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Coalición de agricultores desplazados recupera camino al sustento sostenible a nueve años de devastador terremoto de Haití

Miembros de Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè y algunos defensores legales del Consejo para la Rendición de Cuentas que ayudaron al colectivo de agricultores a defender sus derechos tras ser desplazados de sus tierras para dar lugar a un proyecto de “recuperación tras el terremoto”. Fotografía cortesía del Consejo para la Rendición de Cuentas, usada con autorización.

El 12 de enero, 2019 se cumplieron nueve años desde que el desastroso terremoto de magnitud 7.0 azotó Haití que destruyó gran parte de su infraestructura, paralizó su ya débil economía y provocó cientos de miles de muertos. Los haitianos perdieron a sus seres queridos, hogares, sustento y futuro.

Este año, en lugar de recordar únicamente la devastación, un grupo de agricultores haitianos redefinió lo que el aniversario del terremoto significa para ellos mediante la firma de un acuerdo histórico que proporcionará compensación a alrededor de 4000 personas en el noreste de la isla que fueron desplazadas para dar paso a la construcción del Parque Industrial Caracol, financiado por USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Gobierno haitiano promocionó el parque como parte de los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto, que tendría como objetivo activar la economía de la isla y generar ingresos “más de 150 veces el valor estimado de los cultivos producidos en el terreno de 240 hectáreas” donde el parque industrial se construiría.

Pero en la medida que se aproximaba el primer aniversario del terremoto, 422 agricultores y sus familias se convirtieron en víctimas de expropiación de sus tierras de cultivo, que fueron notificados con apenas días de antelación. El parque nunca funcionó a más del 10 % al 15 % de su capacidad y terminó generando mucho menos empleo de lo estimado. Quienes lograron obtener trabajo recibieron un pago equivalente a US$5 al día.

El BID ofrece una versión diferente de los hechos. Aunque ambas partes admiten que en enero de 2011 se erigió una cerca a lo largo del perímetro del lugar del proyecto, los agricultores afirman que cuando quedó construida ya no tuvieron acceso a la tierra y sus cultivos se destruyeron. El BID sostiene que hubo acceso al terreno hasta meses después de ese año. La poca compensación que los agricultores recibieron al final comenzó a gestionarse en septiembre de 2011. La reposición del terreno que les habían prometido nunca se materializó.

Siete miembros de Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè y sus asesores celebran tras firmar el acuerdo con el BDI. Milostène Castin de AREDE cuarta desde la derecha, y Eva Jean Baptiste, cuya familia perdió su tierra, segunda desde la derecha. Fotografía cortesía del Consejo para la Rendición de Cuentas, usada con autorización.

La historia pudo haber concluido allí. Pero tras recibir el último pago en efectivo a finales de 2013 y al percatarse que no era suficiente para ayudarlos a reconstruir sus medios de vida, los agricultores crearon un colectivo –Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè– para defender sus derechos. Aunque representa los intereses de todos los agricultores desplazados, solo 425 se registraron formalmente en el grupo.

El 12 de enero de 2017, con ayuda de organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, los agricultores presentaron un reclamo detallado en la oficina de rendición de cuentas del BID. Solicitaron, entre otras cosas, compensación financiera y no financiera justa y apoyo educativo para las familias de las víctimas.

También solicitaron al banco revaluar su definición sobre quién consideraba “vulnerable”. Cuando comenzó su primer proceso de reasentamiento, el banco únicamente identificó a 35 personas como vulnerables, y la mayoría no recibió apoyo adicional para reconstruir sus sustentos. El Kolektif argumentó que muchos más miembros eran vulnerables y necesitaban apoyo adicional.

Los diálogos entre el colectivo, el BID y el Ministerio de Economía y Finanzas (UTE) comenzaron unos cinco meses después. Duraron 18 largos meses, y finalmente se produjo un acuerdo histórico que asegurará los agricultores tengan acceso a un nuevo terreno, empleo, equipo de agricultura moderno, desarrollo de empresas pequeñas y oportunidades de formación. Abarca también compensación específica para los más vulnerables –más de las 35 personas que identificaron inicialmente– e incluye acceso a microcréditos, sobre todo para mujeres y personas con discapacidad.

Los agricultores celebran la noticia del acuerdo. Fotografía cortesía de Consejo para la Rendición de Cuentas, usada con autorización.

Con la ayuda de intérpretes, conversé telefónicamente con Milostène Castin, coordinador de Acción para la Reforestación y Defense del Ambiente (AREDE), una de las organizaciones que ayudó a los agricultores presentar el reclamo original, y Eva Jean- Baptiste, una de las líderes del colectivo. Eva, cuya familia perdió sus tierras con Caracol, contribuyó a negociar el acuerdo histórico.

Castin quiso ayudarlos a superar la exclusión social y obtener un acuerdo significativo, por consiguiente, AREDE comenzó a sensibilizarlos sobre los beneficios de la participación de la comunidad. Castin advirtió que el progreso sería gradual, pero creyó que el proceso para exigir rendición de cuentas rendiría frutos. El BID tuvo mecanismos internos para determinar si habían cometido algún delito. Si tenían éxito, la acción de los agricultores serviría como un fuerte precedente en caso que el Gobierno quisiera tomar decisiones similares en el futuro.

El asesor local Milostène Casitin, (segundo desde la izquierda, aparece sentado junto con los agricultores durante un receso de las negociaciones. Fotografía cortesía de Consejo para la Rendición de Cuentas, usada con autorización.

Con la ayuda de Castin, los agricultores crearon el colectivo y comenzaron a organizar y establecer comités. Tuvieron una estrategia clara para reclamar sus sustentos: sensibilizar a todas las familias afectadas sobre lo que estaba en juego y buscar apoyo donde fuera necesario. Action Aid se sumó al esfuerzo y contribuyó con la recopilación y el análisis de la información, y el Consejo para la Rendición de Cuentas se encargó con los aspectos jurídicos relacionados con la presentación del reclamo.

Los miembros de Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè se reúnen para discutir los detalles del acuerdo final. Fotografía cortesía del Consejo para la Rendición de Cuentas, usada con autorización.

En junio 2017, cuando el colectivo recibió una respuesta oficial de parte del BID de que su reclamo fue aceptado, fue la primera ocasión en Haití que las víctimas de expropiación de tierras pudieron expresarse en un proceso de resolución de disputa formal. Los agricultores finalmente tuvieron un lugar en la mesa, y pudieron abogar por sí mismos. Para Castin, ese reconocimiento fue uno de los mayores logros de su trayecto compartido.

El acuerdo, que los agricultores ayudaron a redactar, quedó terminado finalmente en diciembre de 2018, y Castin afirma que representa una prueba de su solidaridad y determinación.

Aún así, ha sido una experiencia de altibajos para las familias afectadas. Antes del terremoto de 2010, tenían una vida modesta; podían alimentarse bien, pagar asistencia sanitaria básica y la educación de sus hijos. Después de que comenzó formalmente la construcción del parque industrial, todo eso cambió. Eva Jean Baptiste describe la situación como “perder ambas manos”, y agrega, “fue como una muerte. Estábamos desesperados. No tuvimos otra fuente de ingresos”.

Eva Jean Baptiste, una de los líderes de Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè. Fotografía cortesía del Consejo para la Rendición de Cuentas, usada con autorización.

Incluso ahora, la realidad cotidiana sigue siendo dura, pero Eva se enorgullece del colectivo por haber desafiado las probabilidades. Ella califica el caso de “trascendental”. “Sabíamos que decíamos la verdad”, Eva explica. La “estrategia de la coalición” les brindó la fortaleza para ejercer presión tanto al Gobierno como al BID. Los agricultores sabían que no aplicaron todos los protocolos de operación del banco, como medidas de protección del medio ambiente, las políticas sobre reasentamiento involuntario y desarrollo de igualdad de género, por lo que sintieron que podían generar un cambio.

Eva describe a las mujeres de la comunidad como las “primeras testigos” de la miseria que llegó con la pérdida de sus tierras, y pinta una imagen vívida de su experiencia:

In Haiti, women spend more time at home with the children. We had nothing to fall back on, nothing to sell at the market. Some people even tried to take loans to feed their families or send their kids to school. What we suffered through the most was the loss of our dignity. We had nothing, and the women saw it all first. We were looking directly at the misery, day after day, when we couldn't feed our children or send them to school. At least the men could leave home and try to do something, even if they came back with nothing.

En Haití, las mujeres pasan más tiempo en el hogar con los hijos. No teníamos plan de contención, nada para vender en el mercado. Algunos incluso intentaron solicitar préstamos para alimentar a sus familias o enviar a sus hijos a la escuela. Pero lo más doloroso fue perder nuestra dignidad. Nos quedamos sin nada, y las mujeres fueron las primeras en presenciarlo todo. Veíamos directamente a la miseria, día tras día, cuando no podíamos alimentar a nuestros hijos o enviarlos a la escuela. Al menos, los hombres podían salir del hogar e intentar realizar algo, aunque regresaran con las manos vacías.

Ya con el acuerdo firmado, Eva se siente satisfecha, a pesar de que el colectivo no obtuvo todo lo que deseó. Albergaban la esperanza, por ejemplo, de que el BID absorbiera completamente el gasto de la educación de sus hijos, no obstante, el BID acordó proporcionar dos paquetes de suministros escolares y material de apoyo por familia.

Eva es optimista con respecto a la fase de implementación que, de forma adecuada, inició el 12 de enero y que seguirá los próximos cinco años.

Agricultores asisten a una reunión. Fotografía cortesía del Consejo para la Rendición de Cuentas, usada con autorización.

“Tenemos alegría en nuestras vidas ahora”, Eva afirma. “Esto nos ha ayudado a reiniciar nuestras vidas”. Aproximadamente cien agricultores vulnerables tendrán ahora un título de propiedad. Otros tendrán acceso a la tierra de cultivo y equipo de agricultura, y toda la comunidad podrá recibir asistencia para desarrollar pequeñas empresas.

El cultivo requiere de tiempo para madurar, por lo que muchos miembros de la comunidad encontraron empleo temporal en el parque, lo que les dará un ingresó constante mientras trabajan para crear un sustento sostenible.

En cuanto a Castin, afirma que ver los resultados positivos lo mantienen en la lucha: “Se trata de crear comunidades que perduren”.

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