¿Ves todos los idiomas arriba? Traducimos las historias de Global Voices para que los medios ciudadanos del mundo estén disponibles para todos.

Entérate más sobre Traducciones Lingua  »

¿Evita Jamaica el ciberdelito o el ciberactivismo? Brigada Pandereta frente a los tribunales

Manifestantes en la marcha de la Brigada Pandereta el 11 de marzo de 2017 contra la violencia sexual, Kingston, Jamaica. Foto de Storm Saulter, usada con autorización.

Cuando Latoya Nugent, una de las fundadores del nuevo movimiento de Jamaica, la Brigada Pandereta, entró a los tribunales el 22 de marzo de 2017, la atención del público se volcó al alcance de la Ley de Ciberdelitos y muchos se preguntaban si en el intento evitar los ciberdelitos se restrigen el ciberactivismo.

La Brigada Pandereta de Nugent es “un movimiento radical que se formó de manera natural por un urgente reconocimiento de defender de manera diferente los derechos de mujeres y niñas”. El mayor motivo de fricción es la controvertida táctica de la brigada de animar a las sobrevivientes de abuso sexual de nombrar a sus abusadores con la etiqueta #SayTheirNames [Di sus nombres], antes de que los abusadores enfrenten a un juez. A Nugent la acisaron de tres cargos de “uso de una computadora para comunicación maliciosa” –según la Ley de Ciberdelitos del país–por identificar a varios hombres como depredadores sexuales en medios sociales, y algunos presentaron quejas formales ante la policía.

El movimiento Brigada Pandereta está dirigida por sobrevivientes como Nugent y se generó a inicios de 2017 por revelaciones de abuso sexual infantil de Paul Gardner, pastor de la Iglesia Moravian. Los seguidores de la Brigada Pandereta dicen que su táctica radical de nombrar y avergonzar es esencial porque las leyes de violencia sexual y abuso doméstico de Jamaica –incluida la Ley de Delitos Sexuales de 2009– coloca una carga desproporcionada con la víctima, y porque la violación y los maltratos quedan en su gran mayoría sin denunciar por una cultura de avergonzar a la víctima y el estigma.

El Estado prece estar más interesado en silenciar a la Brigada Pandereta que en atrapar a los autores de violencia sexual.

El caso contra Nugent es complicado

Como muchas leyes de ciberdelitos de otros países, la legislación de Jamaica está redactada con imprecisión cuando se trata de comunicación “maliciosa”. Fuera de línea, nombrar a los presuntos autores que no se han presentado ante los juzgados es un asunto que se trataría con las leyes de difamación. Pero en in 2013, Jamaica reformó su régimen de difamación para que se trate como asunto civil y no penal. Si alguien está condenado por difamación en Jamaica, puede ser obligado a pagar daños pero no a una ssentencia de cárcel.

Cuando Nugent compareció en el tribunal, se enteró de que su fianza había sido extendida porque el fiscal general había tomado interés en el caso y necesitaba más tiempo para revisar los expedientes. Se reprogramó una nueva comparecencia de Nugent en la corte para el 31 de marzo. El 17 de mayo, el fiscal general desestimó las acusaciones contra Nugent.

La bloguera y activista de internet Ingrid Riley convocó a los usuarios de medios sociales a “prepararse para participar cuando la ley [de ciberdelitos] se revise el próximo año”. Riley anotó:

The arrest of Tambourine Army co-founder Latoya Nugent speaks volumes. It says, how dare you host such a march? How dare you decide to speak? How dare you seek change when change isn’t needed. You should be raped, violated and abused, for rape culture has no end!

It is not being said in those words, of course. But the arrest of Latoya Nugent, who has been charged with the use of a computer for malicious communication under the Cyber Crime Act, after naming an alleged sex offender, is telling me just that!

I am told to be silent, for my voice has no power or place in this country. Because if I do speak out, or fight to protect my person, the State will be coming for me.

El arresto de la cofundadora de la Brigada Pandereta, Latoya Nugent, dice mucho. Dice: ¿cómo te areves a organizar una marcha como esa? ¿Cómo te atreves a decidir hablar? ¿Cómo te atreves a buscar un cambio cuando no se necesita un cambio? Te deberían violar, violar y maltrarar, ¡porque la cultura de la violación no tiene final!

No se ha dicho con esas palabras, claro. Pero el arresto de Latoya Nugent, acusada de usar una computadora para comunicación maliciosa según la ley de ciberdelitos, ¡por nombrar a un presunto delincuente sexual offender, me dice exactamente eso!

Me dicen que me calle, que mi voz no tiene poder o lugar en este país. Porque si hablo o peleo para protegerme, el Estado me vendrá a buscar.

El sistema de justicia en Jamaica está “rechinando”

En su página de Facebook, la Brigada Pandereta enlazó a un artículo del respetado abogado británico Lord Anthony Gifford, que admitió que el caso contra Nugent “ha planteado asuntos constitucionales que para un abogado de derechos humanos es fascinante desenredar”. Gifford descompuso la situación en tres asuntos simples: que la víctimas “están hartas de la charla piadosa que no ha cambiado nada”; los ciudadanos tienen derecho a la llbre expresión; y que las personas son inocentes hasta que se demuestra que son culpables, el sistema de justicia en Jamaica “está rechinando” y haciendo que el camino a la justicia sea “intolerable”.

Sobre el lenguaje de la legislación de ciberdelitos, Gifford expresó que “estaba claramente diseñado para castigar a troles y acosadores que usan amenazas y lenguaje obsceno para amenazar a los vulnerables, y particularmente a las mujeres”. Aunque reconoce que no conocía los detalles del caso de Nugent, Gifford concluyó:

…making threats through social media is a criminal offence, and justifiably so, but simply making accusations is not. In interpreting the meaning of the new act, the courts must ensure that the right to freedom of expression is upheld.

Amenazar por medios sociales es un delito, y justificable, pero hacer acusaciones no lo es. Al interpretar la nueva ley, las cortes deben garantizar que se mantenga el derecho a la libertad de expresión.

En una publicación en Facebook, la bloguera Annie Paul comentó:

….why is alleged libel on social media a police matter rather than a civil one as libel normally is […]? Because libel via computer is deemed a criminal offence in Jamaica rather than a civil one It has alarming implications for freedom of speech. For example @latoyanugent of the #TambourineArmy was arrested by the Counter-Terrorism and Organised Crime Investigation Branch. Doesn’t this strike you as overkill? Isn’t this perhaps designed to serve as a warning to civil society and those who comment in online forums? Doesn't this represent a direct threat to freedom of speech?

….¿por qué la presunta difamación en medios sociales es asunto policial y no civil como es normalmente la difamación […]? Porque la difamación por computadora es un delito en Jamaica y no materia civil. Tiene consecuencias alarmantes para la libertad de expresión. Por ejemplo, Latoya Nugent de la Brigada Pandereta fue arrestada por la División de Contraterrorismo y Crimen Organizado. ¿No les parece una exageración? ¿Tal vez no está diseñado para servir como advertencia a la sociedad civil y los que comentan en foros en línea? ¿No representa una amenaza directa a la libertad de expresión?

En un artículo para Jamaica Gleaner, Paul escribió que la etiqueta #SayTheirNames [Di sus nombres] no se trata de “mujeres que exigen el derecho de acusar falsamente a hombres de haberlas violado”, sino de “facilitar el fortalecimiento de sobrevivientes y ponerlas directametne a los pies de los perpetradores”. Repitiendo el argumento de Lord Gifford sobre los muchos casos de víctimas de abuso sexual a las que se niega justicia, Paul preguntó “¿entonces por qué el pánico moral sobre la mera posibilidad de difamación en el ciberespacio? ¿Y por qué no hay indignación por la cultura de violación fuera de control [que hay] aquí?”.

La Asociación de Prensa de Jamaica también dio su opinión sobre el ángulo de la legislación, y pidió al Parlamento que mantuviera su posición en difamación penal:

Freedom of expression is a fundamental right that, like many others, is subject to restrictions. Those restrictions include the law of defamation to protect the reputations of others. These are matters for the civil courts. […]

However, criminal defamation laws that penalise statements that injure reputation are understood by freedom of expression advocates all over the world to be an enemy of freedom of expression, to have a chilling effect on free speech, and to facilitate the repression of criticism by governments. […]

Making arrests for what are essentially matters for the civil courts places Jamaica on a steep, slippery slope where freedom of expression is at risk. We do not believe this was the intention of the legislature.

La libertad de expresión es un derecho fundamental que, como muchos otros, está sujeto a restricciones. Esas restricciones incluyen la ley de difamación para proteger la reputación de otros. Son asunto de jueces civiles. […]

Sin embargo, las leyes penales de difamación que penalizan las declaraciones que perjudican la reputación son entendidas por los defensores de la libertad de expresión en todo el mundo como un enemigo de la libertad de expresión, de tener un efecto paralizador en la libre expresión y de facilitar la represión de las críticas de los gobiernos. […]

Ordenar arrestos por lo que esencialmente es un asunto para jueces civiles coloca a Jamaica en una abrupta pendiente resbaladiza donde la libertad de expresión está en riesgo. No creemos que esa haya sido la intención de la legislación.

El panorama en conjunto

Activista en todo el Caribe están dejando escuchar sus voces con respecto a las restricciones a la libre expresión que caen en el ámbito de las muy amplias leyes de ciberdelitos. Code Red publicó una declaración de solidaridad en su blog:

What happened to Latoya is not specific to Jamaica. Across the Caribbean region, we see an increasing attempt to enact cyber crime and repressive legislation that fails to protect the most vulnerable and the most marginalized in our communities; and instead attempts to silence and criminalize dissent and human rights organizing. […]

We recognize that the internet is often used as a space for human rights defenders to disseminate information, organize, advocate and mobilize. Accordingly, what we need are digital security frameworks that not only centre, but that protect, human rights. […]

We are all impacted by Latoya’s arrest. As democratic spaces across the Caribbean region continue to shrink, in addition to being accompanied by increasing police and state surveillance and repression, we recognize the urgency and necessity of maintaining spaces for civil disobedience and organizing. We demand that our fundamental human right to resist and mobilize be respected. And we call upon the government of Jamaica, specifically the Director of Public Prosecutions Paula Llewellyn who has taken an interest in this case, to drop all charges against Latoya Nugent.

Lo que ocurrió con Latoya no es exclusivo de Jamaica. En todo el Caribe, vemos un aumento en los intentos de aplicar ciberdelitos y una legislación represiva que no lograr proteger a los más vulnerables y a los más marginados en nuestras comunidades; y en lugar, intentos de silenciar y penalizar la discrepancia y la organización de derechos humanos. […]

Reconocemos que con frecuencia se usa internet como espacio para que los defensores de derechos humanos difundan información, se organicen, defiendan y se movilicen. Según eso, lo que necesitamos son marcos de trabajo de seguridad digital que no solamente centren sino que protejan derechos humanos. […]

A todos nos impactó el arresto de Latoya. Mientras los espacios democráticos en el Caribe siguen reduciéndose, además de estar acompañados por creciente viglancia policial y estatal y represión, reconocemos la urgencia y necesidad de mantener espacios de desobediencia civil y organización. Exigimos que se respete nuestro fundamental derecho humanos de resistencia y movilización. Y llamamos al Gobierno de Jamaica, específicamente la fiscal general Paula Llewellyn que se ha interesado en el caso que desestime las acuaciones contra Latoya Nugent.

Inicie la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor trate a los demás con respeto. Comentarios conteniendo ofensas, obscenidades y ataque personales no serán aprobados.