Actividad conmemorativa para exigir justicia para algunos asesinados en la controvertida campaña antidrogas del Gobierno. Foto de la página de Facebook de Rise Up for Life and Rights.

El presidente Ferdinand Marcos señaló a los medios que después de consultar a su equipo legal, Filipinas no se reincorporará a la Corte Penal Internacional (CPI).

Filipinas se retiró de la CPI en marzo de 2018 durante la presidencia de Rodrigo Duterte, quien fue acusado de cometer crímenes graves contra la humanidad vinculados a la sangrienta “guerra contra las drogas”, conocida localmente como Tokhang. El retiro se dio en marzo de 2019. El mandato de Duterte terminó el 30 de junio de 2022.

El proyecto Tokhang causo miles de muertes y detenciones de presuntos consumidores de drogas, vendedores ambulantes y lideres de pandillas. No hay números oficiales en cuanto a las muertes relacionadas con el Tokhang, pero la investigación sugiere que oscila entre al menos 6000 a 30 000 personas. Las agrupaciones de derechos humanos señalaron que el Tokhang apuntó indiscriminadamente a las comunidades urbanas pobres, que llevó a detenciones arbitrarias y asesinatos extrajudiciales. La Policía afirmó que los agentes se vieron obligados a disparar a los sospechosos de tráfico de drogas en defensa propia. Duterte defendió a la Policía y acusó a los críticos del Tokhang de promover una agenda antigubernamental.

Los familiares de las victimas del Tokhang presentaron casos contra el gobierno de Duterte en la CPI. En respuesta, la CPI llevó a cabo una revisión e hizo esta declaración inicial en 2021:

[T]he Chamber concludes that there is a reasonable basis for the [p]rosecutor to proceed with an investigation, in the sense that the crime against humanity of murder appears to have been committed, and that potential case(s) arising from such investigation appear to fall within the Court’s jurisdiction.

La Cámara concluye que hay bases razonables para que el fiscal proceda con la investigación, en el sentido de que el crimen contra la humanidad de asesinato parece haberse cometido y que los posibles casos derivados de esa investigación parecen ser competencia del tribunal.

Marcos, cuya vicepresidenta es hija de Duterte, señalo que no hay necesidad de una investigación de la CPI puesto que las agencias de Gobierno ya están revisando la conducta de los policías que aplicaron el Tokhang:

We’re saying that there is already an investigation going on here and it’s continuing, so why would there be one like that [in the ICC]?

Estamos diciendo que aquí ya hay una investigación en curso y que continúa, entonces ¿por qué debería haber una en la CPI?

Algunos senadores señalaron que la decisión de Marcos afianza la soberanía del país y la política exterior independiente. El secretario de Justicia, Jesus Crispin “boying” Remulla, mencionó la injerencia de la CPI en los asuntos internos de Filipinas:

[Our justice system] is not perfect but it’s functioning, we are not a banana republic so why should they want to go to the country? Unless the agenda is political, and we don’t want political agenda by people other than us. We do our politics, not foreigners.

[Nuestro sistema de justicia] no es perfecto, pero está funcionando, no somos una república bananera, entonces ¿Por qué iban a querer ir al país? A menos que la agenda sea política y no queremos agendas políticas por otras personas que no seamos nosotros. Nosotros hacemos nuestras políticas, no los extranjeros.

Duterte también se negó a que un tribunal extranjero le exija responsabilidades, insistió en que si lo condenan, solo podría ser encarcelado en la cárcel de Filipinas, en la ciudad de Muntinlupa.

«I am a Filipino. If I will be prosecuted, it will be a prosecutor who is a Filipino. If I am to be judged, it will be a Filipino judge. And if I go to prison, I should go to Muntinlupa,» he says. | @NCorralesINQ/PDI

— Inquirer (@inquirerdotnet) August 4, 2022

Señalo: “soy filipino. Si me procesan, será un fiscal filipino quien lo haga, Si me juzgan, será un juez filipino y si voy a ir a prisión, debería ir a Muntinlupa”.

La exsenadora Leila de Lima le recomendó a Marcos que reconsiderara su decisión. Añadió que incluso después del retiro formal del país de la CPI, el organismo mantiene la competencia sobre los casos de delitos ocurridos antes de 2019. Esto significa que la CPI puede buscar en los casos relacionados al Tokhang que ocurrieron durante la primera mitad de la presidencia de Duterte.

En un comunicado de prensa, la agrupación de derechos humanos Karapatan señalo las consecuencias de la decisión de Marcos:

Marcos Jr. has indicated where his administration stands on issues pertaining to the respect for civil and political rights, particularly its callousness on the plight of the drug war victims and their families and their calls for accountability. He has effectively denied them justice.

Bongbong Marcos ha indicado cuál es la posición de su administración en asuntos relativos al respecto de los derechos civiles y políticos, particularmente su insensibilidad ante la difícil situación de las victimas de la guerra contra la droga, sus familias y sus llamados a la responsabilidad. En efecto, les ha negado la justicia.

Kristina Conti asesora legal de un grupo de voluntarios que btindan asesoramiento legal a los sobrevivientes y las familias de las victimas del Tokhang, rechazaron los argumentos del gobierno de Marcos.

Terrible mistake, and could prove to be a costly miscalculation not to rejoin the ICC. Marcos’ premise is incorrect – there is no genuine investigation in the Philippines into the government policy or pattern of activities that has led to crimes against humanity #StopTheKillings

— Kristina Conti (@chronikrissys) August 1, 2022

Una equivocación terrible y podría resultar un costoso error de cálculo no reincorporarse a la CPI. La suposición de Marcos es incorrecta, no hay una investigación genuina en Filipinas dentro de la política gubernamental o el patrón de actividades que ha conducido a crímenes contra la humanidad.
Detengan las muertes.

Ella advirtió que cometer injusticias generaría mayor disidencia:

When the people feel that the government cannot or will not protect them and their interests, and that the powerful can get away with anything, even murder, beyond alienation and disappointment, it is Marcos who should very well know how the people can turn their backs against and topple those in power.

Cuando las personas sienten que el Gobierno no puede o no quiere protegerlas a ellas y a sus intereses, que los poderosos pueden salirse con la suya, incluso asesinar, más allá de su enajenación y decepción, es Marcos quien debería saber muy bien cómo el pueblo puede dar la espalda y derrocar a quienes están en el poder.

El fiscal de la CPI ha dado a todas las partes interesadas, incluido al Gobierno filipino, hasta el 8 de septiembre para presentar observaciones y comentarios en la decisión de continuar su investigación de los casos relacionados con Tokhang.