Escudos de la policía antidisturbios antes del comienzo de las protestas electorales. Foto de Pio Kharisma Yongha. Usada con autorización.

Los disturbios comenzaron en Yakarta el 22 de mayo de 2019 después de que el organismo electoral del país anunció la victoria del actual presidente, Joko Widodo. Los manifestantes eran partidarios del candidato presidencial derrotado Prabowo Subianto, quien aseguró que hubo un fraude electoral sistemático.

Al menos ocho personas murieron durante los altercados con la policía y más de 700 resultaron heridas.

Aparte de estas víctimas entre los manifestantes, varios periodistas fueron atacados mientras cubrían los disturbios. El Gobierno también restringió el acceso a las redes sociales durante tres días para detener la difusión de noticias falsas.

Restringen redes sociales para detener los engaños

El Ministro Coordinador de Política, Justicia y Seguridad de Indonesia (Menpolhukam), el general retirado Wiranto, anunció el 22 de mayo que las redes sociales y las aplicaciones móviles de mensajería se restringirían mediante la reducción del ancho de banda y el cierre selectivo de cuentas en las redes sociales para frenar la difusión de engaños. Durante tres días, los internautas indonesios solo pudieron enviar videos o imágenes a través de red privada virtual.

Una coalición de grupos de derechos humanos señaló que tanto los partidarios de Subianto como de Jokowi se estaban insultando en línea y propagando discursos de odio e información falsa.

Coincidiendo con el general Wiranto, el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación e Información (Kemenkominfo) de Indonesia pidió a los internautas que no difundieran contenidos sin verificar ni noticias falsas sobre las protestas electorales. Se cerraron unas 2000 cuentas de redes sociales y páginas web por difundir «contenido negativo».

El Ministro de Comunicación y Tecnología Rudiantara defendió las estrategias del gobierno:

2. Pembatasan akses merupakan salah satu dr alternatif2 terakhir yang ditempuh seiring dg tingkat kegentingan. Pemerintah negara2 lain di dunia telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan.

— Rudiantara (@rudiantara_id) May 27, 2019

1. Un solo engaño basta para desencadenar una acción masiva que lleva a lamentar pérdidas de vidas, como sucedió a Mohammad Azam en India en 2018. Es más, acontecimientos similares hubo en Indonesia alrededor del 22 de mayo.
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2. Limitar el acceso es el último recurso en una situación cada vez más extrema. Otras naciones han demostrado su eficacia para detener la propagación del caos.

El ministro aseguró que la agencia había contactado con plataformas de mensajería como WhatsApp:

5. Cara lain, dg bekerja sama dengan penyedia platform, juga ditempuh. Misalnya, sy telah berkomunikasi dg pimpinan WA, yg hanya dlm seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WA yg melanggar aturan.

— Rudiantara (@rudiantara_id) May 27, 2019

5. Otra forma es mediante la colaboración con el proveedor de la plataforma. Por ejemplo, he hablado con los jefes de WhatsApp, que ha cerrado 61 000 cuentas por violaciones de conducta antes de los disturbios del 22 de mayo.

Pero la comisión de derechos humanos del país afirmó que la acción del Gobierno era una exageración.

En su declaración, la Red de Libertad de Expresión del Sudeste Asiático (SAFEnet) aseguró que el Gobierno indonesio «no debería aplicar la regulación sin parámetros bien definidos de emergencia nacional».

La Alianza de Periodistas Independientes (AJI, por sus siglas en inglés) también puso en duda la efectividad de aplicar restricciones en internet durante situaciones de crisis:

While we understand the government’s intention to stop the distribution of false information and protect the public during violent protests, the decision has also inadvertently restricted public’s access to factual information.

Aunque entendemos la intención del Gbierno de parar la distribución de información falsa y proteger al público durante las protestas violentas, la decisión también ha restringido involuntariamente el acceso del público a la información real.

En vez de recurrir a la regulación de las redes sociales, AJI propone:

We ask the government to engage with social media providers so they can be actively involved in stopping the spread of false information and hate speeches through transparent mechanism with a stronger legal basis.

Le pedimos al Gobierno que interactúe con los proveedores de redes sociales para poder dedicarse activamente a detener la difusión de información falsa y discursos de odio a través de un mecanismo transparente con una base legal más sólida.

Indonesia levantó estas restricciones después de tres días.

El peor ataque contra periodistas desde la época de Suharto

AJI manifestó que un corresponsal de AP vio expuesta información privada suya en línea, mientras decenas de periodistas fueron hostigados físicamente por manifestantes y la policía. Algunos culpan a Subianto de incitar al odio cuando calificó a la prensa como «destructora de la democracia» durante su discurso del Día del Trabajador. AJI condenó la violencia ejercida contra los periodistas y pidió una investigación exhaustiva sobre lo que muchos ya han descrito como el peor ataque contra los periodistas en la época posterior a Suharto. Suharto fue un líder autoritario que gobernó el país durante tres décadas hasta su caída del poder en 1998.

AJI describió la intimidación contra los periodistas como un abierto acto de censura. La policía fue acusada de ejercer una fuerza innecesaria para evitar que los periodistas grabaran los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los manifestantes. Sin embargo, también hubo violencia por parte de los manifestantes:

The journalists were also assaulted by protesters. They persecuted the journalists and seized their equipment including their cameras, mobile phones, and recorders. The protesters forced the journalists to delete all photo and video documentation.

Los periodistas también fueron agredidos por los manifestantes. Persiguieron a los periodistas y tomaron por la fuerza sus equipos, incluidos cámaras, móviles y grabadoras. Los manifestantes obligaron a los periodistas a borrar todo el material fotográfico y de video.

Varios grupos de derechos están pidiendo al Gobierno que se investiguen los ataques contra la prensa cometidos por la policía y algunos partidarios de Subianto.