Ilustración de Rex Opara en Minority Africa, usada con autorización.

Este artículo se publicó originalmente en Minority Africa y ahora Global Voices publica una versión abreviada como parte de un acuerdo para compartir contenido.  

A medida que se acerca el final del mandato de 10 años de la Comisión Nacional de Paz y Reconciliación (NPRC) de Zimbabue, cuyo objetivo es aportar paz y reparación a los sobrevivientes y las familias afectadas por atrocidades del pasado, un sentir generalizado de desilusión invade a quienes habían depositado sus esperanzas en este proceso.

Esta Comisión, establecida en 2013 bajo una nueva Constitución, fue considerada inicialmente como un faro de esperanza que prometía verdad y justicia para las víctimas y sus familias, pero muchos no sienten que haya cumplido esa promesa.

«Para mí, la NPRC es simplemente un circo», manifestó Duncan Maseko, de 51 años, a Minority Africa. Su padre estaba entre las víctimas secuestradas hace 30 años. «Mi único deseo es tener información completa sobre los restos de nuestros seres queridos».

El genocidio de Gukurahundi

A principios de la década de 1980, Zimbabue vivió un brutal conflicto armado derivado de las tensiones políticas entre ZANU-PF y ZAPU, dos antiguos movimientos de liberación, liderados por Robert Mugabe y Joshua Nkomo, respectivamente. El Gobierno, al mando del entonces primer ministro Mugabe, desplegó una unidad especializada del Ejército conocida como la Quinta Brigada en las zonas occidentales del país, bastiones del opositor ZAPU. El resultado fue un devastador genocidio entre 1982 y 1987, conocido como Gukurahundi (término en lengua shona que significa «la lluvia temprana que se lleva la paja antes de las lluvias primaverales»). Más de 20 000 personas murieron y muchas sufrieron atrocidades, como secuestros, torturas y violaciones.

El padre de Maseko, Sam, fue combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo de Zimbabue (ZIPRA) durante la lucha armada que dio lugar a la independencia de Zimbabue en 1980. Fue secuestrado en su casa de Bulawayo, la segunda mayor ciudad del país, el 11 de febrero de 1984, por agentes de seguridad del Estado y, al igual que miles de personas, sus seres queridos no volvieron a verlo.

La mayoría de los detenidos acabaron en Bhalagwe, campo de detención de estilo nazi situado a 100 km al sur de Bulawayo, donde sufrieron torturas atroces, muchas de las cuales fueron mortales.

Cuando se estableció una fría paz mediante el desigual Acuerdo de Unidad de diciembre de 1987, se había producido un genocidio en toda regla contra la minoría tribal ndebele.

Lucha por la justicia

Desde la firma del Acuerdo de Unidad, los sucesivos gobiernos de Zimbabue se han resistido durante más de 30 años a los esfuerzos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del genocidio de Gukurahundi por conseguir justicia.

El expresidente Robert Mugabe reconoció las atrocidades como un «momento de locura», pero se resistió a las peticiones de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación similar a la de Sudáfrica tras el apartheid. El presidente Emmerson Mnangagwa, acusado de estar implicado en las atrocidades, celebró reuniones consultivas, pero persistieron las sospechas sobre el compromiso del Gobierno, especialmente por los intentos de exhumar fosas comunes sin rendir cuentas. Algunos familiares y grupos de derechos humanos acusaron al Gobierno de intentar impedir un recuento histórico más exhaustivo del genocidio.

Organizaciones como Ibhetshu LikaZulu, a la que presuntos agentes de seguridad atacaron tres placas conmemorativas erigidas en memoria de las víctimas de Gukurahundi en Bhalagwe, se opone vehementemente a cualquier participación del Gobierno en el proceso de reparación.

El coordinador del grupo, Mbuso Fuzwayo, afirmó en un comunicado: «Bajo ninguna circunstancia debe haber exhumaciones ni nuevos entierros de las víctimas del genocidio de Gukurahundi controlados por el Gobierno».

NPRC: Una promesa incumplida

La NPRC, aunque inicialmente se vio como un rayo de esperanza, pasó apuros durante toda su existencia debido a la falta de recursos y de voluntad política. Su formación fue lenta y polémica, y solo ha funcionado durante cinco de los diez años previstos. En 2019, Concilia Chinanzvavana, legisladora opositora, solicitó al Tribunal Superior de Harare la ampliación de la duración de la NPRC hasta 2028 para recuperar los cinco años perdidos antes de su creación. Sin embargo, el Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo y consiguió que se revocara la sentencia, según recoge el Anuario Africano de Derechos Humanos.

La decisión del Tribunal Supremo de no ampliar el mandato de la NPRC desilusionó a los sobrevivientes, que afirman que no se ha conseguido prácticamente nada en términos de reparación y justicia para las víctimas de Gukurahundi y de otras brutalidades políticas.

La incapacidad de la NPRC para poner fin a la situación de las víctimas de Gukurahundi refleja un problema más grave: la falta de voluntad política y de reconocimiento de las atrocidades cometidas en el pasado en Zimbabue. Sobrevivientes y defensores de los derechos humanos reclaman la intervención e investigación internacionales para abordar las injusticias históricas y allanar el camino hacia una auténtica reparación y reconciliación. A pesar de los esfuerzos locales, la lucha por la verdad, la justicia y la reconciliación en Zimbabue continúa, y las heridas del pasado siguen abiertas para muchos.

En conclusión, como se destaca en el libro «Verdades silenciadas. La justicia transicional y el reto de las Comisiones de la Verdad» de la profesora Priscilla Hayner, experta en justicia transicional, ningún país del mundo ha salido adelante cuando no se han abordado realmente las injusticias del pasado.