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Ley indonesia para disolver grupos extremistas pone en peligro las libertades civiles

Organizaciones de masas indonesias también se ven afectadas por nueva legislación que da Gobierno el poder de proscribir a los grupos que pongan en peligro a la unidad nacional. Foto en Flickr de Jordi Bernabeu Farrús (CC BY 2.0).

La Cámara de Representantes de Indonesia aprobó un decreto presidencial que otorga al Gobierno el poder para desbaratar organizaciones sin orden judicial previa, pese a los reclamos de expertos en legislación y activistas de derechos humanos, que consideran que esta ley pone en riesgo a las libertades civiles.

El presidente Joko Widodo (Jokowi) solicitó el 10 de julio de 2017 una enmienda a la ley 17/2013 sobre organizaciones de sociedad civil. La enmienda deja fuera de la ley a grupos que violen o amenacen con dañar la ideología de estado pluralista, que se conoce como Pancasila.

Jokowi explicó que esta medida es necesaria para preservar la unidad nacional y la diversidad en el marco del creciente poder de los grupos islámicos extremistas.

En Indonesia se encuentra la mayor población musulmana del mundo y se jacta de promover una mirada moderada del Islam. Sin embargo, en los últimos años, algunas organizaciones se tornaron agresivas a la hora de imponer doctrinas intolerantes, lo que alarmó a las autoridades ante el peligro de que se propague la discriminación por motivos religiosos.

En particular, el Gobierno busca proscribir a organizaciones como la rama local de Hizb ut-Tahrir (HTI), grupo que busca establecer un califato en el país. HTI fue uno de los grupos que movilizaron a decenas de miles de seguidores y consiguieron deponer a Ahok, el gobernador cristiano de Jakarta, acusado de no respetar al Islam. Ahok, el exgobernador de Yakara, es aliado de Jokowi.

Si bien muchos grupos laicos y activistas de derechos humanos se mostraron a favor de que el Gobierno tome medidas para frenar el avance del HTI, expresaron también su preocupación por el impacto que la nueva legislación puede tener en lo que respecta a otros grupos del país. Señalaron que esta ley le da al Poder Ejecutivo amplios poderes y demasiada discrecionalidad para decidir qué grupos son considerados una amenaza para la unidad nacional. Agregaron que el decreto compromete las libertades civiles y otros derechos garantizados en la constitución.

El periodico Jakarta Post publicó un editorial donde advierte sobre “la resurrección del fantasma del autoritarismo”:

The new law gives the government a blank check to outlaw any organization or group it pleases on the grounds that their platforms or activities run counter to the state ideology or the Constitution.

There is no guarantee the current or future governments will not be tempted to exercise the new power to quell critics or opposition using the pretext of national security.

Esta nueva ley le otorga al Gobierno carta blanca para proscribir a cualquier organización o grupo que quiera acallar, con el pretexto de que sus plataformas o actividades van en contra de la ideología del estado o de la Constitución.

No existen garantías de que este gobierno o los gobiernos futuros no se vean tentados a usar este nuevo poder para acallar las críticas o a la oposición con el pretexto de asegurar la seguridad nacional.

Indonesia estuvo bajo el régimen del general Suharte desde 1965 hasta 1998, y se le acusó de violar los derechos de miles de indonesios.

La Fundación de Ayuda Legal de Indonesia revisó la ley y concluyó que de esta manera “se perpetúa un artículo que permite interpretaciones múltiples de blasfemia”, lo que puede resultar en la criminalización de actividades que las autoridades consideren una amenaza.

Usman Hamid, director de Amnistía Internacional Indonesia, le recordó al gobierno de Jokowi que existen alternativas superadoras para combatir el extremismo:

There are many ways for the Indonesian government to combat radicalism and defend social cohesion. Removing almost all meaningful legal protections of freedom of association is not the way to do that. Indonesia’s pluralist politicians and civil society are understandably deeply antagonistic towards the anti-democratic mission of groups like Hizbut Tahrir Indonesia. So are we. But we should recognise that the same laws that protect HTI from arbitrary state action are the ones that protect the forces of democracy and human rights as well.

Existen muchas formas en que el Gobierno indonesio puede combatir el radicalismo y defender la cohesión social. Retirar prácticamente todas las protección legales significativas a la libertad de asociación no es la manera indicada. Los políticos pluralistas y la sociedad civil de Indonesia se oponen con fuerza, y con razón, a la misión antidemocrática de grupos como Hizb-ut Tahir. Nosotros también manifestamos nuestra oposición. Sin embargo, hay que reconocer que las mismas leyes que protegen al HTI de acciones estatales arbitrarias son también las que protegen a las fuerzas de la democracia y a los derechos humanos.

La académica local Deasy Simandjuntak cuestionó la pertinencia de las formas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a grupos como HTI:

The Indonesian government is walking on thin ice as it navigates between the need for stability and security on the one hand, and its democratic commitment to ensuring political freedom for all Indonesians on the other.

The rise of intolerance does call for stronger government intervention in curbing the growth of hardline groups. However, the question remains whether an expansion of powers that gives the Indonesian government close to unfettered discretion to define which groups to sanction is the best way forward.

El Gobierno indonesio está entre la espada y la pared, tiene que decidir entre sentar las bases de la estabilidad y la seguridad por un lado, y mantener su compromiso democrático de ser garante de la libertad política para todos los indonesios por el otro.

El aumento de la intolerancia pide una intervención más severa del Gobierno para poner freno al crecimiento de grupos extremistas. Sin embargo, la cuestión es si una expansión de poderes que le otorga al Gobierno indonesio prácticamente discrecionalidad sin límites para definir a qué grupos sancionar es el paso apropiado a seguir.

Por su parte, el Gobierno insistió en que la ley es constitucional. Jokowi celebró el pedido de revisar algunas partes de la ley. De los 445 miembros de la Cámara de Representantes, 314 votaron a favor de la ley. Seis de los diez partidos políticos aprobaron la medida.

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