Fraude electoral en Transnistria es «una bofetada a la democracia moldava»

Voters from Transnistria waiting to cast their ballots in the Moldovan elections. Image courtesy of Ziarul de Garda.

Electores de Transnistria esperan para emitir sus votos en las elecciones moldavas. Imagen cortesía de Ziarul de Garda.

Varios electores de la región separatista de Transnistria dicen que recibieron dinero por votar por el Bloque Electoral de Comunistas y Socialistas en las elecciones parlamentarias moldavas realizadas el 11 de julio. Algunos recibieron el dinero antes de ejercer su derecho al voto, y otros después de volver de las urnas y presentar la papeleta con el sello de «votó». Otros recibieron el dinero que les prometieron los observadores electorales.

En las elecciones anticipadas del 11 de julio de 2021, el partido Acción y Solidaridad, fundado por la actual presidenta Maia Sandu, ganó cómodamente y obtuvo 63 de los 101 escaños del Parlamento. El Bloque Electoral de Comunistas y Socialistas (BECS), liderado por los expresidentes Vladimir Voronin e Igor Dodon, en un grave retroceso, solo obtuvo 32 escaños.

Transnistria (o Pridnestrovie) es un Estado separatista en la frontera de Moldavia y Ucrania que se escindió de Moldavia a principios de la década de 1990 en medio de un conflicto armado. La comunidad mundial y Moldavia no reconocen el Estado de facto de Transnistria, sino que lo consideran una unidad territorial autónoma dentro de Moldavia con un estatuto jurídico especial. En septiembre de 2016, las autoridades de la autoproclamada Transnistria celebraron un referéndum, a raíz del cual iniciaron los preparativos para unirse a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas de conservación de paz tienen antigua presencia en la república, y la situación en torno a Transnistria se califica a menudo como un «conflicto congelado«.

Las misiones especiales que supervisaron el proceso electoral de agosto también tomaron nota de las denuncias relativas a otras recompensas materiales y al transporte organizado de votantes, especialmente en los colegios electorales abiertos a los ciudadanos de la región de Transnistria.

El esquema es ya bien conocido de elecciones pasadas. Tras de que las incluyen en una lista,se transportaba a las personas (cuyos votos se compraban) a los colegios electorales en auto privado o en taxi. El dinero se distribuía de camino a los colegios electorales, mientras las personas estaban en los autos, o al salir de los colegios electorales. Algunos admitieron abiertamente que habían vendido su voto.

Grupos en aplicaciones de mensajería que incluyen a personas de la orilla izquierda del río Dniéster (Transnistria) dicen que instaron a los trabajadores de organismos privados y públicos de Transnistria a votar por el bloque comunista y socialista a cambio de dinero. También se afirma que se elaboraron listas [de personas dispuestas a vender sus votos] en toda la región escindida a propuesta de los directivos de esas instituciones.

Las elecciones parlamentarias anticipadas contaron con la participación de 28 000 personas en los 41 colegios electorales abiertos a electores de la orilla izquierda del Dniéster. El 62 % votó al Bloque Electoral de Comunistas y Socialistas. Muchos de los que votaron por Vladimir Voronin e Igor Dodon participaron en el turismo electoral como viajes organizados a los colegios electorales de la orilla derecha del Dniéster (Moldavia propiamente dicha). Según un programa aplicado en elecciones pasadas, algunos votantes vendieron su voto a cambio de 200, 400 o incluso 500 lei moldavos (entre 11 y 28 dólares).

‘Llamé a los teléfonos de todos’

El día de las elecciones, Dumitru Iancev, que vive en Tighina (ciudad de Transnistria, también conocida como Bender), dijo que se enteró de la existencia de un grupo de personas involucradas en el fraude electoral. En un video que Iancev grabó frente a una tienda de Tighina, un hombre pregunta a alguien si «habrá un autobús», con la respuesta de que «será solo un taxi y solo en las inscripciones», alusión al turismo electoral. Vera, quien hizo las listas de posibles vendedores de votos, dice que llamó a todos los números de teléfono que tenía de las últimas elecciones: «Llamé a los teléfonos de todos».

Iancev, exjuez que trabajó en tribunales de Tighina y Taraclia (ciudad del sur de Moldavia), se dio cuenta de la trama durante las elecciones presidenciales de 2020. Para las elecciones de julio, consiguió que lo incluyeran en las listas de personas dispuestas a vender sus votos, integró un transporte organizado a un colegio electoral y recibió 200 lei moldavos (11 dólares) por su voto.

Iancev denunció la situación a la Policía, ofreció como prueba los 200 lei y una invitación a las urnas con el logotipo de BECS. Se abrió una causa penal a partir de su denuncia.

También en Transnistria se dieron casos de electores que abandonaron los colegios electorales indignados por no haber recibido la cantidad prometida por su voto. Una mujer salió del colegio electoral llorando de decepción.

Otro elector del distrito de Causeni (centro de Moldavia) también buscaba los 500 rublos de Transnistria que le habían prometido, el equivalente a unos 550 lei moldavos (30 dólares), que le prometieron a cambio de un voto para BECS. Dijo que el dinero procedía supuestamente de un veterano de la guerra del Dniéster (conflicto entre Moldavia y los separatistas de Transnistria, 1990-1992), que se hizo pasar por organizador de turismo electoral.

En comparación con las elecciones de 2019, en las que transportaron a los electores en autobús, esta vez los llegaron a los colegios electorales en auto o en taxi. Al igual que los electores, los conductores de autos también recibieron pago por el servicio prestado.

La información sobre la compra de votos y el transporte de electores de Transnistria comenzó a aparecer en las aplicaciones de mensajería antes y después del día de las elecciones.

La gente escribió que, a cambio de dinero, se instó a muchos trabajadores de entidades privadas y públicas de Transnistria a «votar con Igor Dodon».

Según estos mensajes, la dirección de estas entidades dio la «orden» de que sus trabajadores estuvieran incluidos en determinadas listas de personas dispuestas a vender sus votos. Los mensajes que vio Ziarul de Garda dicen que esas listas se elaboraron en todo el territorio de Transnistria, y mencionan algunas empresas, como el Departamento de Educación Pública de Rabnita, la Acería de Moldavia, las tiendas del grupo deportivo Sheriff y algunos hospitales.

Los representantes Sheriff se negaron a hablar con Ziarul de Garda, y pidieron que no se volvieran a poner en contacto con ellos porque «nadie va a responder estas estúpidas preguntas».

¿Mil rublos por un voto?

Otro incidente que indica un posible fraude en la votación ocurrió en Rusia, donde un observador electoral notificó al Comité Electoral Central de Moldavia que se ofrecían vales a los electores al salir de los colegios electorales.

Tres días antes de las elecciones, Dar pentru Moldova (Regalo para Moldavia), empresa de autobuses que circula entre Rusia y Moldavia, anunció que ofrecería vales gratuitos por valor de mil rublos rusos (13 dólares), a quienes se presentaran el 11 de julio en determinadas direcciones. Casualmente o no, esas eran las direcciones de los colegios electorales abiertos a los moldavos que viven en Rusia.

Durante las elecciones presidenciales de 2020, Dar pentru Moldova publicó mensajes en sus redes sociales en los que instaba a la gente a votar por «un presidente que reforzara las relaciones entre Moldova y Rusia», postura adoptada por Dodon. En ese momento, los medios sociales de la empresa también reprodujeron los folletos electorales de Dodon, una declaración del presidente ruso Vladimir Putin de apoyo a Dodon, y folletos con noticias falsas sobre la candidata del Partido de Acción y Solidaridad, Maia Sandu, que ganó las elecciones presidenciales.

Preguntado por ZdG, Mihail Cornea, representante de la empresa, dijo que la idea de distribuir vales «pretendía despertar a los moldavos en Rusia, para instarlos a salir en masa a votar. Ese era mi mensaje, no tenía sesgo político, en el sentido de que no decía ‘salgan a votar por un determinado partido o un determinado candidato'».

Más de 500 quejas

En la noche del 11 de julio, Marin Maxian, jefe adjunto de la Inspección General de Policía de Moldavia, anunció que la Policía había recibido 562 denuncias de infracciones electorales durante el periodo electoral, de las cuales 236 se produjeron el día de las elecciones. En 187 casos, las denuncias procedían de representantes de los partidos en contienda, de los cuales 177 se referían al transporte de electores a determinados colegios electorales y a intentos de persuadir a la gente para que votara por un determinado candidato.

Según la legislación moldava, la corrupción de electores se castiga con una multa de 27 000 a 42 000 lei moldavos (entre 1500 y 2400 dólares), o con penas de prisión de uno a cinco años. Las personas jurídicas pueden ser castigadas por el mismo delito con multas que van de 200 000 a 300 000 lei (entre 11 300 y 17 000 dólares), con otras penas que incluyen la liquidación de la entidad.

Promo-LEX, ONG que lleva años supervisando las elecciones moldavas, informó de 17 casos de «rumores, intentos o incluso situaciones de recompensas materiales o monetarias» para influir en los votantes a menos de cien metros de los colegios electorales. Los observadores de Promo-LEX también señalaron 29 casos de transporte organizado de electores en autocares, minibuses u otros medios de transporte.

Nicolae Panfil, director de los programas de Promo-LEX, afirma que los observadores de la asociación encontraron muchos casos de transporte de electores, frecuentemente asociados a casos de corrupción de electores. Dice que los indicios más claros vinieron de la región de Transnistria. «Este fenómeno es contrario a las normas y leyes democráticas, y quienes lo organizaron se deben identificar y castigar, independientemente del número de casos que se denunciaron», afirma.

El número relativamente bajo de casos de aparente corrupción que su asociación denunció puede no haber sido importante para el resultado final, añade, pero sigue representando «una dolorosa bofetada a la democracia moldava».

Daniela Calmis es periodista de investigación, y Victoria Borodin es reportera del periódico moldavo Ziarul de Garda, donde apareció originalmente una versión más larga de este artículo. Este artículo fue traducido por Ioana Caloianu y apareció en Transitions Online el 30 de agosto de 2021. Se vuelve a publicar en el marco de una asociación para compartir contenidos.

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