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Riesgoso parto de madre preadolescente reaviva preocupaciones por el derecho al aborto en Paraguay

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Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de mortalidad materna se ve cuadriplicado en niñas menores de 16 años, en comparación con madres mayores a 20 años. Foto: Flickr / Philippe, Creative Commons.

Cada año, centenares de manifestantes en favor del derecho al aborto y activistas por los derechos de las mujeres salen a las calles de Asunción a manifestarse en contra de la criminalización del aborto. Este año, ese número casi se duplicó, ya que el caso de Mainumby, de 11 años de edad, volvió a centrar la atención en el tema tabú.

Conocida simplemente como Mainumby por cuestiones legales, la joven niña originaria de Paraguay tenía solo 10 años cuando quedó embarazada tras ser violada en repetidas ocasiones por su padrastro. Luego de que el gobierno de Paraguay le negara la posibilidad de interrumpir su embarazo, Mainumby fue forzada a soportar 9 meses de gestación hasta el nacimiento de su bebé a mediados de agosto. Funcionarios paraguayos insistieron en que la niña no calificaba para un aborto ya que su vida no se encontraba en peligro.

La niña de once años dio a luz en un hospital de la Cruz Roja en Asunción, la capital del país. La beba nació por cesárea, ya que los doctores temían que un parto natural fuera muy peligroso para una niña tan joven. Afortunadamente, tanto Mainumby como su hija se encuentran estables, aunque solo el tiempo dirá qué efectos dejará semejante experiencia traumática en la joven madre.

En Paraguay, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, el aborto es ilegal. La ley estipula que un embarazo solo puede ser interrumpido cuando la vida de la madre se encuentra en riesgo. Las autoridades decidieron que el embarazo de Mainumby no ponía en peligro su vida y el trauma emocional y físico que ella sufriría no fue tenido en cuenta.

Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de mortalidad materna se ve cuadriplicado en niñas menores de 16 años, en comparación con madres mayores de 20 años. Los problemas físicos y emocionales que conlleva la gestación también son considerablemente mayores.

Erika Guevara, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, advierte que Mainumby tiene suerte de estar viva:

The fact that Mainumby did not die does not excuse the human rights violations she suffered at the hands of the Paraguayan authorities, who decided to gamble with her health, life and integrity despite overwhelming evidence that this pregnancy was extremely risky” – Erika Guevara, Americas director at Amnesty International

“El hecho de que Mainumby no muriera no excusa las violaciones a sus Derechos Humanos por parte de las autoridades paraguayas, que decidieron sin más arriesgar su salud, su vida y su integridad a pesar de haber evidencia abrumadora sobre los riesgos extremos de este embarazo” – Erika Guevara, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La historia de Mainumby ha puesto de manifiesto la injusticia y la desigualdad que causan el sufrimiento de mucha gente a lo largo del país. La ley anti-aborto tiene mayor impacto sobre los miembros más pobres de la sociedad. Si la pequeña niña hubiese provenido de una familia adinerada, habría podido cruzar la frontera o acceder a una clínica privada, en donde el procedimiento habría sido llevado a cabo ilegalmente pero de forma segura. Desafortunadamente para ella, su familia no tuvo los medios para escapar a las leyes paraguayas, y fue obligada a poner su vida en peligro.

Guevara también cuestiona la representación de las mujeres en el país. “Las leyes represivas sobre el aborto en Paraguay tienen sus orígenes en una discriminación arraigada hacia las mujeres y niñas. Parece que el sistema legal del país -y varios sectores de la sociedad- ven a las mujeres como apenas algo más que incubadoras”. La ley anti-aborto les niega a las mujeres el derecho a decidir qué sucede con sus propios cuerpos. Al sacarles el derecho a elegir interrumpir sus embarazos, Guevara afirma que las autoridades paraguayas están mostrando una falta de respeto hacia la autoridad de la mujer sobre su propio cuerpo. Esto, afirma, sugiere que el estado considera más importantes “dogmas tradicionales y anticuados” que la vida de una niña.

Paraguay es un país mayoritariamente católico, con el 80% de los adultos pertenecientes a la iglesia Católica Apostólica Romana. Es posible, por no decir probable, que la mayoría de las mujeres paraguayas elegirían no abortar ante un embarazo no deseado, ya que creen que la vida comienza en la concepción.

Organizaciones como Avaaz y Amnistía Internacional han organizado campañas y peticiones a favor de la legalización del aborto en niñas menores de 15 años. Las autoridades, sin embargo, se han rehusado a cambiar de opinión.

Las mujeres acudieron a Twitter para expresar su solidaridad con la pequeña Mainumby, y la etiqueta #niñaenpeligro fue creado en protesta contra la decisión.

El caso de Mainumby es común, no solo en Paraguay sino en toda Latinoamérica. Este mes se cumplen 3 años desde que “Esperancita”, de 16 años de edad, murió de leucemia luego de que se le negara tratamiento en la República Dominicana porque estaba embarazada. Desde la trágica muerte de la adolescente, la República Dominicana ha cambiado sus leyes y ahora permite el aborto en algunos casos extremos.

Las autoridades paraguayas insisten en que están trabajando para combatir el problema del abuso infantil y los embarazos en menores de edad, y se habla de subir la sentencia por abusar de un menor. Sin embargo, Paula Avila-Guillen, la asesora de incidencia para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, insiste en que el país debería enfocarse en hacer más por la víctima con “una ley de aborto que ponga a las niñas y a las mujeres primero”.

Según cifras oficiales, dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en Paraguay, mayormente como resultado de abuso sexual por parte de sus familiares dentro de sus hogares.

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