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Netizen Report: ¿Puede el Gobierno de Brasil usar Google para manipular a la opinión pública?

Protesta contra Temer en San Pablo, agosto de 2016. Rovena Rosa/Agência Brasil desde Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

El Netizen Report de Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo.

Un artículo del 12 de enero del sitio web de O Globo, uno de los diarios brasileños más leídos, afirmaba que el Gobierno de Brasil quería trabajar con Google para personalizar los resultados de búsquedas para los usuarios brasileños, tomando como parámetros su ubicación y, posiblemente, otros aspectos.

Según el artículo de O Globo, que no menciona fuentes, el Gobierno espera personalizar los resultados de las búsquedas relacionadas con un controvertido proyecto de ley de reforma de pensiones que se votará en el Congreso próximamente. Google no ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema.

O Globo informa que los miembros del gabinete del presidente Michel Temer se reunieron con representantes de Google a comienzos de enero para analizar la viabilidad de dirigir las búsquedas de los usuarios hacia los contenidos oficiales que genera el Gobierno. Según el artículo:

It would work more or less like this: a rural worker who searches ‘pension reform’ would see content that explains that this category of worker won't be affected by the current version of the bill.

Más o menos, funcionaría así: un trabajador rural que busca ‘reforma de pensiones’ accedería a los contenidos que explican que esa categoría de trabajadores no se vería afectada por la actual versión del proyecto de ley.

El impopular proyecto de reforma de pensiones es el componente más audaz del plan de austeridad de Temer, que tiene como objetivo controlar el déficit público. El Gobierno ha tratado de obtener apoyo para el proyecto de ley en el Congreso desde fines de 2016, y ha propuesto versiones posteriores más moderadas. Ahora, hay mucho más en juego puesto que a los legisladores les preocupa perder la oportunidad de ser reelectos en octubre si apoyan un proyecto tan poco popular.

Si Google accediera a tal propuesta, la empresa restaría valor a sus argumentos anteriores sobre el servicio que brinda. En numerosas demandas, donde se incluyen muchos casos de Brasil, los abogados de Google sostuvieron que el motor de búsqueda es un “intermediario neutral”, un conjunto de algoritmos diseñados para mostrar a los usuarios la información “pertinente”, de acuerdo a una serie de mediciones (muy subjetivas) pensadas para decidir la pertinencia.

Esta idea también plantea preguntas importantes sobre la investigación del Marco Civil de Internet de Brasil. Aprobada en 2015, poco después de iniciarse el proceso de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, la ley protege la neutralidad de la red y prohíbe la “discriminación o degradación del tráfico con propósitos comerciales, aunque se permiten para casos de emergencia y catástrofes públicas”. No hace referencia explícita a los contenidos que discriminan por motivos políticos.

Gobierno de Etiopía paga a usuarios para que promuevan sus objetivos… y asedien a sus opositores

Varios documentos y registros de chat filtrados por posibles fuentes internas del régimen revelan que el Gobierno de Etiopía paga a comentaristas de las redes sociales para que ejerzan influencia a favor del Gobierno en las conversaciones en línea. Entre los documentos, se encuentra una lista de personas y el monto exacto pagado a cada una por las publicaciones en favor del Gobierno y contra la oposición. La mayoría de los que están en la lista ya son empleados del Gobierno. Estas revelaciones se condicen con las campañas en línea cada vez más agresivas en favor del Gobierno y contra la oposición, que coincidieron, además, con el aumento del discurso de odio y la persecución en línea a los periodistas independientes.

Los reguladores mexicanos amenazan a la red de telefonía comunitaria por la exención de pagos

Es posible que Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, la primera y única asociación de proveedores de servicios de las comunidades indígenas, se vea forzada a cesar sus actividades luego de que el regulador nacional de comunicaciones de México le exigiera el pago de un millón de pesos (US$54,000) por el uso de las bandas de frecuencia radioeléctricas. Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias solicitó una exoneración del pago de derecho a uso por no tener fines de lucro ni hacer uso comercial de la red, solicitud que fue aceptada como parte de su acuerdo inicial para el otorgamiento de la licencia. A un año de empezar a operar, su solicitud de exoneración fue denegada. El grupo va a apelar la resolución.

Ley mordaza de medios sociales se extiende a los empleados universitarios de Jammu y Cachemira

Esta semana, el cuerpo docente y el personal de la Universidad de Jammu, ubicada al norte del estado indio de Jammu y Cachemira, se enteraron de que la regulación de 2017 que limita el discurso de los empleados estatales sobre determinados temas en línea alcanzará también a los empleados universitarios. La norma de 2017 indica que “ningún empleado estatal podrá mostrar conductas criminales, deshonestas, inmorales o notoriamente vergonzosas en los medios sociales que puedan resultar perjudiciales para el Gobierno”.

Irán tiene una ley de Acceso a la Información, y Rouhani quiere empezar a usarla

Las protestas que se desataron en Irán hacia fines de diciembre podrían abrir una puerta para que el Gobierno ponga en práctica la ley nacional de Acceso a la Información, aprobada en el 2009 pero que aún no se aplicó en su totalidad. Frente a las protestas, el presidente iraní Hassan Rouhani dio un discurso sobre la importancia de la transparencia para la buena gestión, y sostuvo que “no existe otro camino que no sea la claridad para eliminar la corrupción de raíz; debemos estar en un cuarto de cristal para que la gente vea todas las medidas que adoptamos”.

El barco que se hunde sucumbe ante la censura bajo la ley alemana contra el discurso de odio

Twitter bloqueó la cuenta de la revista satírica Titanic bajo la ley alemana recientemente aplicada contra el discurso de odio, la NetzDG. La cuenta de la revista se mantuvo bloqueada durante 48 horas luego de haber reprodicido un artículo eliminado que parodiaba los tuits contra los musulmanes de un político alemán de extrema derecha, según explica Columbia Journalism Review. La ley establece un plazo de 24 horas para que las plataformas de redes sociales eliminen las publicaciones denunciadas como ilegales por los usuarios.

Reino Unido busca alguna forma de combatir la desinformación

El Gobierno del Reino Unido está preparando un grupo de trabajo especializado en seguridad nacional para combatir la desinformación que difunden las entidades estatales, en el marco de una investigación sobre las alegaciones de que Rusia intervino en la campaña del referéndum del Brexit de 2016. Todavía no se revelan detalles sobre las funciones de la nueva unidad.

La Agencia de Seguridad Nacional presta más atención de la que pensamos

Un nuevo informe de The Intercept revela que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos cuenta con una tecnología que identifica personas mediante el sonido de la voz, capturado en un archivo especial llamado “huella de voz”. El informe recurre a documentos clasificados de fechas que van del 2004 al 2012 y señala que las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya utilizaban esta tecnología en las operaciones de contraterrorismo desde la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. El informe despierta inquietudes legales sobre el derecho a la privacidad, en especial porque los identificadores de voz son un tipo singular de datos biométricos.

La ONU afirma que más gente necesita acceso a internet, especialmente las mujeres

La Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas anunció los nuevos objetivos para 2025 de dar apoyo a la expansión del aceso a la internet global, con el propósito final de conectar al 50% de los habitantes del mundo que hoy se encuentran fuera de línea. Los objetivos de 2025 urgen a los países a establecer planes nacionales de banda ancha, hacer más asequible el acceso a internet y aumentar las oportunidades de mejorar las capacidades informáticas.

La comisión también redujo el umbral de “asequibilidad” del acceso a internet del 5% a menos del 2% mensual del ingreso nacional bruto (INB) per cápita, lo que refleja una mayor sensibilidad ante la desigualdad de ingresos. Esta proporción la planteó por primera vez la Alianza por una Internet Asequible en su informe de asequibilidad 2016. Los objetivos también plantean la igualdad de género en todas las áreas de uso de internet y reconoce que las mujeres y las niñas pertenecen a los grupos con menos probabilidad de beneficiarse de la economía digital.

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