manifestantes contra la extirpación en las calles de Banjul; captura de pantalla del canal de Tv5monde en YouTube

Este artículo de Satang Nabaneh y Musu Bakoto Sawo se publicó originalmente en Afrique XXI. Global Voices reproduce una versión editada en virtud de una asociación para compartir contenido con Afriquexxi.

En Gambia, en nombre de la cultura y la tradición, los parlamentarios están evaluando revertir la prohibición de practicar mutilación genital femenina. La ley aún no se ha votado, y dos juristas gambianos están llamando a movilizaciones para proteger a las niñas y las mujeres del país.

En 2015, Gambia aprobó una ley que prohibía la mutilación genital femenina por medio de una reforma a la ley sobre mujeres de 2010, después de décadas de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios para defender y dar a conocer sobre el asunto. El artículo 32A de la ley sobre mujeres de 2015 convierte en delito la práctica de la extirpación. Quien contravenga esa norma es pasible, bajo declaración de culpabilidad, de una pena de prisión de tres años o una multa, o ambos.

La ley también prevé una pena de prisión perpetua si el procedimiento termina en muerte. La sección 32B (1) se dirige a los autores del procedimiento, y estipula:

Toute personne qui demande, incite ou promeut l’excision en fournissant des outils ou par tout autre moyen commet une infraction et est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou d’une amende de cinquante mille dalasis (735 dollars américains), ou des deux.

Toda persona que solicite, incite o promueva la extirpación con herramientas, o por cualquier otro medio, comete un delito y puede ser condenada a tres años de prisión o a una multa de 50 000 dalasis (735 dólares estadounidenses), o ambos.

Además, se impone una multa de 10 000 dalasis (147 dólares estadounidenses), conforme a la sección 32B (2) de la ley, a todo aquel que sepa de la práctica y no la denuncie sin una buena razón.

La legislación que prohíbe la mutilación genital femenina se aprobó en Gambia tras una directiva del expresidente Yahya Jammeh (1994-2017). Fue aprobada cuando los sobrevivientes estaban cada vez más visibles y había iniciativas de poner fin a esta práctica en el país. Pese a ese supuesto compromiso, el Gobierno acosó a militantes contra la mutilación genital femenina y redujo el espacio de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios que querían incluir a las comunidades que la practican y la población en su conjunto, facilitar el acceso a la información sobre los peligros de la mutilación genital femenina e influir para terminar con la práctica en interés de niñas y mujeres.

Dos casos denunciados desde 2015

El reconocimiento de la mutilación genital femenina como violación flagrante de los derechos de niñas y mujeres consta en numerosos de instrumentos jurídicos internacionales y declaraciones políticas. Desde la promulgación de la ley sobre las mujeres en diciembre de 2015, solo se han denunciado dos casos de mutilaciones, como el de un bebé de cinco meses que murió tras una mutilación en la aldea de Sankandi. Los acusados negaron los hechos y han pedido libertad bajo caución, a lo que el Estado se ha opuesto. El asunto se aplazó para resolver la libertad bajo caución, pero antes de que le corte se pronunciara, el Estado desistió del procedimiento. La posición oficial del Estado fue que el informe médico no establecía relación entre la muerte y la mutilación.

En 2023, se sentenció a tres mujeres de Niani Bakadaji, en la región del río Central, por haber practicado y alentado mutilaciones genitales femeninas. Ocho menores entre cuatro meses y un año fueron mutilados, en directa violación de la ley sobre las mujeres de 2015. Solo fueron condenadas a una multa de 15 000 dalasis (220 dólares estadounidenses), o por defecto, a un año de prisión, pena que no está de acuerdo a la prevista por ley.

El fin de semana siguiente a la condena, el imam Abdoulie Fatty, erudito religioso conocido por sus opiniones fundamentalistas y asociado con el exdictador Yahya Jammeh, se reunió con otros eruditos en la aldea de las mujeres condenadas para pagar la multa, acción que considera como un deber sagrado de todo musulmán, y como apoyo a la extirpación como parte de la culture de la población. Agregó que si todos apoyan abiertamente la extirpación, el Gobierno no podría encarcelar a toda una aldea, por no hablar de todo un país.

Debates retrógrados

El ataque del imam Fatty a la ley contra la mutilación genital femenina llevó a debates intensos y retrógrados en la Asamblea Nacional, que terminaron en apoyo masivo a favor de derogar la prohibición de la mutilación genital femenina. El 4 de marzo de 2024, el diputado Almameh Gibba presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, reforma a la ley de las mujeres de 2024, que busca suprimir los artículos 32A y 32B de la ley de las mujeres (enmienda) de 2015.

El proyecto de ley afirma que la extirpación está profundamente arraigada en las creencias culturales y religiosas de la mayoría del pueblo gambiano, en particular en el contexto del islam, pero esta posición no puede justificar prácticas que violen los derechos humanos. Varios países cuya población es mayoritariamente musulmana han promulgado leyes que prohíben la mutilación genital femenina, que también ha sido condenada por numerosos eruditos y organizaciones islámicas en todo el mundo, y subrayan la importancia de proteger a la persona contra prácticas nefastas.

El proyecto de ley también afirma que prohibir la extirpación contradice los principios generales de Naciones Unidas, que fomentan la preservación y la práctica de los patrimonios culturales e históricos. Aunque Naciones Unidas fomenta la preservación cultural, también destaca la protección de derechos humanos, incluido el derecho a no sufrir forma alguna de discriminación y violencia, como la mutilación genital femenina. Los órganos de supervisión de tratados de Naciones Unidas condenan las prácticas sociales y culturales perjudiciales que atentan contra la salud, la seguridad, la integridad corporal y el bienestar general de las personas, independientemente de su justificación cultural o religiosa.

Aunque el derecho internacional reconoce el derecho de las personas a practicar su cultura y religión, estos derechos puede restringirlos un Gobierno que tiene la obligación de proteger los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, la justificación para el proyecto de ley de las mujeres (enmienda) de 2024 no es coherente con el espíritu y la intención de la interpretación de Naciones Unidas sobre la preservación del patrimonio cultural. Es un hecho establecido que las personas no pueden invocar la cultura o la religión para justificar violaciones de los derechos de mujeres y niños.

Profunda inquietud

Gambia ha firmado el protocolo de Maputo, que impone a los Estados la obligación de prohibir la mutilación genital femenina por sanciones penales (artículo 5(b)). El protocolo garantiza también el derecho a vivir en un «contexto cultural positivo». Si se aprueba, el proyecto de ley constituirá une violación directa de esas disposiciones. El país también integra la Corte Africana que ha resuelto en el caso APDF y IHRDA contra Mali que los Estados africanos no pueden usar la cultura y la religión como base para justificar la violación de derechos humanos. Aunque el artículo 17 del Estatuto Africano y el artículo 17 del Protocolo de Maputo reconocen el derecho a la cultura, y el artículo 18 del Estatuto hace referencia a los valores «tradicionales», eso no exonera a los Estados de su responsabilidad de eliminar las prácticas tradicionales nefastas que violan los derechos humanos.

Tras la segunda lectura del proyecto de ley el 18 de marzo de 2024 y el debate que siguió, los legisladores votaron 42 votos contra cuatro por reenviar el proyecto de ley a la Comisión de Asuntos de la Asamblea para que se someta a las comisiones pertinentes de  la Asamblea para un examen más profundo y una consulta pública.

La Comisión Africana y el Comité Africano de Expertos sobre  Derechos y Bienestar del Menor (ACERWC) publicaron recientemente una declaración común que expresa su profunda preocupación. Piden encarecidamente a Gambia proteger a niñas y mujeres y que mantengan la prohibición. Es solo un ejemplo entre varios otros del clamor internacional contra la posible derogación. Es esencial que las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales participen rigorosamente en el proceso de consulta para presionar al presidente para que rechace el proyecto de ley sobre mutilación genital femenina.