Tailandia: Nueva ley de delitos informáticos amenaza la libre expresión y el cifrado

Activists stage a rare protest in Bangkok a few days after the passage of the revised Computer Crimes Act. Image from Prachatai

Los activistas escenifican una extraña protesta en Bangkok pocos días después de aprobarse la modificación a la Ley de Delitos Informáticos. Imagen de Prachatai, utilizada con permiso.

El 15 de diciembre, la Asamblea Legislativa Nacional de Tailandia votó por unanimidad la aprobación de una reforma a la Ley de Delitos Informáticos del 2007. La nueva ley, que entrará en vigor en 180 días, ha sido criticada por numerosos grupos de derechos humanos por incluir disposiciones que amenazan con socavar aún más la libertad de expresión dentro de Tailandia.

La ley fue aprobada por un parlamento cuyos miembros fueron nombrados por las fuerzas armadas, que tomaron el poder mediante un golpe en el 2014. La junta declaró que era necesario reformar la ley para combatir los delitos informáticos, pero sus críticos consideran que la verdadera intención es reprimir la disidencia.

Una petición en línea iniciada por la Red de Internautas de Tailandia contra la ley ha reunido más de 370.000 firmas. La petición citó algunas de las disposiciones de la ley que podrían usar las autoridades para intimidar a los medios e, incluso, a los usuarios comunes de internet.

Por ejemplo, la sección 14 penaliza el envío de “datos informáticos falsos” o contenido de internet que perjudique “el mantenimiento de la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad económica nacional o la infraestructura pública que sirve al interés público, o que cause pánico en el público”.

El periódico Bangkok Post desconfía de esta disposición:

There is no clear definition of what acts may be construed as being in breach of this section. Will criticizing the government's megaprojects qualify as damage to national security or public infrastructure? How about opinions about the state of the country's economy?

No hay una definición clara sobre los actos que se pueden interpretar como violación a esta sección. ¿Criticar los megaproyectos del gobierno se califica como un daño a la seguridad nacional o la infraestructura pública? ¿Y qué hay de las opiniones sobre el estado económico del país?

La junta de Tailandia impulsa una ley que puede censurar y procesar a los activistas de derechos humanos que sean señalados por difundir información «falsa/distorsionada» o una amenaza a la seguridad.

Por otra parte, la sección 15 podría llevar a la autocensura por parte de los proveedores de servicios de internet porque penaliza a todo aquel que «colabora con [la difusión de] datos informáticos falsos». Además, esta sección permite a los funcionarios obtener datos del tráfico de internet desde los ISP sin una orden judicial, lo que puede significar mayores costos que afectarán negativamente tanto a las empresas como a los consumidores.

La sección 16 penaliza la posesión de información que el juzgado haya ordenado destruir. Esta disposición podría obstaculizar el trabajo de investigadores y periodistas. Algunos muestran preocupación por que las autoridades puedan recuperar el caché de la computadora o el historial de búsqueda de internet de cualquier internauta para investigar si almacenan contenidos prohibidos.

La sección 18 permite a las autoridades acceder a datos cifrados. No aclara cómo se llevaría a cabo esto en la práctica.

La sección 20 faculta a un comité nombrado por el gobierno para vigilar e, incluso, ordenar la eliminación del contenido web peligroso. El Bangkok Post se refirió a esta disposición cuando publicó una editorial que critica la reforma de la ley:

The draft amendment's most serious shortcoming is in its giving too much power for state authorities to make their own judgement whether certain actions may be deemed in violation of the law.

El inconveniente más grave del proyecto de reforma es que otorga demasiado poder a las autoridades estatales para emitir sus propios juicios sobre si determinadas acciones se consideran una violación a la ley.

Aunque la ley aún no ha entrado en vigor, las autoridades ya bloquean agresivamente los contenidos de internet ‘dañinos’, especialmente aquellos que consideran irrespetuosos hacia la monarquía. Tailandia cuenta con una estricta ley de lesa majestad (contra el insulto a la realeza) a la cual, según algunos activistas, la junta da un uso abusivo para asediar y detener a sus críticos. Según el gobierno, en octubre cerraron 1.370 sitios web por violar la ley de lesa majestad. Es demasiado si lo comparamos con los 1.237 sitios que cerraron en los últimos cinco años.

La ley de delitos informáticos modificada: la caricatura del día.

El primer ministro Prayuth Chan-ocha defendió la ley insistiendo en que no violaría las libertades civiles. También algunas empresas recibieron con agrado la sanción de la ley que creen protegerá sus derechos de propiedad intelectual e impulsará el desarrollo de la economía digital.

Sin embargo, también se organizaron protestas días después de la sanción de la ley en el parlamento. El grupo activista en línea Citizens Against Single Gateway alega haber hackeado varios sitios del gobierno.

Cuando el gobierno se niega a escuchar la voluntad del pueblo, el pueblo se enoja.

El gobierno tailandés quiere vigilar la red, la policía tailandesa no es capaz de proteger sus propios datos de Anonymous. ¿Tu información está segura con ellos?

La Red de Internautas de Tailandia reconoció la solidaridad de Anonymous pero también pidió al grupo que piense en la protección de datos de los usuarios de internet comunes:

Anonymous, gracias por el apoyo. Quedó claro su punto. Un nuevo hackeo puede perjudicar más a los ciudadanos tailandeses que a la junta. Por favor, ¿pueden evitar los datos de los ciudadanos? Gracias :)

Varios grupos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Asia y el Comité para la Protección de los Periodistas también emitieron declaraciones donde expresan su preocupación por la aprobación de la ley.

Este video del periódico The Nation resume la crítica de los grupos de medios hacia las disposiciones ambiguas y problemáticas de la ley:

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