Illustration from openai.com.

Alva Omarava escribió este artículo para Vlast.kz. Global Voices publica una versión editada en virtud de un acuerdo de colaboración de medios.

En los últimos diez años, los legisladores de Kazajistán han superado obstáculos legislativos y mecanismos de control contra la sociedad civil, dirigidos especialmente a aquellas organizaciones que reciben financiación extranjera, conocidas informalmente como «agentes extranjeros». Una reciente decisión muy criticada del Ministerio de Finanzas fue publicar una lista (parcial) de entidades financiadas desde el extranjero en Kazajistán, hecho que ha reavivado el estigma en torno a esos grupos de la sociedad civil.

Este tipo de legislación obstaculiza, amenaza y castiga a la sociedad civil. Las propuestas y la aprobación de leyes del tipo de «agentes extranjeros» en varios países vecinos de Kazajistán, como Rusia, Kirguistán y Uzbekistán, muestran que se trata de una tendencia regional preocupante.

Después de que la lista se publicó en septiembre, al menos una ONG fue señalada para un escrutinio financiero adicional. Echo, ONG de supervisión electoral, fue objeto de supervisión cuando Nurbank, su prestamista, aplicó controles financieros contra el extremismo y el terrorismo, con referencia específica a Echo en la lista. Antes, la información sobre organizaciones y personas financiados desde el extranjero solo la registraban las autoridades y no se hacía pública. Junto con sus socios, la Alianza Internacional por los Derechos Humanos (IPHR, por su nombre en inglés), instó a las autoridades de Kazajistán a eliminar el registro público, ya que solamente sirve para más que estigmatizar, desacreditar y discriminar a la sociedad civil.

Rusia: El pionero

Durante más de diez años, Rusia ha utilizado la etiqueta de «agente extranjero» para atacar a la sociedad civil, los medios y disidentes, lo que constituye nada menos que un caso paradigmático de legislación sobre agentes extranjeros. Desde su aprobación en 2012, la ley se ha convertido en una herramienta que se puede aplicar a todo aquel que se considere que tiene una «influencia extranjera», en su definición más arbitraria. La legislación rusa inicialmente solo se aplicaba a las ONG, luego se amplió para abarcar también organizaciones de medios y personas críticas de las autoridades rusas. Incluso una empresa que ofrece una red privada virtual (conocidas como VPN, por su nombre en inglés) fue etiquetada como «agente extranjero» hace unas semanas.

Con el inicio de la guerra en Ucrania, el Kremlin comenzó a utilizar la etiqueta «agente extranjero» para desacreditar cualquier voz disidente. La situación de «agente extranjero» en Rusia se ha convertido en precursor de persecución posterior de las autoridades. Actores y cantantes rusos famosos que han hablado contra la invasión rusa de Ucrania han recibo la etiqueta de «agente extranjero».

Kirguistán: El imitador

En Kirguistán, los acontecimientos recientes dibujan un mapa alarmante de la situación de la sociedad civil en el país, especialmente para las ONG financiadas desde el extranjero. Las instituciones democráticas más vibrantes del país y su sociedad civil enfrentan la mayor amenaza desde que el país obtuvo su independencia en 1991. Un proyecto de ley sobre agentes extranjeros, actualmente en consideración, se basa en gran medida en el proyecto de ley original ruso.

Si se aprueba, las ONG que reciben financiación extranjera y participan en actividades políticas recibirán la calificación de «representante extranjero» y se incluirán en un registro especial. Además, el proyecto de ley introduce una pena de prisión de cinco años por crear una ONG y llevar a cabo actividades con definiciones imprecisas, como «inducir a los ciudadanos a no cumplir con sus deberes cívicos». Las personas que participen o promuevan tales ONG o su propaganda serán sancionadas con 10 años de prisión.

La redacción de la ley es imprecisa y ambigua, y como enfatizan IPHR y otras siete ONG internacionales en una declaración conjunta, la ley se puede aplicar a cualquier actividad que realice una ONG y defensores de derechos humanos. Se han emitido repetidas advertencias de que aprobar la ley podría resultar en el cierre forzado de cientos de grupos. Desafortunadamente, el proyecto de ley ha avanzado en el Parlamento y se aprobó en una primera lectura en octubre de 2023.

Uzbekistán: Obliga a los funcionarios a incorporarse a las ONG

Uzbekistán estableció mecanismos de control para las organizaciones de la sociedad civil financiadas desde el extranjero. La legislación de 2022 introdujo un nuevo mecanismo para que el Estado apruebe las subvenciones extranjeras recibidas por las ONG, así como una asociación obligatoria con organismos estatales en la implementación de sus proyectos. Según esta normativa, el Ministerio de Justicia asigna a las ONG «socios nacionales» de organismos estatales, que son los responsables de desarrollar un «plan de trabajo» para implementar proyectos para los que las ONG reciben financiación.

Además, estos empleados estatales designados son responsables de firmar memorandos de cooperación con el Estado, así como controlar y supervisar el progreso y los resultados del proyecto. Esto significa que el Estado controla y ejerce vigilancia de manera efectiva sobre las ONG que reciben financiación del extranjero. El Gobierno de Uzbekistán ha defendido esta iniciativa y la ha presentado como una «asistencia práctica», aunque evoca prácticas autoritarias del anterior presidente totalitario, Islam Karimov, cuyo gobierno ejercía un estricto control sobre la sociedad uzbeka. A pesar de las revisiones de octubre de 2023, persisten importantes preocupaciones sobre esta legislación.

Kazajistán: Escrutinio tributario arbitrario

La primera ley sobre «agentes extranjeros» de Kazajistán se aprobó en 2016, con el objetivo de exigir que todas las organizaciones y personas informen sobre la financiación extranjera para determinadas actividades. Como afirmó Yevgeniy Zhovtis, director de la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Kazajistán (KIBHR, por su nombre en inglés) en entrevista de agosto, la ley es absurda porque las organizaciones deben informar de cada centavo que reciben. 

La ley impone una carga de informes innecesaria a los grupos financiados desde el extranjero en Kazajistán y se puede utilizar arbitrariamente. La aprobación de esta legislación fue criticada en su momento, y la sociedad civil expresó su temor a que pudiese ser mal utilizada y la práctica ha demostrado que esos temores eran bien fundamentados. Durante el periodo previo a las elecciones parlamentarias de 2021, la ley se utilizó para dirigirse a varias ONG destacadas, incluida KIBHR, que enfrentó multas significativas y la amenaza de suspensión por supuestos errores técnicos menores en la presentación de informes sobre subvenciones extranjeras. Las multas se retiraron después, tras una protesta nacional e internacional, pero al mantenerse la misma ley, la sociedad civil no puede sentirse segura frente a represiones similares en el futuro.

La publicación de una lista de entidades financiadas desde el extranjero en Kazajistán puede parecer un movimiento más inofensivo en comparación con la draconiana ley del «agente extranjero» de Rusia o su versión copiada en Kirguistán. Sin embargo, estas medidas reflejan el mismo tipo de percepciones equivocadas sobre el papel de los grupos financiados desde el extranjero y sirven al mismo propósito de socavar la confianza pública en la sociedad civil. Si el Gobierno de Kazajistán es sincero en su compromiso con las reformas democráticas, debería poner fin a la estigmatización y escrutinio excesivo de los grupos financiados por el extranjero. Eliminar la lista sería un gran paso en este sentido.