Portada del Apple Daily News del 2 de julio de 2003. La noticia principal era la marcha del 1 de julio contra el artículo 23. A través de la página de Facebook de Old Hong Kong.

La versión original de este informe es de Hillary Leung y se publicó en Hong Kong Free Press (HKFP) el 29 de julio de 2023. Esta versión editada se publica en Global Voices como parte de un acuerdo de asociación de contenidos con HKFP.

Estuvo archivada cerca de 20 años tras provocar protestas masivas y la renuncia de un alto funcionario. Pero el artículo 23 de la Ley Fundamental de Hong Kong -que obliga a Hong Kong a tener una ley de seguridad propia- volvió a estar en el centro de debate en 2020, cuando Pekín impuso a la ciudad su propia legislación de seguridad nacional.

En 2022 debía iniciarse un periodo de consulta pública, pero las autoridades dijeron que se paralizó a causa de la pandemia de COVID-19.

En los últimos meses, funcionarios gubernamentales de Hong Kong dijeron que aprobarían la legislación en 2023 o en 2024 a más tardar. Esto es lo que hay que saber sobre el artículo 23, cómo fracasaron los intentos de las autoridades de aprobarlo en 2003 y cuál es la posición actual de la ciudad al respecto..

¿Qué es el artículo 23?

Según el artículo 23 de la Ley Fundamental, la miniconstitución de Hong Kong vigente tras el traspaso en 1997, el Gobierno de la ciudad debe promulgar su propia ley de seguridad para prohibir actos como la traición y la secesión.

Aún no la ha promulgado desde la entrada en vigor de la Ley Fundamental. La ley pendiente de promulgación se conoce coloquialmente como artículo 23..

Miniconstitución de Hong Kong: Ley Fundamental. Imagen de la Oficina de Información del Gobierno de Hong Kong vía HKFP

¿En qué se diferencia de la ley de seguridad nacional promulgada por Pekín?

La ley de seguridad nacional redactada en Pekín, aprobada en junio de 2020 tras meses de protestas y disturbios el año anterior, tipifica como delitos la secesión, la subversión, la connivencia con fuerzas extranjeras y el terrorismo. Según el artículo 23, la ley de seguridad de la ciudad debe prohibir siete delitos: traición; secesión; sedición; subversión contra el Gobierno central; robo de secretos de Estado; realización de actividades políticas en la ciudad por parte de organismos extranjeros; y establecimiento de vínculos entre organismos locales y extranjeros.

Las autoridades han manifestado que existen «lagunas» en la ley promulgada en Pekín que deben ser subsanadas por el artículo 23. «Debe haber legislación para las… partes del artículo 23 que no se hayan cubierto», dijo John Lee cuando era secretario de Seguridad en 2021.

En 2022, el secretario de Seguridad, Chris Tang, dijo que, aparte de que promulgar una ley de seguridad local era una responsabilidad constitucional, también había «necesidades prácticas» en lo que respecta a la seguridad nacional. Según Tang, la ciudad había visto «cambios drásticos» en los riesgos para la seguridad nacional y el «caos social», incluido el Movimiento de los Paraguas en 2014, los disturbios de Mong Kok en 2016 y las protestas contra la extradición en 2019, los dos últimos de los cuales describió como «disturbios».

¿Cómo reaccionó la sociedad en 2003?

La administración de Tung Chee-hwa propuso por primera vez la aplicación del artículo 23 en 2002, y recibió más de 90 000 propuestas durante un período de consulta pública de tres meses. Desde partidos prodemocráticos locales hasta ONG internacionales, grupos de diversos sectores se opusieron a la medida, la calificaron de amenaza para las libertades de Hong Kong. Las comunidades bancaria y empresarial también manifestaron su temor a que la ley propuesta socavara la transparencia y la apertura informativa de la ciudad.

El proyecto de ley se presentó al Consejo Legislativo para una primera lectura en febrero de 2003, y los legisladores prodemocráticos enarbolaron consignas y enfrentaron a los funcionarios de Gobierno.

«Señor Tung, ¿cuánta gente tiene que salir a la calle para que usted escuche?», dijo la entonces legisladora Margaret Ng en una reunión legislativa.

En abril de 2003, la Asociación de Periodistas de Hong Kong declaró en una comunicación al Consejo Legislativo que se oponía «totalmente» a la promulgación del artículo 23 y que no existía «ninguna necesidad social apremiante» para eso. Afirmó que, entre los delitos tipificados en el artículo 23, la sedición y el robo de secretos de Estado suponían la «mayor amenaza para la libertad de expresión».

En cuanto al primero, la asociación afirmó que el argumento del Gobierno de que las «jurisdicciones democráticas más liberales» del mundo también tienen delitos de sedición dejaba de lado el hecho de que las leyes llevaban años sin usarse y que las comisiones de reforma legislativa de esos países habían pedido que se eliminaran los delitos. En cuanto al delito de robo de secretos de Estado, la HKJA se mostró preocupada por la posibilidad de que los periodistas fueran procesados por usar información que no sabían que había sido obtenida ilegalmente.

El Gobierno propuso varias enmiendas al proyecto de ley tras la consulta pública, incluida la introducción del «interés público» como defensa para la «revelación ilegal de información oficial», en particular para los medios. También propuso un plazo de enjuiciamiento de tres años para el delito de manipulación de publicaciones sediciosas.

¿Cómo respondió la comunidad internacional?

Los países occidentales expresaron su temor por el efecto del artículo 23 en las libertades de la ciudad, y Estados Unidos y la Unión Europea fueron algunos de los que emitieron declaraciones.

En una declaración de diciembre de 2002, la Unión Europea manifestó su preocupación por el efecto extraterritorial de algunos de los delitos propuestos, la libre circulación de información y las amplias definiciones de algunos de los delitos.

Según la Unión Europea , el Parlamento Europeo también adoptó una resolución unánime que instaba al Gobierno a garantizar que las leyes de seguridad local no se usarían «para silenciar a la oposición, restringir la libertad de expresión… el derecho y la libertad de formar sindicatos, de hacer huelga y de emprender otras actividades culturales de acuerdo con la ley fundamental».

La Federación Internacional de Periodistas, a la que está afiliada la HKJA, dijo que el artículo 23 proponía una «flagrante opresión de las libertades civiles básicas».

¿Por qué se pospuso la legislación?

El 1 de julio de 2003, aniversario del traspaso de poderes y tradicionalmente día de protesta, se celebró una marcha multitudinaria para protestar contra el artículo 23 y pedir la renuncia de Tung. Según los organizadores, salieron a la calle medio millón de personas. Los manifestantes enarbolaron carteles en las que se leía «No al artículo 23″ y «Debería darles vergüenza».

Sin embargo, Tung dijo que el Gobierno seguiría adelante con la legislación. En respuesta, el consejero ejecutivo James Tien -que había roto con el Gobierno y se había manifestado en contra del artículo 23- renunció en protesta de su puesto en el consejo asesor gubernamental de alto nivel. Como presidente del Partido Liberal, también retiró el apoyo de su partido al artículo 23, lo que significaba que el Consejo Legislativo no tendría votos suficientes para aprobar la ley.

Al día siguiente, Tung anunció que aplazaría la segunda lectura del proyecto de ley, añadió que la decisión era «realmente una respuesta más a las opiniones y preocupaciones expresadas por el pueblo».

La entonces secretaria de Seguridad, Regina Ip, que había supervisado la legislación, renunció poco después por motivos personales.

«Lamento enormemente que no hayamos podido completar la legislación… pero como ciudadana china y secretaria de Seguridad, tengo la responsabilidad de impulsar esta sagrada labor», declaró entonces Ip en un comunicado.

«Creo firmemente que [el artículo 23]… podrá salvaguardar la seguridad nacional y no afectará a los derechos y libertades de la población de Hong Kong. Creo firmemente que mi sucesor podrá completar pronto el trabajo legislativo», añadió.

Mientras tanto, las autoridades dijeron que reanudarían el diálogo con el público, y añadieron que las próximas consultas serían «aún más amplias que las anteriores».

En septiembre de 2003, Tung anunció que retiraría totalmente el proyecto de ley. Dijo que persistirían las «preocupaciones» sobre la legislación, y que un retiro daría más tiempo al público para «entender y pensar».

El entonces jefe ejecutivo también citó la pandemia de SRAS que comenzó a principios ese mismo año, que mató a casi 300 personas y paralizó la economía. «Lo que necesitamos es que la sociedad, el Gobierno, los ciudadanos de toda condición y la empresa centren sus esfuerzos en el desarrollo económico y el aumento del empleo», dijo.

El propio Tung renunció en marzo de 2005, a mitad de su segundo mandato..

¿Dónde estamos ahora?

Tras el intento fallido de Tung de aprobar el artículo 23, las sucesivas administraciones afirmaron que no tenían un calendario para reanudar la labor legislativa. El entonces jefe ejecutivo, Leung Chun-Ying, dijo en 2016, tras la saga de la juramentarión –cuando los legisladores prodemocráticos entrantes perdieron sus escaños tras ser acusados de prestar juramento indebidamente– que una ley de seguridad local se había «convertido en una cuestión práctica«. Aun así, las autoridades no anunciaron planes de legislación.

En 2018, la entonces jefa ejecutiva, Carrie Lam, dijo que las autoridades tenían que «hacer balance de la situación» antes de promulgar el artículo 23. «[Solo] lo haremos cuando el momento y las circunstancias sean los adecuados», dijo.

El tono del Gobierno cambió antes de que Pekín impusiera su propia ley de seguridad. En mayo de 2020, Lam dijo que era «decepcionante» que el artículo 23 no se hubiera aprobado 23 años después de la devolución de Hong Kong a China.

En diciembre de 2021, Lam dijo que el Gobierno pretendía lanzar una consulta pública sobre la promulgación del artículo 23 antes de que terminara su actual mandato, seis meses después.

Pero la consulta se retrasó por la quinta ola de COVID-19 en la ciudad, según declaró el jefe de seguridad, Chris Tang, en mayo.

El actual jefe ejecutivo, John Lee, declaró en 2022, mientras era el único postulante a jefe de la ciudad, que el artículo 23 estaba entre sus «prioridades«, pero no figuraba en una lista de proyectos de ley que el Gobierno pretendía presentar al Consejo Legislativo en el segundo semestre de 2022.

En los últimos meses, las autoridades han afirmado que el artículo 23 se promulgará este año o el próximo a más tardar.

El secretario de Justicia, Paul Lam, declaró en entrevista con RTHK en junio que el Gobierno había «progresado» en la legislación para hacer efectivo el artículo 23. Dijo que se estaba formando un «grupo de trabajo». Afirmó que un «grupo de trabajo» estaba supervisando la labor de forma «continuada», pero que era difícil hablar de los detalles mientras el trabajo no estuviera terminado.

Esta vez, es probable que la oposición pública sea moderada. Decenas de organizaciones de la sociedad civil y diversos medios han cerrado sus puertas a raíz de la legislación de Pekín en materia de seguridad, mientras que una reforma política ha hecho casi imposible que los demócratas tengan un escaño en la asamblea legislativa.