Israa Al-Ghomgham de niña. Fotografía de amplia circulación en línea.

Este artículo es de Khalid Ibrahim, director ejecutivo del Centro del Golfo para los Derechos Humanos (CGDH), organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica en la región del Golfo y países vecinos.

Israa Al-Ghomgham, defensora de los derechos humanos, puede enfrentar dentro de poco la pena de muerte en Arabia Saudita, por sus actividades no violentas relacionadas con los derechos humanos.

Al-Ghomgham fue arrestada en 2015 junto con su esposo, el activista Mousa Al-Hashim, por su participación en las protestas contra el Gobierno en Al-Qatif, y acusada bajo el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos de 2007 de «preparar, enviar y almacenar material que perjudicaría el orden público». La acusan también de «incitar mitines y a los jóvenes contra el Estado y las fuerzas de seguridad en los sitios de redes sociales», y por publicar fotografías y videos de las protestas en línea. Desde entonces, ha permanecido en detención, y ha sido sometida a juicio a principios de agosto de 2018. Los fiscales solicitan la pena de muerte para su caso.

En el caso de Al-Ghomgham hay un poco más en juego. Pero las circunstancias de su arresto, encarcelamiento y proceso judicial se volvieron escalofriantemente comunes en toda la región de Oriente Medio y Norte de África.

Por casi dos décadas, activistas como Al-Ghomgham en la región de Oriente Medio y Norte de África han utilizado herramientas en línea para exigir a las sociedades democráticas que respeten los derechos fundamentales y para expresar libremente otras ideas que no son bien recibidas en los medios de comunicación convencionales, que en muchos casos están bajo control del Gobierno.

Pero después del aluvión de movimientos sociales que surgieron en la región en 2011-2012, muchos Gobiernos y sus fuerzas de seguridad emprendieron la tarea de reforzar sus controles en internet e impedir que se utilizara para promover los derechos humanos y la justicia social.

En países donde los grupos de derechos humanos documentaron graves infracciones de derechos humanos, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Qatar, los Gobiernos invirtieron millones de dólares en herramientas para vigilar, espiar y acceder ilícitamente en las computadoras con el fin de atacar a los defensores de derechos humanos, como activistas y blogueros en internet.

Además de estas medidas técnicas, buscaron mecanismos legales para facilitar esta causa. Entre estas tácticas se incluye la adopción y rigurosa implementación de leyes contra delitos informáticos, que se han utilizado para reprimir la libertad de expresión en Internet y penalizar y encarcelar a los activistas.

Un reciente informe del Centro del Golfo para los Derechos Humanos (CGDH), con el título «Seguimiento a leyes de delitos informáticos y violaciones de derechos digitales en el Golfo y países vecinos«, ilustra cómo esta combinación de medidas técnicas y jurídicas dieron lugar a una nueva era de represión en la región.

El informe enfatiza estas tendencias y prevé la posibilidad de que los Gobiernos regionales expandan su capacidad para procesar esos «delitos informáticos»:

There are two trends at hand we anticipate to proliferate and feel compelled to warn against. First, legislation will introduce more restraints on online freedom of speech and expression under the label of combating ‘fake news.’ Second, now that the UAE and Syria have developed two branches that are specialised in the prosecution of cybercrimes i.e. the police units and courts, other countries are likely to follow suit.

Existen dos tendencias disponibles que prevemos van a proliferar, por lo que sentimos la obligación de hacer una advertencia. Primero, introducirán más restricciones en la legislación sobre la libertad de discurso y expresión en línea con el pretexto de combatir las «noticias falsas». Segundo, ahora que Emiratos Árabes Unidos y Siria desarrollaron dos ramas que se especializan en el proceso de delitos informáticos, es decir, unidades de la policía y tribunales, existe la probabilidad de que otros países lo imiten.

Además de emplear las leyes de delitos informáticos como pretexto legal arbitrario para atacar a los activistas, los Gobiernos y sus agencias de seguridad contratan compañías extranjeras, a menudo situadas en democracias occidentales, que les brindan programas y equipo de avanzada tecnología para controlar completamente las actividades en línea de los activistas y la sociedad civil.

La compañía canadiense Netsweeper le vendió al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos herramientas de filtrado para bloquear sitios web, como el de CGDH, que está bloqueado en el país desde enero de 2015. 

Los actores gubernamentales, además de vigilar y vigilar las actividades en línea de organizaciones de la sociedad civil, intentaron acceder de manera ilícita a sus cuentas para obtener información confidencial ahí contenida.

Ahmed Mansoor, activista de derechos humanos, cumple actualmente una condena de 10 años de prisión en Emiratos Árabes Unidos. Fotografía de la Fundación Martin Ennals, vía Citizen Lab.

Ahmed Mansoor, bloguero emiratí y defensor de derechos humanos que cumple actualmente una condena de 10 años de prisión por expresar sus opiniones en línea, fue atacado por medio de un programa espía conocido como Finfisher que comercializa Gamma International, sociedad anónima inscrita en el Reino Unido y Alemania. Una investigación técnica indica que Mansoor fue atacado también con un programa desarrollado por la empresa italiana Hacking Team.

Solo durante 2015, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos utilizaron el programa de Hacking Team, que adquirieron por US$634 500, para espiar a 1 100 personas. En 2016, Mansoor sufrió nuevamente un intento de suplantación de identidad, pero en esta oportunidad la tecnología utilizada provino de la compañía israelí NSO Group.  

En toda la región, cuando arrestan a defensores de derechos humanos y activistas en línea también confiscan sus dispositivos electrónicos y los de su familia. Cuando Mansoor fue arrestado en marzo de 2017, las fuerzas de seguridad confiscaron los teléfonos móviles y las computadoras portátiles de sus hijos.

A medida que la represión continúa intensificando en toda la región de Medio Oriente y el Norte de África, los Gobiernos de democracias occidentales deberían tomar acción contra las compañías que favorecen semejante acto. La Unión Europea, y los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá necesitan imponer controles sobre las compañías de seguridad digital para evitar que exporten censura y tecnologías de bloqueo y espionaje a Gobiernos represivos.