Grupos manifiestan frente al Departamento de Información y Tecnología de Comunicaciones de Filipinas, en protesta contra la ley de eegistro de tarjetas SIM. Foto de una publicación en Twitter de AlterMidya.

Este artículo es de EngageMedia, organización de medios de comunicación, tecnología y cultura sin ánimo de lucro. Se vuelve a publicar una versión editada en Global Voices en virtud de un acuerdo de asociación de contenidos. 

En Filipinas, una ley que obliga a registrar tarjetas SIM y a revelar información personal de cuentas de redes sociales se ha convertido en ley, pese a la amplia oposición de grupos de derechos y defensores de la privacidad. Introducida para «disuadir de la proliferación de los delitos relacionados con las tarjetas SIM, internet o las comunicaciones electrónicas», la medida supone importantes amenazas para la privacidad y la libertad de expresión.

En virtud de la ley de registro de tarjetas SIM, los filipinos deben facilitar sus datos personales antes de comprar y activar una tarjeta SIM. Además, la ley incluye una disposición sobre el registro de cuentas de redes sociales, que afirma que «todos los proveedores de cuentas en las redes sociales exigirán [el] nombre y número de teléfono reales [de un usuario] al crear la cuenta».

Filipinas se une a una creciente lista de países que adoptan leyes similares. La disuasión de la delincuencia es siempre el objetivo declarado de estas medidas, pero la experiencia de otros países sugiere lo contrario. Según Privacy International, el registro de tarjetas SIM es «costoso, intrusivo», y no ha demostrado ser eficaz para frenar la delincuencia. Además, los defensores de derechos digitales y los expertos en ciberseguridad señalan las lagunas que permiten a los criminales eludir las restricciones y facilitan la aparición de mercados negros.

A pesar de su intención, la ley no ofrece soluciones reales a los problemas de seguridad, sino que plantea graves riesgos a la seguridad digital, a la privacidad y a la libre expresión. Comparada a la controvertida Ley Antiterrorista y al acoso continuado hacia activistas y grupos de la sociedad civil en Filipinas, la ley de registro de tarjetas SIM podría empeorar aún más los espacios cívicos ya reducidos del país, y amenazar la privacidad y la seguridad de los filipinos.

¿Cómo amenaza la ley de registro tarjetas SIM los derechos digitales? 

La ley contiene una disposición que exige usar nombre y números de teléfono reales al crear cuentas de redes sociales. Quienes utilicen «identidades ficticias» podrían ser sancionados con multas o penas de prisión. Este requisito impide a las personas ejercer su derecho al anonimato, protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Filipinas es parte. Las restricciones al anonimato también suponen un efecto amedrentador para la libertad de expresión protegida por la Constitución. Sin la seguridad adicional que brinda el anonimato, los informadores y los defensores de derechos humanos pueden estar en peligro, especialmente cuando divulgan información que las autoridades consideran crítica. Los ciudadanos de a pie pueden sentirse inseguros al expresar sus opiniones y creencias personales en líneas. En el caso de la comunidad LGBTQ+, la ley los obliga esencialmente a utilizar sus «nombres muertos» para evitar ser encarcelados.

Además, en virtud de la ley de registro de tarjetas SIM, los datos personales recopilados de los usuarios de tarjetas SIM se almacenará en un servidor centralizado, con lo que se convierte potencialmente en un blanco de ciberataques. Este «registro de tarjetas SIM» contiene datos personales de los usuarios (como el nombre completo, fecha de nacimiento y dirección), y solo puede ser utilizado por las entidades públicas de telecomunicaciones para procesar, activar o desactivar suscripciones. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad advierten que la seguridad de una base de datos central «no puede garantizarse».

Asimismo, debido a su enorme cantidad de datos, el registro de tarjetas SIM podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva. Cualquier usuario filipino de tarjetas SIM, puede estar sometido a vigilancia, lo que podría poner en peligro a denunciantes y activistas. Antes de ley, los defensores de derechos humanos ya habían denunciado el seguimiento y la vigilancia de sus actividades en línea por parte de la Policía. La ley, cuando se une a otras medidas que restringen la libertad de expresión, como la controvertida ley antiterrorista, «solo legalizaría la intrusión y la vigilancia de las autoridades».

¿Quién se expresa?

Antes de que la medida se convirtiera en ley el 4 de marzo, varios defensores de los derechos digitales, grupos tecnológicos y organizaciones de la sociedad civil dieron la voz de alarma por la imprecisión de las disposiciones de la ley y su alto potencial de abuso:

En un llamado anterior en el que se instaba al presidente Rodrigo Duterte a vetar la medida, la Fundación de Medios Alternativos emitió un comunicado en el que citaba la «grave amenaza que supone para los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad y a la libre expresión». Desde la publicación, 45 organizaciones y personas, como Engage Media, han apoyado el comunicado.

La Asia Internet Coalition, asociación industrial de empresas de internet y tecnología de la región de Asia-Pacífico, presentó una carta al Gobierno en la que planteaba su preocupación por la seguridad y la privacidad de la ley. La coalición señaló que la medida pone a los grupos vulnerables «en riesgo de ser rastreados y localizados, aumentar las posibilidades de que su información privada sea mal utilizada».

La Unión de Profesionales de la Informática creó una petición en Change.org contra la medida, afirma que sus disposiciones «no ofrecen ninguna solución real a esos problemas, solo limitan nuestro derecho a la privacidad, y nos exponen a riesgos al consolidar la información personal identificable en un servidor centralizado».

Bahaghari, grupo de derechos LGBTQ+, también se unió al llamado contra la medida, critica en particular el requisito de registro con el nombre real por su impacto perjudicial en la comunidad homosexual

Cruelly, the SIM Card Registration Act will also criminalise transgender people and other members of the LGBTQ+ community, many of whom choose a lived name in place of their legal name as an important part of their gender expression.

Cruelmente, la ley de registro de tarjetas SIM también criminalizará a las personas transgénero y a otros miembros de la comunidad LGBTQ+, muchos de los cuales eligen un nombre propio en lugar de su nombre legal como parte importante de su expresión de género.

Como la medida ya se ha convertido en ley, los grupos de derechos digitales continúan con sus campañas de sensibilización sobre los peligros de la ley, al tiempo que instan al poder legislativo filipino a derogarla o modificarla:

El Comité Internacional de Juristas (CIJ), junto con EngageMedia y otras nueve organizaciones de derechos humanos, piden a la legislatura filipina que derogue o modifique sustancialmente la ley, citando los «graves riesgos» de la medida «fatalmente defectuosa»:

While we acknowledge the need to curb fraud and other crimes, we urge the Philippine authorities to do so in a manner that respects and ensures the rights to privacy, free expression and information, association and non-discrimination.

Aunque reconocemos la necesidad de frenar el fraude y otros delitos, instamos a las autoridades filipinas a que lo hagan respetando y garantizando los derechos a la intimidad, la libertad de expresión e información, la asociación y la no discriminación.

La Red de Libertad de Internet de la UP, alianza de estudiantes y voluntarios que defiende la libertad de internet, está colaborando con otras organizaciones para continuar la campaña contra la medida y explorar otras vías para proteger los derechos de privacidad.