Los ugandeses salieron a las calles de Kampala el 11 de julio para exigir el fin del plan tributario que cambió totalmente la comunicación, información y métodos de pago para los usuarios de teléfonos móviles en todo el país. Los solicitantes también ponen en duda la constitucionalidad del impuesto en el tribunal.

La nueva ley, que entró en vigencia el 1 de julio, obliga a los ugandeses pagar un impuesto diario por utilizar las aplicaciones móviles «Over the top» (OTT) como, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber, LINE, Snapchat, Skype, LinkedIn, Tinder y Grindr, entre otras.

La ley también impuso un gravamen de 1 % sobre las transacciones de dinero móvil, que es ahora el método necesario para recargar las tarjetas SIM.

En conjunto, estas nuevas políticas harán más costosa la comunicación y las tareas cotidianas mediante el uso de los dispositivos móviles para los ugandeses –particularmente para quienes viven en la pobreza.

El presidente Yoweri Museveni afirma que este impuesto tiene el objetivo de reducir el chisme en línea e incrementar los ingresos públicos. Lo que él no percibe es que el gravamen hará mucho más que restringir la conversación.

• El impuesto a los medios sociales cuesta demasiado. Para los residentes más pobres de Uganda, este eleva en un 10 % los costos de conexión a internet.

• El impuesto a los medios sociales infringe la neutralidad de la red. Crea un sistema de dos niveles, en el que acceder a «todo el internet» es más caro que acceder a una «parte».

• El impuesto a los medios sociales deja a los residentes más pobres de Uganda con menos acceso a la información.

• El impuesto a los medios sociales convierte el derecho a la libre expresión en las plataformas de internet más importantes en un privilegio, disponible únicamente para aquellos que pueden pagarlo.

El costo de este impuesto es excesivo

Los ugandeses ahora se topan literalmente con un muro de pago a diario cuando pretenden utilizar cualquiera de las 58 aplicaciones OTT identificadas en la ley. Si desean continuar, deben pagar una tarifa de 200 chelines ugandeses (US$0.05).

Con un PBI per cápita promedio de US$604, el uso diario de los medios sociales o las aplicaciones de mensajería consumiría el 3 % de los ingresos anuales del ugandés promedio. Esto es un costo adicional al del teléfono móvil, del plan de llamadas, texto y datos, y al del impuesto de 1 % por recargar las tarjetas SIM.

De acuerdo con Colaboración en Política Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación en África Oriental y Meridional (CIPESA), el impuesto provocará que los habitantes más pobres de Uganda observen un incremento del 10 % en el costo de conexión a internet. Utilizar apenas 1 GB de datos ahora costará aproximadamente el 40 % de su ingreso mensual promedio.

Falta ver hasta qué punto el nuevo impuesto reducirá el uso y el acceso a internet en Uganda, donde se estimaba que la penetración de internet llegaba aproximadamente un 22 % en 2016, según información del Banco Mundial.

Violación a la neutralidad de la red

El impuesto también infringe directamente el principio de neutralidad de la red, el principio según el cual los proveedores de servicio deben tratar al tráfico de internet con igualdad, y no bloquear ni reprimir el acceso al contenido o los servicios en línea.

Uganda no posee norlas legales que velen por la neutralidad de la red, y tanto el Gobierno como las compañías de telecomunicaciones ya han infringido este principio, con precios escalonados y bloqueos de los medios sociales.

Además de censurar a los medios sociales durante las elecciones (por orden del Gobierno), las compañías de telecomunicaciones ofrecieron paquetes especiales que concedieron a los usuarios acceso solo a WhatsApp, Facebook y Twitter, por una tarifa menor a la de un plan de datos completo. Aunque no es técnicamente una tasa cero, tiene un efecto similar: ofrece una reducción de costo a los usuarios que utilizan solo estas aplicaciones. Al mismo tiempo, vuelve a «todo el internet» más caro que solo «una parte», y empuja a los usuarios con presupuestos limitados a depender de esas aplicaciones particulares.

Aunque el nuevo impuesto infringe la neutralidad de la red, también elimina de manera simultánea los beneficios de esos paquetes –esta oferta en particular estaba valorada en 200 chelines por día (aproximadamente US$0.05), pero con el nuevo impuesto, el costo se duplica oficialmente (aproximadamente US$0.10). Para quienes pudieron pagar el precio del paquete especial, pero no más que eso, el impuesto da lugar a que sean excluidos de esos servicios por completo.

Restricción del acceso a la información (para aquellos que puedan pagarlo)

El presidente Museveni describió la lógica original para la implementación del impuesto de la siguiente manera:

I am not going to propose a tax on internet use for educational, research or reference purposes… these must remain free. However, olugambo (gossip) on social media (opinions, prejudices, insults, friendly chats) and advertisements by Google and I do not know who else must pay tax because we need resources to cope with the consequences of their olugambo.

No voy a proponer un impuesto sobre el uso de internet con fines didácticos, de investigación o referencia… estos deben permanecer gratuitos. No obstante, el olugambo (chisme) en los medios sociales (opiniones, prejuicios, insultos, conversaciones amistosas) y la publicidad de Google y no sé quién más debe pagar el impuesto porque necesitamos recursos para lidiar con las consecuencias de su olugambo.

Que Museveni clasificara el uso de los medios sociales como una actividad de lujo revela brechas significativas en la comprensión del Gobierno sobre cómo las personas utilizan y dependen de estas tecnologías.

Como cualquier usuario experimentado en la región sabe, WhatsApp no es solo un lugar donde las personas conversan y chismean frívolamente. En Uganda (como en muchos países en África y América Latina), WhatsApp es una plataforma clave para distribuir información, noticias y alertas públicas comunitarias durante emergencias. Los ugandeses más pobres que no puedan pagar el impuesto quedarán excluidos de estas redes de información y de distribución de noticias existentes. Aunque pueden desarrollar nuevos métodos de intercambio de información, esto requiere tiempo, trabajo y conocimiento, que no son fáciles de adquirir, particularmente para las personas que viven en la pobreza.

La popularidad, la versatilidad y la utilidad de las aplicaciones como WhatsApp y Facebook –combinadas con las ofertas rebajadas en el servicio, como se mencionó anteriormente– significa también que para muchas personas (en Uganda y en todo el mundo), estos servicios en línea son los únicos que saben utilizar.

Como expresó Prudence Nyamishana,  activista ugandesa y colaboradora de Global Voices:

The tax ignores a critical lack of digital literacy, particularly among poor Ugandans. When I interviewed women living in Bwaise, a slum in Kampala, I learned that for them, WhatsApp and Facebook are the internet. These are the only platforms they know how to use. So with the new tax, they will be cut off altogether.

El impuesto ignora la carencia grave de alfabetización digital, en especial entre los ugandeses pobres. Cuando entrevisté a mujeres que viven en Bwaise, barrio pobre en Kampala, me enteré de que que para ellas, WhatsApp y Facebook es internet. Estas son las únicas plataformas que saben utilizar. Por lo tanto, con el nuevo impuesto, serán excluidas por completo.

Muchos ugandeses ahora utilizan las redes privadas virtuales para evadir el impuesto, pero el Gobierno amenaza también con bloquear estos servicios.

Convertir la libre expresión en un privilegio

Aunque el Gobierno parece estar impaciente por incrementar la recaudación tributaria del sector de las telecomunicaciones, los activistas ugandeses se preguntan sobre sus verdaderas intenciones, en especial cuando se toma en consideración la reciente historia de censura en línea del país.

Durante las últimas elecciones presidenciales de febrero de 2016, la Comisión de Comunicación de Uganda obligó a los operadores a bloquear el acceso a los servicios de medios sociales. En el transcurso de los últimos años, las autoridades arrestaron a varios usuarios por publicar críticas al Gobierno y al presidente Museveni, según la Ley del Uso Inadecuado de una Computadora de 2011.

«Para los ugandeses, el impuesto sobre los medios sociales no es otro impuesto más», escribió la periodista ugandesa Lydia Namubiru para Quartz Africa. «Es el esfuerzo más reciente del Gobierno para castigar y disuadir la expresión en línea».

Gobierno sigue firme con el impuesto, las compañías de telecomunicación permanecen en silencio

Pese a prometer revisar las nuevas medidas a inicios de julio, el Gobierno ugandés todavía permanece firme con respecto a su decisión de gravar el uso de los servicios OTT. Un proyecto de ley para enmendar la ley de impuesto especial de 2018, presentado al Parlamento el 18 de julio, pretende reducir el impuesto sobre el retiro de dinero móvil, de 1 % a 0.5 %, pero no ofrece modificación al impuesto sobre los medios sociales.

Entretanto, los proveedores del servicio que operan en el país no se han pronunciado al respecto. Aunque Smile, un operador pequeño, ofreció pagar el impuesto a sus clientes por tres meses (en un probable intento de generar más negocios), los tres proveedores más grandes, MTN Uganda, Airtel India y Africell, solo publicaron un aviso para el público general donde anunciaban la implementación de los nuevos impuestos.

«Las compañías de telecomunicaciones no reaccionan porque están protegiendo sus propios intereses», nos dijo Prudence Nyamishana. «Como oligopolistas, se pueden comportar como deseen sin colocar a las personas en el centro de sus intereses».

Con la ausencia de un regulador fuerte e independiente que defienda los intereses y los derechos de los usuarios, los activistas ugandeses están por su cuenta para combatir este impuesto. A pesar de que la Comisión de Comunicaciones de Uganda, que regula la industria de las telecomunicaciones, es «independiente» en papel, todos los miembros de su consejo son nombrados por el ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación y aprobados por el Gobierno. Además, un proyecto de ley que propuso el Gobierno y que el Parlamento aprobó el año pasado eliminó un sistema de pesos y contrapesos parlamentarios sobre la supervisión del sector de comunicación del ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Con esta normativa vigente, la Comisión de Comunicaciones de Uganda únicamente obedece las órdenes del Gobierno, y esto se ve reflejado en el apoyo demostrado por la comisión al impuesto sobre los medios sociales. Ibrahim Bbossa, gerente de asuntos del consumidor de la Comisión de Comunicaciones de Uganda, indicó a los medios locales que el Gobierno está en lo «correcto» y «ha sido perspicaz» en implementar este impuesto, ya que el «impuesto a la voz está a punto de desaparecer». La comisión ordenó también a los operadores bloquear las redes privadas virtuales para evitar que los usuarios eludan el muro de pago.

Este impuesto no prevalecerá sin dar pelea

Un día después de la implementación del el impuesto, los solicitantes iniciaron un proceso judicial contra el Gobierno, con el argumento de que el impuesto infringe el derecho a la libertad de expresión y al acceso de información de los ciudadanos, como lo define la Constitución ugandesa de 1995. Estos derechos también están protegidos bajo tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uganda es signatario de ambos documentos.

En línea, las campañas #Notosocialmediatax [No al impuesto a los medios sociales] se unieron en Facebook y Twitter, e importantes celebridades y algunos líderes políticos exigieron al Gobierno que reconsidere el impuesto. Y en las calles, las protestas atrajeron enormes multitudes de simpatizantes –y la policía utilizó gas lacrimógeno y violencia para disolver las manifestaciones.

Los ciudadanos están a la espera de una respuesta a la enmienda propuesta el 19 de julio, y los solicitantes esperan una cita en el tribunal para impugnar la constitucionalidad de la ley.