«Botswana» por Shaund de Wikimedia Commons. Utilizado bajo licencia (CC BY-SA 4.0).

Este artículo se ha escrito en el marco de la colaboración de Advox con Small Media Foundation para presentar la iniciativa UPROAR, serie de ensayos que destacan los retos en materia de derechos digitales en los países que están en el proceso del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas.

En 2020 el Gobierno de Botsuana fue expuesto como uno de los múltiples Estados africanos que utilizaron Circles, empresa de programa espía de Chipre, para espiar a periodistas y personal de los medios del país. Se indicó que la Dirección de Servicios de Inteligencia y Seguridad de Botsuana (DISS) había utilizado el programa espía Circles para piratear los dispositivos de comunicación de los ciudadanos desde 2015. La Dirección de Servicios de Inteligencia y Seguridad, dependiente de la Oficina del Presidente, recopila y analiza información de inteligencia interna y externa, ofrece seguridad a las altas figuras del Gobierno y asesora en asuntos de seguridad nacional.

Botsuana está considerada como una de las democracias constitucionales y multipartidistas más maduras y estables de África. Sin embargo, el ámbito de internet en Botsuana presenta un arma de doble filo, ya que es a la vez un vehículo para el progreso y un caldo de cultivo para posibles violaciones de los derechos humanos. A medida que se intensifica el uso la tecnología, surge la preocupación sobre la privacidad de los datos, la vigilancia y la libertad digital.

Periodistas señalados como delincuentes

A mediados de 2021, se informó que la Policía de Botsuana estaba utilizando el Dispositivo Universal de Extracción Forense fabricado por Cellebrite, proveedor de tecnología de pirateo telefónico. El objetivo era extraer datos de teléfonos de los periodistas, una vez más como campaña represiva contra los medios del país. Según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la tecnología se utiliza para «rastrear a personas dispuestas a compartir información con los medios de comunicación».

Jonathan Rozen, investigador principal del CPJ en África, ha señalado una preocupante tendencia al aumento de la criminalización de los periodistas desde 2020, lo que coincide con la crisis mundial desencadenada por la pandemia de COVID-19. Este inquietante acontecimiento ha ido acompañado de la incautación injustificada de dispositivos, a menudo por orden de los organismos de seguridad, bajo el pretexto de realizar estudios forenses digitales pero con la intención implícita de descubrir sus fuentes.

El aumento de casos de periodistas acusados de delitos penales representa una amenaza alarmante para la libertad de prensa, pilar esencial de las sociedades democráticas. Estos desempeñan el papel fundamental de hacer a Gobiernos e instituciones responsables de sus actos, y su capacidad para hacerlo debe resguardarse en lugar de criminalizarse.

La confiscación del equipamiento de los periodistas y la práctica invasiva de la investigación forense digital violan sus derechos fundamentales, y dañan la esencia misma del periodismo. Proteger la confidencialidad de las fuentes es una de las piedras angulares del periodismo responsable, y cualquier intento de quebrantar esta confianza puede tener un efecto paralizante en el periodismo de investigación y en el derecho del público a la información.

En octubre de 2021, según un informe de Freedom House, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el aumento «del alcance y la extensión» de los métodos de vigilancia intrusivos que las autoridades han utilizado contra los ciudadanos de Botsuana, a través de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Seguridad. El informe de Freedom House otorga a Botsuana una puntuación de 72/100 en el Índice Global de Libertad para 2022.

The government’s failed attempt to introduce warrantless surveillance provisions into the Criminal Procedure and Evidence (Controlled Investigations) Act 2022 heightened concerns about the government’s perception of free-expression rights.

El intento fallido del Gobierno de introducir disposiciones de vigilancia sin orden judicial en la Ley de Procedimiento Penal e Evidencia (Investigaciones Controladas) de 2022 aumentó la preocupación sobre la percepción que tiene el Gobierno en cuanto a los derechos de libre expresión.

Es fundamental que los Gobiernos y las autoridades defiendan los principios de la libertad de prensa, incluso en tiempos de crisis, como lo fue la pandemia de COVID-19. Una prensa libre e independiente es indispensable para difundir información precisa al público, en especial durante emergencias mundiales. Los esfuerzos por sofocar el periodismo y comprometer la capacidad de los periodistas para informar sobre asuntos vitales deben ser condenados firmemente y abordados por la comunidad internacional.

Derechos civiles y legislación, ¿quién gana?

El 24 de enero de 2022, el ministro de Defensa, Justicia y Seguridad, Kagiso Mmusi, presentó en el Parlamento del país el proyecto de Ley de Procedimiento Penal e Evidencia (Investigaciones Controladas). Dos días después, las organizaciones de defensa de la libertad de prensa del país, como la sección de Botsuana del Instituto de Medios de África Austral (MISA), emitieron una declaración en la que afirmaban que la ley propuesta equivalía 2nada menos que a criminalizar el periodismo y, con eso, la libertad de expresión».

Otras organizaciones de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo ONG para el Examen Periódico Universal (EPU) —formado por seis organizaciones y dirigido por el Centro de Derechos Humanos de Botsuana (Ditshwanelo)—, también publicaron declaraciones en las que ponían el centro de atención en el cuerpo legislativo del país. Varias organizaciones de medios se sumaron a la condena del proyecto de ley, como el Foro de Editores de África Austral (SAEF), el Foro de Editores Africanos y la Campaña por la Libertad de Expresión (CFE).

Cuando el proyecto de ley se presentó en la Asamblea Nacional, hubo indignación pública por la invasión de la privacidad, la violación de la libertad de expresión y de los medios. Finalmente, el proyecto fue retirado y modificado. Se aprobó un nuevo proyecto de ley que introdujo nuevas cláusulas, como la cláusula 7, «Protección de la privacidad en investigaciones controladas», que, entre otras cuestiones, «prohíbe a los investigadores interceptar comunicaciones sin orden judicial». Antes el proyecto de ley permitía a las autoridades interceptar las comunicaciones de una persona sin orden judicial durante un máximo de 14 días.

Los retos mencionados indican que el panorama de los derechos digitales en Botsuana sigue siendo motivo de preocupación para la sociedad civil local. En la era de la transformación digital, Botsuana enfrenta un complejo enigma: una promesa de progreso opacada por posibles amenazas a los derechos humanos fundamentales. A medida que aumenta el impacto de la tecnología, surgen preocupaciones sobre la privacidad digital, la vigilancia y el delicado equilibrio entre la innovación y las libertades individuales.

Violaciones de los derechos digitales

A mediados de 2020, agentes de seguridad de Botsuana detuvieron a dos periodistas del periódico Weekend Post, alegaron que habían tomado fotos de un edificio sin señalización, que estaba vinculado a la Dirección de Servicios de Inteligencia (DIS).

Las detenciones suscitaron preocupación por la intimidación que sufren los medios en un país habitualmente elogiado por su democracia. Los periodistas detenidos enfrentan cargos de «disturbios comunes» y a una noche de detención. Su arresto se enmarca en un patrón de creciente acoso contra los medios privados en Botsuana. A pesar del liderazgo del presidente Masisi, la normativa sobre el acceso a la información y los medios no ha cambiado.

Botsuana aplica la privacidad de los datos a través del artículo 9 de la Constitución y la Ley de Protección de Datos de 2018 (DPA). El objetivo principal de la DPA es proteger la información personal y el derecho a la privacidad. A su vez, expone principios legales para el procesamiento, nombra a un Comisionado de Protección de Datos para la aplicación, establece límites para el tratamiento de datos delicados y da derechos a los interesados. Esta ley se elaboró para «administrar la ciberseguridad y la regulación del delito cibernético».

Recursos y recomendaciones para particulares y organizaciones

El laboratorio interdisciplinar Citizen Lab, con sede en Canadá, se centra en la investigación, el desarrollo, la política estratégica y el compromiso legal de alto nivel sobre tecnologías de la información y la comunicación, derechos humanos y seguridad global. Advierte que, para particulares como periodistas, activistas o funcionarios públicos, las vulnerabilidades de las redes de telecomunicaciones plantean riesgos de interceptación y compromiso de las cuentas. Si enfrentan amenazas por la ubicación, aconseja dejar de utilizar la autenticación de dos factores basada en SMS, y recomienda para mayor protección usar claves de seguridad y habilitar contraseñas para aplicaciones como Signal, WhatsApp y Telegram.

El informe sobre derechos digitales e inclusión de Botsuana de 2020, Londa, publicado por Paradigm Initiative, señala el despliegue de redes de vigilancia a través de circuitos cerrados de televisión (CCTV) por parte del Gobierno de Botsuana, así como la ausencia de transparencia y legislación que regule estas actividades. Es necesario seguir presionando en favor de la honestidad, incluida cómo las redes de vigilancia mediante CCTV funcionan y gestionan los datos.

Las leyes de protección de datos y las normas reguladoras de la responsabilidad y la transparencia, como las que aquí se exponen, pueden mitigar algunas de las peores violaciones de la privacidad conocidas en la actualidad. Sin embargo, a medida que la tecnología de vigilancia avanza y se extiende a otros campos, es necesario seguir trabajando para proteger los derechos humanos.

La ausencia de una normativa sólida expone a los ciudadanos a vulnerabilidades que van desde la explotación de datos a la restricción de la libre expresión en internet. A medida que Botsuana se adentra en la frontera digital, el reto consiste en elaborar políticas que aprovechen el potencial tecnológico y al mismo tiempo protejan los derechos humanos, para lograr un delicado equilibrio entre la conectividad y la preservación de la estructura democrática de la sociedad.

Botsuana, como cualquier otro país, debe reconocer el papel vital que desempeña una prensa libre para fortalecer la transparencia, promover el compromiso cívico y garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Proteger los derechos y la seguridad de los periodistas es un paso crucial hacia una sociedad más abierta y democrática en la que prospere el libre intercambio de información.