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¿Podrá la ley de protección de datos de Jamaica proteger a los políticos del escrutinio periodístico?

Sesión especial del Parlamento jamaicano en Gordon House. Foto de Number 10, CC BY-NC-ND 2.0.

Luego de la implementación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, los jamaicanos están debatiendo las consecuencias de dos nuevas leyes para regir la recopilación y protección de datos personales. Los legisladores dicen que estas leyes podrían alinear más de cerca al sistema jamaicano con las recién implementadas reglas en Europa.

La primera es la ley protección de datos, aprobada en noviembre de 2017, que busca fortalecer la capacidad de los ciudadanos de controlar el uso de sus datos y activamente decidir cómo terceros la pueden y no la pueden usar. La segunda es la ley de identificación y registro naxional, que regiría los sistemas de identificación nacional nacional (NIDS, por su nombre en inglés) del país. La propuesta de ley de protección de datos también apunta a fortalecer NIDS.

La intersección entre las dos normas no está completamente clara, y las preocupaciones del público sobre las leyes –y sus posibles inconvenientes– siguen surgiendo.

En un foro reciente, “Protección de datos y tú”, periodistas de la Asociación de Prensa de Jamaica expresaron su preocupación por la ley de protección de datos para su sector.

Dionne Jackson Miller, presidenta de la asociación de prensa, observó que la ley de protección de datos tiene 112 páginas y es difícil de asimilar –y en Jamaica, reformar leyes es un largo proceso– por lo que es fundamental que le ley quede bien a la primera vez:

VEAN: La presidenta de la Asociación de Prensa de Jamaica, Dionne Jackson Miller, dice que es muy importante que haya un serio estudio antes de aprobar la ley de protección de datos porque en Jamaica toma años cambiar años las leyes malas.

Aunque no se opone al concepto de una ley de privacidad de datos, la Asociación de Prensa de Jamaica discrepa con varios artículos de la ley. Aunque el periodismo, las obras artísticas y literarias están exoneradas de la legislación propuesta, estipula que las personas pueden negarse fácilmente a conceder permiso para usar o publicar información, que podría tener un efecto adverso en las capacidades de los periodistas para informar –particularmente a quienes están en el poder– sin oponerse a la ley.

A pesar de las exoneraciones para periodistas en la ley de protección de datos, Dionne Jackson Miller dice que a la Asociación de Prensa de Jamaica le preocupa la experiencia británica, donde personas poderosas usan legislación similar para impedir que las investiguen.

La organización no gubernamental internacional Reporteros sin Fronteras apoya esta preocupación, y ha escrito a Andrew Wheatley, ministro de Ciencia, Energía y Tecnología de Jamaica, que preside la comisión parlamentaria que revisa la legislación:

While we do not dispute the existence of this Bill, which is meant to protect the private data of consumers, the Bill does not adequately distinguish gathering ‘data’ for journalistic activities from gathering data for regular commercial purposes. RSF believes the Bill may have a chilling effect on press freedom that could outweigh its benefits.

We acknowledge and appreciate that the drafted legislation considers press freedom, as indicated by section 37, which exempts journalists from a number of provisions data controllers—those who obtain, process, or use data—are obliged to follow. However, we believe the Bill should clearly exclude journalistic activity from its scope. A clear blanket exemption for journalists should be provided instead of a handful of provisions from which journalists are exempt.

Aunque no discutimos la existencia de esta ley, destinada a proteger los datos privados de los consumidores, este proyecto no distingue adecuadamente reunir ‘datos’ para actividades periodísticas a reunir datos para propósitos comerciales [que] pueden afectar la libertad de prensa. Reporteros sin Fronteras cree que la ley puede afectar tanto la libertad de prensa que podría eclipsar sus beneficios.

Reconocemos y apreciamos que el proyecto de legislación considere la libertad de prensa, como lo indica la sección 37, que exonera a los periodistas de varias disposiciones que los controladores de datos —quienes obtienen, procesan o usan los datos— están obligados a seguir. Sin embargo, creemos que el proyecto debe excluir claramente la actividad periodística de su ámbito. Se debe establecer una clara exoneración general para los periodistas en vez de una serie de disposiciones de las que los periodistas están exonerados.

Varias preocupaciones de gobernabilidad se están expresando en medios tradicionales y medios sociales –sonaron alarmas con respecto al rol del todopoderoso comisionado de información que supervisaría el cumplimiento de la ley, asesoraría al ministro y serviría como árbitro en disputas. El comisionado también designaría a un funcionario “independiente” de protección de datos. A los medios les incomodó el alcance del comisionado, y el rol del ministro de Tecnología en lo referente a la libertad de prensa.

El sector privado de Jamaica también tuvo objeciones con la ley propuesta. Jennifer McDonald, directora ejecutiva de la organización, la llamó “otra carga al sector privado”, y señaló un impacto negativo en miles de pequeñas y medianas empresas, como los pequeños restaurantes de barrio –algo que la fundación Slash Roots también abordó en su solicitud al Parlamento. ¿Cómo afectará la legislación al “hombre común y corriente”?

Un especialista jamaicano de internet tuiteó que esa no es una preocupación exclusiva de los negocios pequelos. Digicel, proveedor regional de telecomunicaciones es una de varias grandes empresas internacionales preocupadas –puesto que Jamaica es el primer país caribeño en presentar este tipo de legislación– puede crear problemas para sus vecinos de la Comunidad del Caribe (CARICOM):

Digicel dice que la ley de datos puede afectar el espacio de tecnologías de la información y la comunicación del Caricom.

La Sociedad de Computación de Jamaica coincidió con Digicel, que ha propuesto para introducción por etapas de la ley de protección de datos, y sugiere un periodo de implementación de tres años.

Por su parte, el ministro Andrew Wheatley ha anunciado la creación de una academia para fortalecer la ciberseguridad de Jamaica, en colaboración con el Gobierno israelí –y detalles como este hicieron que los comentarios finales del moderador del foro público fueran una conclusión ineludible:

Necesitamos más información y más diálogo público, concluye el maestro de ceremonia del foro de la Comisión Reguladora de Jamaica.

Son asuntos muy complejos y delicados que sin duda afectarán a los ciudadanos de Jamaica. ¿Las cosas avanzan muy rápido? Parece que se necesita más tiempo para la discusión, el diálogo y la difusión de información –de forma digerible– al “ciudadano de a pie”, aun cuando el actual gobierno probablemente deba enfrentar más desafíos y demorar antes de que el proyecto se apruebe.

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