Nuevo informe detalla graves violaciones del derecho humanitario en segunda guerra de Nagorno-Karabaj

Captura de pantalla del informe “Cuando las brasas se convierten en llamas“.

Este artículo se publicó en OC Media. Se reproduce una versión editada en virtud de un acuerdo para compartir contenido.

Un nuevo informe publicado por IPHR/Truth Hounds ha detallado grandes violaciones del derecho humanitario internacional por parte de las fuerzas armenias y azerbaiyanas durante la segunda guerra de Nagorno-Karabakj. Las violaciones también citaron bombardeos, muertes extrajudiciales y tortura.

En sus más de cien páginas, el informe ha verificado independientemente 46 bombardeos de civiles y de infraestructura civil. De ese total, sostiene que 32 incidentes califican como “ataques indiscriminados o desproporcionados contra civiles”, y violaciones al derecho humanitario internacional.

También detalla siete ejecuciones extrajudiciales, al menos una desaparición forzada por parte de las fuerzas azerbaiyanas, la muerte de un civil en cautiverio azerbaiyano “como resultado de las condiciones de su detención” y lo que parecen ser dos ejecuciones extrajudiciales de soldados azerbaiyanos por parte de fuerzas armenias.

La Asociación Internacional para los Derechos Humanos (IPHR) es una ONG de derechos humanos independiente con sede en Bruselas. Truth Hounds es una organización de derechos humanos con sede en Kiev que documenta crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la guerra.

Bombardeos de fuerzas azerbaiyanas

Según el informe, las fuerzas azerbaiyanas usaron “inherentemente armas indiscriminadas, como municiones de racimo” y emprendieron “bombardeos indiscriminados o desproporcionados” en todo Nagorno-Karabaj, en las ciudades de Stepanakert (Khankandi), Martakert (Agdere) y Martuni (Khojavend).

Los ataques investigados resultaron en 20 civiles muertos y “numeroso heridos y gran destrucción de casas, tienda y otra infraestructura civil”.

En Stepanakert, capital de Nagorno-Karabaj, la investigación de IPHR/Truth Hounds halló que solo un “potencial blanco militar”, un edificio que “sirve como cuartel general para civiles y líderes militares” de Nagorno-Karabaj. Se halló que los ataques con “armas inherentemente indiscriminados” contra infraestructura usados por civiles y militares, como la subestación eléctrica de Stepanakert y equipo de telecomunicaciones fueron “desproporcionados a la posible ventaja militar que busca” y de haber causado “gran daño a civiles y excesivo daño a infraestructura civil”.

Además, la investigación halló que de no haber sido por los “muchos refugios antibombas” ien Stepanakert, “hubiera habido muchas más bajas civiles”.

En Martakert, el informe señala que solo un blanco militar legítimo, una base militar, se ubicaba dentro de la ciudad, y “había quedado muy dañada y casi abandonada tras la primera semana de conflicto”. Como resultado, los ataques contra la ciudad “con artillería inherentemente indiscriminada y no guiada, y bombas aéreas” entre septiembre y octubre no se podían justificar según el derecho humanitario internacional.

En Martuni, los investigadores hallaron que en la mayor parte de la guerra, el “blanco militar legitimo más cercano” estaba apenas a un kilómetro del límite de la ciudad, y que no había blancos dentro de Martuni hasta los días finales del conflicto, cuando Martuni se había convertido en primera línea y las “fuerzas armenias/Nagorno-Karabaj habían avanzado”.

Como resultado, continúa el informe, “los repetidos ataques de artillería no guiada contra Martuni/Khojavend a finales de septiembre y a lo largo de octubre de 2020, fueron “indiscriminados” y una violación del derecho internacional humanitario.

Bombardeos de las fuerzas armenias

IPHR/Truth Hounds también verificó 13 ataques contra civiles azerbaiyanos por parte de las fuerzas armenias durante la guerra, que causaron 80 muertes de civiles. Según el informe, nueve de los incidentes fueron “ataques indiscriminados o desproporcionados” que violaron el derecho internacional humanitario. El informe verificó ataques en las ciudades de Ganja, Barda y Terter, entre otras.

En Ganja, los investigadores verificaron tres ataques contra la ciudad; en dos se usaron misiles SCUD. Los ataques mataron a civiles, destruyeron viviendas y, según los investigadores, constituyeron una “violación flagrante” del derecho internacional humanitario. Los investigadores descubrieron que en los tres casos no había objetivos militares legítimos en las zonas atacadas. El único objetivo militar legítimo, el aeropuerto de la ciudad de Ganja, está “fuera de la zona urbana atacada”. Otras pruebas reunidas por los investigadores parecen demostrar que uno de los ataques contra Ganja se lanzó desde el municipio de Vardenis, en la República de Armenia.

Los investigadores también verificaron un ataque con munición de racimo y ojivas de fragmentación en la ciudad de Barda el 28 de octubre de las fuerzas armenias. El ataque causó la muerte de 24 civiles, el mayor número de víctimas civiles diarias durante todo el conflicto. Según los investigadores, “no había objetivos militares cercanos, y no se informó de víctimas o daños militares”.

En la ciudad de Terter y las aldeas aledañas, el informe verificó “muertes de civiles, diversos heridos civiles y la destrucción total o parcial de viviendas civiles, tiendas y una escuela” como resultado del “fuego sostenido” de las fuerzas armenias. Según los investigadores, “no había objetivos militares legítimos en las zonas atacadas”.

Muertes extrajudiciales

La investigación de IPHR/Truth Hounds ha documentado diversas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas azerbaiyanas, como ejecución de tres combatientes armenios capturados, muerte de tres civiles armenios y “desaparición forzada de otros dos civiles armenios”. Además, un civil armenio murió cuando estaba custodia azerbaiyana “como resultado de las condiciones de su detención”. Las ejecuciones extrajudiciales, de prisioneros de guerra y de civiles, fueron documentadas en video y parecen haber sido ejecutadas por la unidad de las Fuerzas Especiales de la Marina de Azerbaiyán.

Según el informe, los asesinatos no tienen “ninguna justificación” en el derecho internacional humanitario y constituyen una “grave violación” del derecho a la vida. Los investigadores no han encontrado ningún indicio de que las investigaciones sobre estos incidentes “si es que las hay, hayan sido independientes, rápidas, públicas y efectivas o hayan dado lugar a algún proceso penal”.

La investigación también ha encontrado “pruebas no verificadas” de la ejecución de dos soldados azerbaiyanos heridos por parte de las fuerzas armenias. Si estos asesinatos se confirman, estarían violando el derecho internacional humanitario. En virtud del derecho internacional humanitario, el Gobierno armenio está obligado a “realizar investigaciones independientes, rápidas, públicas y efectivas” sobre estos incidentes, pero hasta la fecha “no hay indicios de que el Gobierno de Armenia haya cumplido con estas obligaciones”.

Otras violaciones al derecho humanitario

IPHR/Truth Hounds han documentado la tortura generalizada de prisioneros de guerra armenios en poder de Azerbaiyán, y tres casos de “malos tratos y violencia contra civiles armenios” por parte de las fuerzas azerbaiyanas. También han documentado siete casos de “malos tratos a prisioneros de guerra azerbaiyanos por parte de las fuerzas armenias que “alcanzan el umbral de la tortura”. Otros tres casos, captados en video, incluido uno que “puede haber provocado la muerte de la víctima”, requieren “una investigación más profunda”.

El informe también señala incidentes de pillaje a los muertos por parte de las fuerzas armenias y azerbaiyanas, el ataque intencionado a lugares de “importancia religiosa/cultural” por parte de las fuerzas azerbaiyanas, incluida la catedral de Ghazanchetsots en Shusha (Shushi), y cinco incidentes de “ataques deliberados por parte de las fuerzas armadas azerbaiyanas contra hospitales y personal médico”.

“Las fuerzas armadas de ambos bandos dispararon deliberada e indiscriminadamente contra civiles con artillería pesada o apoyo aéreo, y a veces mataron o hirieron a familias enteras”, afirma Roman Avramenko, director de Truth Hounds, en una declaración publicada junto al informe.

“La comunidad internacional no puede dejar pasar esto sin sancionar, pues dejaría sin sentido las leyes de la guerra”.

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