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Un año después de las revelaciones de Snowden: Cómo la Agencia de Seguridad Nacional viola los estándares internacionales de Derechos Humanos

Cartoon by Carlos Latuff, shared via Web We Want/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Caricatura por Carlos Latuff, compartida vía Web We Want/Flickr (CC BY-SA 2.0)

El 5 de junio de 2014 se cumplió el primer aniversario del comienzo de las revelaciones de Edward Snowden—un evento que marca un hito en la conciencia global acerca de la existencia de un aparato mundial de espionaje.

A lo largo del último año, el mundo ha conocido [en] detalles específicos sobre cómo la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (NSA) y sus cuatro aliados más cercanos en la alianza Cinco Ojos [en] (Reino Unido,Canadá, Australia y Nueva Zelanda) han construido [en] una red de sistemas de vigilancia de comunicaciones digitales, a nivel técnico y operacional, que abarca el mundo entero. Hemos conocido los detalles del grado [en] de cooperación y del intercambio de inteligencia existente entre estos países, y hemos sido testigos de cómo el material reunido bajo el régimen de vigilancia de un país se comparte sin reparos con el resto.

La gran distancia que separa a los países Cinco Ojos les permite vigilar la mayor parte del tráfico mundial de internet mientras transita por sus centros y se almacena en sus diversos territorios. Además, se han asociado con más de 80 de las principales corporaciones globales [en] para mejorar sus capacidades de espionaje. El ámbito y alcance del intercambio de inteligencia y cooperación ha sorprendido al mundo.  

En un documento interno que se filtró, la NSA define a su “postura de recolección de datos” [en] como parte del proceso de “detectar, conocer, recolectar, procesar, explotar y compartir todo.” Esto prueba lo que muchos defensores de la privacidad sospechaban hace largo tiempo: La NSA se ha desviado lejos de su legítimo objetivo de proteger la seguridad nacional. De hecho, hemos visto a la NSA participar en espionaje económico [en], espionaje diplomático [en] y ,sin dudas, en la vigilancia de poblaciones enteras. Aún peor, esto debilitó en secreto los productos y los estándares que muchos usaban para protegerse del espionaje en línea.

Mientras las revelaciones de Snowden han demostrado ser invaluables para confirmar la existencia del espionaje transfronterizo global de la NSA y sus cuatro aliados principales, los gobiernos de los miles de millones de usuarios de internet y de telefonía afectados se han mostrado lentos a la hora de reaccionar ante los acontecimientos. En algunos casos, los aliados de EE.UU. se pueden estar reprimiendo de actuar al respecto debido a su propia complicidad en esta red de intercambio de información. Otros, como Rusia y China, tienen sus propias redes omnipresentes de vigilancia y acuerdos que proteger.

Incluso antes de que Snowden filtrara su primer documento, algunos abogados y activistas por los derechos humanos estaban preocupados acerca de la aplicación de la ley y de la existencia de agencias de inteligencia espiando el mundo digital. Una de las herramientas para enfrentar esas inquietudes fue el desarrollo de los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones (los principios de “Necesario y Proporcionado”). Este grupo de principios estaba orientado a guiar a los gobiernos a comprender cómo las nuevas tecnologías de vigilancia avanzan sobre las libertades fundamentales y a delinear cómo la vigilancia de las comunicaciones puede realizarse en un modo consistente con las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos. Los principios propuestos por “Necesario y Proporcionado” pretendían funcionar como un recurso para que los ciudadanos pudieran evaluar las prácticas de vigilancia de los gobiernos según estándares internacionales de derechos humanos. 

Para marcar el primer aniversario de las revelaciones de Snowden, la Electronic Frontier Foundation publicó Innecesario y desproporcionado [en], un informe en el que detalla cómo algunas de las operaciones de espionaje de la NSA violaron tanto los estándares internacionales de derechos humanos cuanto los principios necesarios y proporcionales. 

El informe sostiene que los programas de vigilancia de la NSA muestran…

  • Falta de “legalidad”, en que las leyes de vigilancia de la NSA están gobernadas por un cuerpo secreto de legislación desarrollado por un tribunal secreto, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los EE.UU. (FISC), que de manera selectiva publica sus interpretaciones de la ley;   

  • No ser ni “necesarios,” ni “proporcionales,” en que los diversos programas mediante los cuales se obtienen datos de las comunicaciones en forma masiva son obtenidos violando los derechos a la privacidad de millones de personas que no son sospechosas de tener conexión alguna con el terrorismo internacional;

  • No cuentan con el apoyo de autoridad judicial competente debido a que la única aprobación judicial, si tienen alguna, deriva del FISC, que opera fuera de los procedimientos contenciosos normales, por lo que los individuos cuyos datos se recolectaron carecen de acceso a la justicia;

  • Falta de debido proceso puesto que el FISC no permite audiencias públicas;

  • Falta de notificación al usuario:aquellos cuyos datos fueron obtenidos desconocen que sus comunicaciones han sido monitoreadas y por lo tanto no puede apelar la decisión ni obtener representación legal para defenderse;

  • Falta de la transparencia requerida y de control público, debido a que operan en secreto y se basan en órdenes que exigen confidencialidad a las entidades de las que obtienen los datos, junto con procedimientos judiciales, en caso de que existan, secretos;

  • Daño a la integridad de los sistemas de comunicaciones al debilitar los sistemas de seguridad, tales como el cifrado, requiriendo la inserción de salidas alternativas en las tecnologías de comunicaciones para evitar la vigilancia, incluyendo la instalación de separadores de fibra óptica en los centros de transmisión. 

El informe también llega a la conclusión que el marco de vigilancia de EE.UU. es ilegítimo debido a que aplica estándares menos favorables a ciudadanos de otros países que a sus nacionales, lo que constituye una violación al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).

EE.UU justifica la legalidad de su vigilancia de las comunicaciones haciendo referencia a distinciones que, en el contexto actual de la tecnologías de comunicaciones, son irrelevantes para verdaderamente proteger la privacidad en una sociedad moderna. EE.UU. se basa en la distinción anticuada entre “contenido” y “metadata,” argumentando falsamente que la última no revela datos privados acerca de un individuo. 

EE.UU. también discute que la recolección de datos no es vigilancia—argumenta, en contra de tanto el derecho internacional como de los Principios, que los derechos de privacidad de un individuo no son vulnerados hasta tanto los datos de sus comunicaciones no sean analizados por seres humanos. Es claro que la práctica de vigilancia digital realizada por EE.UU. ha superado los límites de los estándares de derechos humanos. Lo que nuestro trabajo espera mostrar es exactamente cuándo el país cruzó la línea, y cómo sus propios políticos y la comunidad internacional podrían frenarlo.

Ahora que ya pasó un año es claro que necesitamos actualizar nuestra infraestructura técnica global y las legislaciones locales, consistentes con los largamente establecidos estándares internacionales de derechos humanos para recuperar un grado razonable de privacidad. Específicamente, debemos terminar con la vigilancia masiva. Los políticos en cada país necesitan ponerse de pie contra las incursiones de la NSA en sus territorios. EE.UU. necesita reformar su legislación para reconocer el derecho a la privacidad a los extranjeros inocentes.

Los activistas por los derechos humanos, los expertos en tecnología y los defensores de la internet abierta en todos los países deben trabajar juntos para impulsar la protección de la privacidad en las comunicaciones digitales a nivel nacional y global en todo el mundo. Los Trece Principios de vigilancia de las comunicaciones representan un fuerte intento a nivel global para hacer frente a este desafío. Visite el sitio de los Trece Principios [en] para aprender más acerca del proyecto y descubrir cómo puede participar. 

Los contenidos de este post se publicaron inicialmente en el sitio web de la Electronic Frontier Foundation [en].

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