Tras el fin de la restricción de las reuniones públicas por la pandemia el 1 de marzo de 2023, un grupo de defensa de los derechos de la mujer había planeado una concentración para el 5 de marzo, el domingo anterior al Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, la Asociación de Trabajadoras de Hong Kong, organizadora de la concentración, la suspendió la víspera del acto, el 4 de marzo, sin dar ninguna razón.
Un grupo de protesta reveló que la Policía de la ciudad amenazó con detener a sus miembros, mientras que la Policía declaró a la prensa que el motivo de la cancelación era «un balance de pros y contras», con el argumento de que la autoridad descubrió que en la concentración aparecerían «grupos violentos».
Durante décadas, había sido habitual que los grupos locales de defensa de los derechos de la mujer organizaran una concentración solidaria anual en torno al Día Internacional de la Mujer, a principios de marzo. Por las restricciones de reunión pública relacionadas con la pandemia, las asambleas y concentraciones públicas estuvieron prohibidas durante casi tres años.
En una rueda de prensa celebrada el 2 de marzo, la organizadora dijo que la autoridad policial había dado el «visto bueno» a la concentración, y más tarde, ese mismo día, la organización recibió oficialmente una «carta de no objeción». El grupo de mujeres empezó a preparar la concentración a principios de febrero, y la Policía tardó más de un mes en emitir una carta oficial.
El grupo preveía que unas cien personas se unirían a la concentración para promover los derechos laborales y la igualdad de género.
Sin embargo, surgieron oleadas de presiones políticas antes de la manifestación.
Poco después de que el grupo anunció su plan, los políticos a favor de Pekín comenzaron a citar la necesidad de defender la ley contra la mascarilla, promulgada en octubre de 2019 en virtud de la Ordenanza de Reglamentos de Emergencia, que prohíbe cubrirse la cara en asambleas legales e ilegales. Ronny Tong, miembro del Consejo Ejecutivo del Gobierno, subrayó que llevar una mascarilla para evitar el COVID-19 no podía usarse como excusa para cubrirse la cara durante las concentraciones y que los policías tenían autoridad para detener a quienes la llevaran en la concentración.
Durante las protestas contra la extradición de China de 2019, muchos manifestantes llevaban mascarillas para protegerse de ser identificados o detenidos por asistir a concentraciones ilegales.
Después de que la Asociación de Mujeres Trabajadoras retiró la convocatoria a la concentración, un grupo de protesta prodemocrático, la Liga de Demócratas Socialistas, reveló en un comunicado que cuatro de sus miembros habían recibido amenazas verbales de policías de seguridad nacional el 3 de marzo. Les dijeron que si acudían a la manifestación serían detenidos. En el comunicado, el grupo descada:
言論自由受威脅,遊行權利遭踐踏,這個活生生的事實,即使當政者如何舌燦蓮花,唱好香港,也不能掩飾。
La libertad de expresión está amenazada y se está atropellando el derecho a protestar. Esta es la realidad aquí. Independientemente de su retórica al contar buenas historias sobre Hong Kong, las élites gobernantes no pueden ocultar una realidad así.
Al mismo tiempo, la Policía dijo que, dado que la organización había suspendido la concentración, se anularía la «carta de no objeción». La autoridad advirtió que cualquiera que se reuniera en el lugar de la concentración podría ser detenido por participar en una reunión ilegal.
A pesar del retiro de la convocatoria, más de 30 policías estuvieron apostados el domingo en los alrededores del Southorn Playground. Laura Westbrook, corresponsal del South China Morning Post, tuiteó
Police stationed inside & outside Southern playground MTR & walking the perimeter at 11am – when the Hong Kong Women Workers’ Association planned to hold a demonstration, ahead of International Women’s Day, but abruptly cancelled it last night. pic.twitter.com/PCXbBXOgOV
— Laura Westbrook (@LauraWestbrook) March 5, 2023
Policías apostados adentro y afuera de Southern playground MTR y recorren el perímetro a las 11 de la mañana, cuando la Asociación de Trabajadoras de Hong Kong tenía previsto celebrar una manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero anoche se canceló abruptamente.
Según la Ordenanza de Orden Público, si tres o más personas se reúnen y se comportan de forma «desordenada, intimidatoria, insultante o provocativa» que provoque «un temor razonable» o «un quebrantamiento de la paz», podría definirse como reunión ilegal. La pena máxima es de cinco años de prisión.
Antes de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, el 30 de junio de 2020, las autoridades policiales habían restringido su poder al aplicar la Ordenanza de Orden Público, ya que la ley colonial, que se promulgó para reprimir los disturbios de 1967 en Hong Kong, se considera contraria a la Declaración de Derechos (1991). Durante décadas, los grupos cívicos solamente han tenido que pasar por un procedimiento de notificación para organizar protestas y concentraciones.
Ciertamente, la anterior concentración del Día de la Mujer en la ciudad tuvo lugar en marzo de 2020, pocos meses antes de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional.
En los últimos tres años, muchos activistas fueron encarcelados por violar la Ordenanza de Orden Público. Por ejemplo, en 2020, doce activistas fueron condenados a penas de entre seis y diez meses de cárcel por organizar y participar en la vigilia anual con velas en conmemoración de la matanza de Tiananmén de 1989, celebrada en el parque Victoria el 4 de junio de 2020. La vigilia se celebró anualmente desde 1990 hasta 2020, cuando la Policía prohibió la reunión pública alegando restricciones del COVID-19.
Las autoridades policiales emitieron una docena de «cartas de no objeción» para reuniones públicas desde la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, incluidas celebraciones del Año Nuevo Lunar, marchas benéficas escolares, recaudaciones de fondos en iglesias y otras.
De no haberse cancelado, la concentración por los derechos de las mujeres habría sido la primera reunión pública de la sociedad civil desde la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional.