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En la tarde del 15 de octubre, otro grupo de refugiados haitianos llegó a Jamaica, y desembarcaron en Long Bay, parroquia de Portland, en la costa noreste de la isla. Emma Lewis, colaboradora de Global Voices y autora del Petchary, dijo que, según un medio, las autoridades los habían «acorralado» después de que algunos se cambiaron de ropa e intentaron huir. Em septiembre, el Gobierno jamaicano devolvió a otro grupo a las 24 horas de su llegada, con el argumento de que no infringía ninguna ley internacional al hacerlo.

La entrada de barcos llenos de refugiados haitianos en territorio jamaicano se ha hecho más frecuente a medida que se ha deteriorado la crisis económica, social y política de Haití. El primer grupo desembarcó en Jamaica el 10 de julio. Actualmente están bajo el cuidado de la Cruz Roja de Jamaica en la vecina parroquia de St. Mary, Portland, mientras esperan los resultados de sus solicitudes de asilo, presentadas el 21 de julio por su asesora legal, la abogada de derechos humanos Malene Alleyne.

Una de las preguntas más persistentes en la blogosfera jamaicana en torno a los refugiados haitianos es si existe o no una política clara al respecto. Tras la expulsión de los refugiados que llegaron en septiembre, hubo un gran debate en las redes sociales: algunos criticaron la medida y otros la apoyaron. El periodista regional Wesley Gibbings sugirió:

A regional crisis that requires more enlightened responses from states. Legal compulsion should not be required in order to act humanely. #Trinidad #Jamaica https://t.co/5VJUjoUvR3

— Wesley Gibbings (@wgibbings) September 13, 2023

Una crisis regional que requiere respuestas más ilustradas de los Estados. No debería exigirse la obligación legal para actuar con humanidad.

Petchary señaló que, en efecto, existe una política, formulada en 2009. Citando al Jamaica Observer, explicó que la legislación «se basa en la Convención sobre la Convención de los Refugiados de 1951 [que Jamaica ratificó en julio de 1964] y en el Protocolo de 1967 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [que ratificó en octubre de 1980]»:

It outlined a refugee as someone who, ‘owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of his or her race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside of the country of his or her nationality and is unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country, or who, not having a nationality, and being outside the country of his or her former habitual residence is unable or owing to such fear, unwilling to return.’

Define al refugiado como alguien que «por fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, esté fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por esos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, por no tener nacionalidad y estar fuera del país donde antes tuvo su residencia habitual, no pueda o, a causa de esos temores, no quiera regresar».

Jamaica fue también el primer Estado miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en ratificar, en febrero de 2013, la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.

Petchary, que califica el enfoque del Gobierno jamaicano hacia los refugiados de «indiferente», observó que varios grupos locales de derechos humanos han denunciado la situación actual, señalan que las recientes acciones del Gobierno contravienen los tratados internacionales sobre refugiados y derechos humanos.

Stand Up for Jamaica sugirió que la postura del Gobierno sobre la cuestión era «poco sincera», y calificó de «inaceptable» su decisión de devolver a los refugiados que desembarcaron el 15 de octubre, y añadió que, al regresar, enfrentaban «un riesgo real de persecución, tortura u otros daños graves o irreparables […] que están explícitamente prohibidos por los tratados internacionales sobre refugiados y derechos humanos»:

The Government’s denial to the Haitians of the right to due process, the right to legal representation, the right to be heard, the rights of the child to special protection, and the right to access basic information on the asylum procedure, is inconsistent with human and constitutional rights principles and standards and is a brazen affront to the principle of non‐refoulement, which requires the Government to grant individuals seeking international protection access to efficient asylum procedures.

La negación del Gobierno a los haitianos del derecho al debido proceso, el derecho a la representación legal, el derecho a ser oído, los derechos del niño a una protección especial y el derecho a acceder a información básica sobre el procedimiento de asilo, es incompatible con los principios y normas de derechos humanos y constitucionales, y es una afrenta descarada al principio de no devolución, que exige que el Gobierno garantice a las personas que buscan protección internacional el acceso a procedimientos de asilo eficientes.

La directora ejecutiva de Stand Up for Jamaica, Carla Gullotta, reconoció que Haití integra CARICOM y que el colectivo regional ha tenido «una voz fuerte sobre la desafortunada situación que está ocurriendo en Haití», y añadió que el Gobierno debería «aprovechar la oportunidad de la llegada de refugiados haitianos como muestra de apoyo y sinceridad; no solo promesas de enviar personal de seguridad a Haití»:

[I]t is disheartening and counterproductive to return Haitians to harsh conditions, instead of welcoming and supporting them. Stand up for Jamaica wishes to emphasize that the Haitians, including children, are not criminals. They are refugees […] They did not commit any offence, apart from escaping fear, terror, hunger, gang war, and instability. Some of them are children and it is hard to believe that they are in conflict with the law.

Es desalentador y contraproducente devolver a los haitianos a condiciones duras, en lugar de acogerlos y apoyarlos. Stand up for Jamaica desea destacar que los haitianos, incluidos los niños, no son delincuentes. Son refugiados […] No cometieron ningún delito, aparte de escapar del miedo, el terror, el hambre, la guerra de bandas y la inestabilidad. Algunos son niños y es difícil creer que estén en conflicto con la ley.

El comunicado reiteraba la petición del grupo de «una reunión para debatir las normas de derecho internacional para proteger a los migrantes haitianos para garantizar que esta situación no se repita y, lo que es más importante, evitar el riesgo de que se envíe un informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se tomen medidas contra Jamaica».

El 18 de octubre, Jamaicanos por la Justicia recordó al Gobierno sus responsabilidades en virtud del Tratado Regional de Chaguaramas, así como de las convenciones internacionales, que exigen a los signatarios «dar asilo a los refugiados y tratarlos con dignidad y respeto». También advirtió «contra el uso de un lenguaje estigmatizador contra los haitianos»:

JFJ recognizes that those with criminal records may pose a risk to national security. However, it is important to balance national security concerns with the protection and respect of the human rights of migrants and refugees. We urge the government to conduct individual assessments in accordance with due process, rather than relying on broad generalizations.

Jamaicanos por la Justicia reconoce que las personas con antecedentes penales pueden suponer un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, es importante equilibrar las preocupaciones de seguridad nacional con la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Instamos al Gobierno a hacer evaluaciones individuales de acuerdo con el debido proceso, en lugar de basarse en amplias generalizaciones.

Resume toda la situación:

Should any more Haitians arrive seeking refuge, the government of Jamaica must allow individuals to speak to an attorney and receive due process. This includes clear articulation on processes that allow for fair and expeditious procedures for status determination, including appeals, and guaranteeing the rights of all recognized refugees in Jamaica. […] Anything less is demonstrative contempt for human rights and due process.

Si llegan más haitianos en busca de refugio, el Gobierno de Jamaica debe permitir que hablen con un abogado y se siga el debido proceso. Esto incluye una articulación clara de los procesos que permitan procedimientos justos y rápidos para la determinar la situación, incluidas apelaciones, y garantizar los derechos de todos los refugiados reconocidos en Jamaica. […] Cualquier otra cosa es un desprecio demostrativo de los derechos humanos y del debido proceso.

La situación en Haití sigue siendo delicada, y Jamaica está a apenas cientos de kilómetros, por lo que solo el tiempo dirá qué postura adoptará el Gobierno jamaicano.