulmana, y en cambio efigió una zona tamil, que aún resiente los efectos de la larga ocupación militar y de la guerra civil de Sri Lanka.
El doctor Kumaravadivel Guruparan, exprofesor de derecho de la Universidad de Jaffna, tuiteó en acuerdo:
Correct. The intention is to divide the new found solidarity between the Tamil and Muslim communities on the very same issue that brought them together. https://t.co/iLQDwOlLds
— K. Guruparan (@rkguruparan) March 2, 2021
La misma isla que fue reclamada en 2017 por la comunidad tamil de Iranaitivu tras 25 años de ocupación de la Armada.
«Ingeniosa» estrategia del gobierno de Sri Lanka para hacer que las comunidades minoritarias se enfrenten entre sí mientras se lavan las manos con el tema de la cremación forzada.
¡Nueva caída para el Gobierno de Sri Lanka!
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Es correcto. La intención es dividir la nueva solidaridad encontrada entre las comunidades tamil y musulmana en el mismo tema que las unió.
El 5 de marzo, el ministro de Pesca, Douglas Devananda, se expresó a favor de los isleños, afirmó que la isla de Iranaitivu no era adecuada para el entierro de víctimas de COVID-19. Tres días más tarde, confirmó que el Gobierno había suspendido la decisión de enterrar a las víctimas en la pequeña isla gemela.
El 8 de marzo, las autoridades del Gobierno declararon que ya no consideraban Iranaitivu como sitio funerario, y empezaron a enterrar a las víctimas de COVID-19 en Oddamavadi, ciudad del distrito Batticaloa en la Provincia Oriental de Sri Lanka.
¿Por qué protestaron los habitantes de Iranaitivu?
Iranaitivu (o Iranaitheevu) en realidad es una doble isla y sus partes norte y sur (respectivamente Periyathivu y Sinnathivu) están unidas por un pequeño trozo de tierra. Durante los 30 años que duró la guerra civil de Sri Lanka (1982-2009), la isla, habitada en su mayoría por una comunidad de pescadores tamiles, estuvo dentro de la zona de conflicto militar. En 1992, se instaló allí una base naval y los isleños fueros reubicados y obligados a abandonar sus hogares y su ganado.
En 2018, un grupo de unos 300 exisleños formado en su mayoría por mujeres, acompañados por sacerdotes católicos, pescadores, periodistas locales y activistas de derechos civiles llegaron a la isla con una flota de 40 barcos pesqueros para volver a vivir allí, pero los bloqueó la Marina. Sin embargo, al cabo de un mes, el Gobierno permitió quedarse a los exhabitantes, incluso a quienes no tenían títulos de propiedad. Durante los años siguientes, el Gobierno y la Marina comenzaron a reconstruir algunas infraestructuras para la población.
Los lugareños plantearon varias preocupaciones en su protesta contra la decisión de utilizar la isla como sitio de entierro.
El portal de periodismo ciudadano Groundviews tuiteó:
The people of #Iranaitivu appeal to the Govt to withdraw the decision to bury Covid-19 victims on the island. They state this would destroy the land which they rely on for cultivation & cattle breeding and raise concerns over transporting infected bodies 20km across the sea. #lka pic.twitter.com/B6YTkmOW8H
— Groundviews (@groundviews) March 3, 2021
Las víctimas COVID serán enterradas en la isla Iranaitivu, tierra ocupada por militares donde viven 350 familias que siguen esperando regresar. El Gobierno de Sri Lanka planea entierros mientras se han ignorado los pedidos y protestas de estas familias desplazadas durante casi 30 años.
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Los habitantes de Iranaitivu piden al Gobierno que retire la decisión de enterrar a las víctimas de COVID-19 en la isla. Afirman que esto destruiría la tierra de la que dependen para el cultivo y la cría de ganado, y plantean su preocupación por el transporte de los cuerpos infectados 20 km a través del mar.
Los aldeanos continuaron con sus protestas incluso mientras la Marina comenzó a cavar las tumbas.
Following the govt circular, Navy personnel dug new grave patches on #Iranaitivu island. The villagers landed on the island at midnight & rang the church bell in protest. They continue to stay in temporary huts without basic needs protesting Covid19 burials. #lka #srilanka pic.twitter.com/lopb1lkFgv
— Groundviews (@groundviews) March 5, 2021
Siguiendo la circular del Gobierno, el personal de la Marina cavó nuevas tumbas en la isla de Iranaitivu. Los aldeanos desembarcaron en la isla a medianoche y tocaron la campana de la iglesia en protesta. Siguen en cabañas temporales sin las necesidades básicas en protesta por los entierros de COVID-19.
Mari tuiteó:
Graves dug in #Iranaitivu by #lka #Navy to bury victims of COVID-19, are being closed up by local villagers today, in protest of the Govt. decision to bury COVID victims on the island. pic.twitter.com/LQd2cpZtyI
— Mari (@EmDeeS11) March 2, 2021
Hoy, los aldeanos locales están cerrando las tumbas cavadas en Iranaitivu por el Gobierno de Sri Lanka y la Marina para enterrar a las víctimas de COVID-19, en señal de protesta contra la decisión del Gobierno.
Se impidió la visita de periodistas y activistas a la isla durante las protestas.
Ambika Satkunanathan, excomisario de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, preguntó:
1) Why were journalists & civil society activist prevented form visiting Iranaitheevu? 2) What is legal basis upon which they were prevented? 3) How was Capital TV able to visit though other journalists were prevented from visiting? Watch video from 4.15 https://t.co/zo66Zr5fab https://t.co/G0b8qqlNpk
— Ambika Satkunanathan (@ambikasat) March 5, 2021
Ahora, la Marina de Sri Lanka en Iranaimathanagar nos impide a mí y a los periodistas visitar la isla de Iranaitheevu pese a las peticiones de los lugareños de un sacerdote para que visitemos. No se ha presentado ningún aviso oficial ni reglamento. Estamos esperando…
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1) ¿Por qué se impidió aperiodistas y activistas de la sociedad civil visitar Iranaitivu? 2) ¿Cuál es la base legal por la que se impidió? 3) ¿Cómo pudo Capital TV visitar el lugar aunque a otros periodistas se les impidió ir? Ver video a partir del minuto 4:15.
Ruki Fernando, activista de derechos humanos, visitó la isla el 9 de marzo y tuiteó:
Happy to visit #Iranaitheevu today & join residents in protest (day7) against using the island as a graveyard for COVID dead. «We will jump into holes dug to bury COVID dead bodies» said some women. They await official notification COVID dead will not be buried in the island pic.twitter.com/77lHz7eISr
— Ruki Fernando (@rukitweets) March 9, 2021
Feliz de visitar Iranaitivu hoy y unirme a los habitantes en la protesta (día 7) contra el uso de la isla como cementerio para los muertos de COVID-19. «Saltaremos a las tumbas cavadas para enterrar a los cadáveres de COVID», dijeron algunas mujeres. Esperan la notificación oficial de que los muertos de COVID no serán enterrados en la isla.
Además, Fernando destacó la falta de desarrollo de infraestructuras básicas en la isla de los sucesivos gobiernos en un reportaje fotográfico publicado en Groundviews.
Prohibición de entierros
Pese a la oposición de la comunidad musulmana (el 10 % de la población), Sri Lanka enmendó la Ordenanza de Cuarentena y Prevención de Enfermedades en abril de 2020, para hacer obligatoria la cremación de los fallecidos por COVID-19. Algunos funcionarios sanitarios mencionaron que el temor a la contaminación del agua subterránea estaba detrás de la decisión. Líderes de las comunidades musulmanas y de la sociedad civil señalaron que el islam prohíbe la cremación y que la decisión viola las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las muertes de COVID-19 que permiten la cremación y los entierros.
En enero de 2021, Kenneth Roth, director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos, tuiteó:
Sri Lanka's requirement to cremate anyone who dies from Covid-19 goes against public health guidelines and discriminates against the Muslim community, whose tradition requires burial. @WHO guidelines dispute the government's claim of a health threat. https://t.co/P20CyGtrka pic.twitter.com/I1vTtRYVu4
— Kenneth Roth (@KenRoth) January 18, 2021
La exigencia de Sri Lanka de incinerar a todo fallecido por COVID-19 va en contra de las directrices de salud pública y discrimina a la comunidad musulmana, cuya tradición exige el entierro. Las directrices de la OMS rebaten la afirmación del Gobierno de que existe una amenaza para la salud.
Hubo numerosas protestas en línea y fuera de línea en el país que exigían que se permitieran los entierros. La bloguera Amalini De Sayrah tuiteó sobre una protesta en diciembre de 2020.
THREAD: Today a group of 30 people—masked and distancing as best as possible—tied white cloths on the gate of the Borella Kanatte crematorium, asking GoSL to #StopForcedCremations and in solidarity with Muslim families whose loved ones were forcibly cremated. #lka #srilanka pic.twitter.com/kOk8DI84hi
— Amalini (@Amaliniii) December 21, 2020
HILO: Hoy, un grupo de 30 personas, con mascarillas y distanciadas lo mejor posible, ataron paños blancos en la puerta del crematorio de Borella Kanatte, para pedir al gobierno de Sri Lanka que detenga las cremaciones forzosas y en solidaridad con las familias musulmanas cuyos seres queridos fueron cremados a la fuerza.
Tras meses de presión por parte de las comunidades locales e internacionales y de Naciones Unidas, el Gobierno revocó la controvertida ley el 25 de febrero. Amnistía Internacional dijo en una declaración:
«The decision (reversing the burial ban) is a testament to the tireless struggle of families of victims, activists, and members of the Muslim community.»
La decisión (de revocar la prohibición de los entierros) da fe de la incasable lucha de las familias de las víctimas, activistas y miembros de la comunidad musulmana.
En Sri Lanka, más de 500 personas han muerto por COVID-19 hasta ahora, de las cuales unas 300 pertenecían a comunidades minoritarias.