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Las leyes sobre Economía Digital en Tailandia podrían agravar la represión a los medios

Thailand's military-appointed National Legislative Assembly in session. The body will deliberate the ten digital economy bills submitted by the Cabinet. Photo by John Vincent, Copyright @Demotix (1/16/2015)

Sesión de la Asamblea Legislativa Estatal de Tailandia, nombrada por los militares. El órgano deliberará acerca de los diez proyectos de ley sobre economía digital presentados por el Consejo de Ministros. Foto de John Vincent, Copyright @Demotix (1/16/2015)

El gobierno de Tailandia, que tiene el respaldo de los militares, ha presentado diez iniciativas sobre economía digital que, según algunos activistas, violan los derechos humanos de los usuarios de Internet y telefonía móvil del país.

Funcionarios del gobierno declaran que las propuestas presentadas son necesarias para que Tailandia sea más competitiva y esté mejor equipada para competir en la economía digital global. Sin embargo, para ciertas asociaciones de la sociedad civil, los borradores de esta ley son “iniciativas sobre seguridad nacional encubiertas” que pueden restringir todavía más los derechos de los ciudadanos tailandeses.

El ejército tailandés que se hizo con el poder el pasado mayo, ha promulgado una constitución provisional y ha implantado leyes restrictivas para los medios de comunicación y prohibido las protestas públicas.

En una reunión del Consejo de Ministros de principios de enero de 2015, el gobierno sorprendió a muchos cuando anunció el plan de aprobar este año diez leyes relacionadas con Internet, algunas de las cuales buscan actualizar normas ya existentes como la Ley sobre Delitos Informáticos. Las normas son las siguientes:

1. National Digital Committee for Economy and Society Bill
2. Ministry of Digital for Economy and Society Bill
3. Electronic Transaction Bill (amendment)
4. Computer-related Crime Bill (amendment)
5. Cybersecurity Bill
6. Personal Data Protection Bill
7. Digital Economy Promotion Bill
8. Digital Development for Economy and Society Fund Bill
9. Broadcasting and Telecommunication Regulator Bill (amendment)
10. Electronic Transaction Development Agency Bill (amendment)

1. Ley sobre el Comité Nacional Digital para la Economía y la Sociedad
2. Ley del Ministerio de Digitalización de la Economía y la Sociedad
3. Ley sobre las Transacciones Electrónicas (enmienda)
4. Ley sobre Delitos Informáticos (enmienda)
5. Ley sobre la Seguridad Cibernética
6. Ley sobre la Protección de Datos Personales
7. Ley sobre la promoción de la Economía Digital
8. Ley de Financiación del Desarrollo Digital para la Economía y la Sociedad
9. Ley reguladora de de las Emisiones y Telecomunicaciones (enmienda)
10. Ley del Organismo de Desarrollo de las Transacciones electrónicas (enmienda)

Para la Thai Netizen Network (Red de Internautas Tailandeses), una agrupación defensora de los derechos humanos con sede en Bangkok, muchas de las disposiciones de estos proyectos de ley “permiten a las autoridades buscar, confiscar, acceder e interceptar comunicaciones sin control ni ponderación de parte de ninguna autoridad judicial fiable y, en al algunos casos, estos actos se pueden realizar sin pruebas sólidas”.

La agrupación alertó que las propuestas gubernamentales violan la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el derecho de guardar la información personal y que “afectarán la confianza de los operadores comerciales relacionados con la información y la comunicación”. 

Muchos activistas han señalado que el artículo 35 de la Ley sobre Seguridad Cibernética da poderes más amplios de indagación a las autoridades, permitiéndoles llevar a cabo una vigilancia electrónica sin tomar responsabilidades ante ninguna entidad judicial. Dichas disposiciones establecen que las autoridades tendrán derecho a:

…gain access to information on communications, either by post, telegram, telephone, fax, computer, any tool or instrument for electronic media communication or telecommunications, for the benefit of the operation for the maintenance of Cybersecurity.

…obtener acceso a información sobre comunicaciones, tanto por correo postal, telegrama, teléfono, fax, ordenador, cualquier herramienta o instrumento para la comunicación por medios electrónicos o telecomunicaciones para el beneficio de la operación de mantenimiento de la seguridad cibernética.

Aunque la interceptación de datos ya estaba incluida en la Ley de Delitos Informáticos de 2007, la reforma “ampliará el alcance de este artículo para permitir que se use también, para la investigación de otros delitos no relacionados con la informática”. Otra cuestión en juego es el menoscabo de la protección de datos personales debido a la Ley de Protección de Datos Personales.

Al rechazo de la reforma por la Thai Netizen Network se le unieron otras organizaciones de la sociedad civil como FTA Watch, Foundation for Community Education Media, Green World Fundation, People's Media Development Institute y la Thailand Association for the Blind, que manifiestan que estas leyes “allanarán el camino para un monopolio estatal en el negocio de las telecomunicaciones”. 

Se inició una petición para oponerse a estas propuestas. A la fecha de este artículo ya la habían firmado 18 000. Los signatarios señalaron que “se suprimieron los tres escaños que tenían los representantes de los derechos de los consumidores y se sustituyeron por dos escaños para los representantes de la seguridad nacional”. 

Por su parte, el gobierno admitió que los borradores de las llamadas leyes de economía digital se hicieron de forma apresurada y que puede que haya diversos errores en algunos de los documentos. Surangkana Wayuparb, director general del Organismo de Desarrollo de Transacciones Electrónicas, aseguró a los ciudadanos que el gobierno no pretende utilizar las propuestas de ley para suprimir sus derechos políticos.

Si bien es importante que Tailandia apruebe nuevas leyes y políticas relacionadas con la economía digital, debe hacerlo de un modo transparente y negociado con todos los interesados. El gobierno también debe escuchar la petición de diversas agrupaciones de derechos humanos para reformar o derogar las leyes existentes que limitan la libertad de expresión. 

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