Los defensores de los derechos humanos Haris Azhar (izquierda) y Fatia Maulidiyanti enfrentan una demanda por difamación interpuesta por un ministro. Captura de pantalla del vídeo de YouTube del canal de HARIS AZHAR. Uso legítimo.

El Parlamento de Indonesia enmendó la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (Ley ITE) el 5 de diciembre, en medio de la preocupación suscitada por los medios y grupos de la sociedad civil pues la ley se hizo sin una consulta pública adecuada y las revisiones no reflejaron la exigencia de eliminar las disposiciones represivas de la ley.

La ley ITE fue promulgada en 2008, y pretendía proteger a consumidores, usuarios de internet y derechos de autor intelectual. Pero a lo largo de los años, grupos de la sociedad civil han afirmado que las disposiciones de la ley «han obstaculizado sistemáticamente el derecho fundamental a la libertad de expresión y han silenciado a los defensores de los derechos humanos». En una petición enviada a las autoridades antes de la aprobación de la ley modificada, varios grupos resumieron el legado nefasto de la ley.

Articles related to defamation and hate speech have been routinely exploited by state actors to silence critics, leading to a climate of self-censorship and a decline in freedom of expression, evident in the chilling effects experienced by journalists, women, and human rights defenders.

Habitualmente, los agentes estatales han aprovechado artículos relacionados con la difamación e incitación al odio para silenciar a los críticos, lo que ha provocado un clima de autocensura y un retroceso de la libertad de expresión, evidente en los efectos amedrentadores por los que han pasado periodistas, mujeres y defensores de los derechos humanos.

Las deliberaciones del Parlamento no se hicieron públicas de inmediato, pero se informó que algunas de las enmiendas incluían una nueva disposición que tipificaba como delito la difusión de «declaraciones falsas» que causen «malestar público», se modificó la disposición sobre difamación penal e incorporado una exención de interés público, y se redujeron a la mitad las penas máximas por difamación, además de que ahora las acusaciones requieren mayor carga de la pruebas.

Basándose en su análisis de la ley enmendada, la Comisión Internacional de Juristas advirtió que la disposición contra la difusión de «declaraciones falsas» es «poco clara, excesiva e imprecisa». Señaló que «mantener la difamación penal seguirá teniendo un efecto amedrentador» y que se puede seguir abusando para dirigirse a poblaciones marginadas como la comunidad LGBTQ+. Además añadía:

The criminal provisions in the revised law are unnecessary for any legitimate government purpose and risk making criminals of large numbers of ordinary internet users, and chilling many others from speaking online.

Las disposiciones penales de la ley revisada son innecesarias para cualquier propósito legítimo del Gobierno, y corren el riesgo de convertir en delincuentes a muchos usuarios comunes y corrientes de internet, y de disuadir a muchos otros de hablar en línea.

La Alianza de Periodistas Independientes (AJI) de Indonesia teme que la ley revisada se utilice para acosar a la oposición y a los medios independientes antes de las elecciones generales de febrero de 2024.

We regret that the Indonesian Parliament has passed the amendment to the ITE Law, which contains problematic articles that undermine freedom of expression and freedom of the press. Moreover, the issuance of the ITE Law revision was done ahead of the election and can be misused easily to silence critics.

Lamentamos que el Parlamento indonesio haya aprobado la enmienda a la ley ITE, que contiene artículos problemáticos que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Además, la publicación de la revisión de la ley ITE se hizo antes de las elecciones y puede ser mal utilizada fácilmente para silenciar a los críticos.

Este tuit presenta las principales características de la ley ITE en relación con el Código Penal.

Indonesian policymakers wrapped up their deliberations on the revision to the Electronic Information and Transaction (ITE) Law without meaningful public consultation. It's likely continue to be another illiberal cyberlaw https://t.co/0lefB9fjjZ pic.twitter.com/Prbr5XbxIq

— Andreas Harsono (@andreasharsono) December 9, 2023

Los responsables políticos indonesios concluyeron sus deliberaciones sobre la revisión de la ley de información y transacciones electrónicas sin una consulta pública significativa. Es probable que siga siendo otra ciberley antiliberal.

En un editorial, Jakarta Post describió la ley ITE como una «ciberley antiliberal» que socavaba el trabajo de los periodistas, y también el de los defensores de derechos humanos.

As we write this editorial, two human rights activists are facing years of prison time for expressing their critical opinion of a senior cabinet minister on YouTube. Their case is a textbook example of how the current cyberlaw is nothing but a political weapon to silence critical opinions. We must revoke these kinds of provisions from the law.

Mientras escribimos este editorial, dos activistas de derechos humanos enfrentan años de cárcel por expresar en YouTube su opinión crítica sobre un destacado ministro del gabinete. Su caso es un ejemplo de manual de cómo la actual ciberley no es más que un arma política para silenciar las opiniones críticas. Debemos revocar este tipo de disposiciones de la ley.

También criticó el secretismo que rodea las deliberaciones del Parlamento:

It is concerning that members of the executive and legislative bodies have chosen to keep their discussions of the important bill from public scrutiny. As we become more reliant on digital technology to do our daily tasks, which has turned all of us into netizens, it is only fair that we have a say in the making of the rule of law in cyberspace.

Es preocupante que los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo hayan optado por mantener sus debates sobre este importante proyecto de ley al margen del escrutinio público. A medida que dependemos más de la tecnología digital para hacer nuestras tareas cotidianas, lo que nos ha convertido a todos en internautas, es justo que podamos opinar sobre la creación del estado de derecho en el ciberespacio.

La editorial citó el caso de los defensores de derechos humanos Fatia Maulidiyanti y Haris Azhar, acusados de difamación por una publicación en YouTube sobre el rol de algunos funcionarios en operaciones mineras destructivas en la provincia de Papúa. Los grupos de la sociedad civil afirmaron que este caso destaca cómo la ley ITE se ha convertido en una herramienta para reprimir la disidencia.

For merely speaking truth to power, seeking justice and accountability, and expressing evidence-based criticisms against the government, the likes of Fatia and Harris are being silenced. Such judicial harassment would have never happened in a healthy democratic context.

Por el mero hecho de decir la verdad al poder, buscar justicia y rendición de cuentas, y expresar críticas fundadas contra el Gobierno, se está silenciando a personas como Fatia y Harris. Este acoso judicial nunca se habría producido en un contexto democrático sano.