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Primer ministro de Trinidad y Tobago se niega a recusar a cuestionado juez supremo

Palacio de Justicia de Puerto Espala, Trinidad. Foto de Debangsu (CC BY-NC 2.0).

Desde hace más de dos años, la Asociación de Derecho de Trinidad y Tobago (LATT) ha estado tratando de lograr que el presidente de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, Ivor Archie, sea destituido de su cargo, pero la recomendación más reciente de la asociación de impugnar al magistrado no ha logrado convencer al primer ministro, doctor Keith Rowley, para que tome medidas.

En diciembre de 2018, 150 miembros de LATT votaron a favor de iniciar una investigación a las acusaciones de mala conducta contra Archie y la presentaron al primer ministro, una medida que algunos criticaron por tener motivación política.

El proceso para recusar a magistrado supremo requiere que el primer ministro ponga en marcha la Sección 137 de la Constitución del país, que trata sobre la destitución de los jueces de sus cargos. Una vez invocado, el presidente designa un tribunal para investigar cualquier acusación de incapacidad o mala conducta.

En respuesta a la correspondencia enviada por LATT, el primer ministro Rowley ha advertido a la asociación de abogados que no aceptaría su recomendación de invocar la Sección 137. Se basó en la recomendación de abril de 2019 del abogado del Estado Howard Stevens.

Trinidad y Tobago tiene el sistema legal británico; su más alto tribunal de apelación es el Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres. No es inusual que los abogados locales busquen el asesoramiento de los abogados d el Estado británicos, especialmente en casos de interés público en los que es importante la percepción de imparcialidad.

Todo el escándalo con el magistrado Archie comenzó en abril de 2017, después de que la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos anunciara el nombramiento de varios nuevos jueces para el Tribunal Superior. La jueza Marcia Ayers-Caesar no declaró a la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, presidida por elmagistrado supremo muchos casos pendientes de resolución. Ayers-Caesar renunció luego. Algunos pensaron que el incidente fue simplemente un descuido administrativo, pero otros expertos legales creyeron que el hecho de que Archie y la comisión no asumieran la responsabilidad por el desastre resultó en una pérdida de autoridad moral y de “legitimidad para ejercer la autoridad constitucional que se les había confiado”.

Luego, Archie fue acusado de tratar de persuadir a los jueces supremos a cambiar su seguridad proporcionada por el estado a una firma privada en la que trabajaba Dillian Johnson –amiga de Archie con un historial de fraude y falsificación. Archie también supuestamente ayudó a acelerar las solicitudes de vivienda estatal para las personas que Johnson y otros recomendaron.

Denyse Renne, la reportera de Trinidad Express que dio a conocer la historia, dijo que leyó los mensajes de WhatsApp en los que Archie supuestamente se puso en contacto con el primer ministro Rowley para solicitar ayuda para conseguir una vivienda estatal –afirmación que el primer ministro niega.

La respuesta del abogado del Estado a esta acusación fue asombrosa:

The fact that the alleged WhatsApp communication […] appears to have been a fabrication also raises the distinct possibility that someone sought falsely to implicate the Chief Justice.

El hecho de que la supuesta comunicación de WhatsApp […] parezca haber sido una invención también plantea la clara posibilidad de que alguien intentara implicar falsamente al magistrado supremo.

En respuesta a LATT, el primer ministro dijo que el abogado Stevens había recomendado no realizar un juicio político basado en la falta de pruebas de que Archie sabía que Johnson y otros estaban involucrados en actividades penales, o que se hubera producido alguna comunicación entre el magistrado supremo y el primer ministro con respecto a vivienda.

Su opinión decía:

The conclusion I have reached in all the circumstances is that the HDC [Housing Development Corporation] complaints have an insufficient basis in fact to warrant a representation by the prime minister to the president that the chief justice's removal ought to be investigated.

La conclusión a la que he llegado en todas las circunstancias es que los reclamos de la Corporación de Desarrollo de Viviendas tiene base insuficiente para garantizar que el primer ministro represente al presidente en que se debe investigar la destitución del presidente de la Corte Suprema.

Una declaración anónima –supuestamente escrita por nueve jueces– afirmó luego que la decisión “perpetúa la percepción de que se trata de una tierra sin ley en la que nadie tiene que rendir cuentas”.

El abogado Justin Phelps criticó la declaración anónima en un publicación de Facebook:

This is not what an independent judiciary looks like. The CJ must be very concerned that one of these anonymous judges is hearing the case filed against him. They should be identified because they will be disqualified from some cases and because they have exhibited a profound misunderstanding of what it means to be independent and impartial.

Así no es  un poder judicial independiente. El magistrado debe estar muy preocupado de que uno de estos jueces anónimos esté escuchando el caso presentado en su contra. Se les debe identificar porque serán descalificados en algunos casos y porque han mostrado no entender qué significa ser independiente e imparcial.

Por su parte, Kamla Persad-Bissessar, líder opositora del país, criticó la decisión del primer ministro Rowley, mientras que varios miembros de la LATT han pedido más transparencia sobre el consejo del abogado Steven. Después de su anuncio inicial, el primer ministro Rowley escribió una carta al presidente de LATT, Douglas Mendes, en la que explica las razones por las que se negó a invocar la sección 137.

Luego, LATT hizo otro llamado al primer ministro, le dijo que “no ha quedado satisfecho con la respuesta que se le aconsejó que diera”:

Respectfully, prime minister, it cannot be that the important responsibility which the Constitution imposes on you under Section 137 to hold the chief justice to account, limits you to such a passive role.

Respetuosamente, señor primer ministro, no puede ser que la importante responsabilidad que la Constitución le impone en virtud del artículo 137 de pedir cuentas al magistrado supremo lo limite a un papel tan pasivo.

A su vez, el primer ministro Rowley ha acusado a la asociación de parcialidad política. La propia LATT parecía estar dividida, miembros dicen que los hallazgos de la asociación parecen sesgados, y otros comentaristas sostienen que el primer ministro debería proceder con la destitución.

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