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El Parlamento georgiano se dispone a debatir un proyecto de ley «sobre transparencia de la influencia extranjera», similar a la ley rusa de 2012 sobre «agentes extranjeros», que se ha utilizado para reprimir a la oposición. En Rusia, según OVD-Info, proyecto independiente de medios de derechos humanos rusos, 637 personas han sido clasificadas como «agentes», lo que puede restringir las oportunidades de financiación nacional e internacional, y facilitado que el Estado el castigue a los críticos, otorgue amplios poderes al Estado para perseguir a quien participe en actividades ampliamente definidas que «contradigan los intereses nacionales de la Federación Rusa», por nombrar algunas.

El proyecto de ley fue presentado por un grupo de parlamentarios del partido gobernante Sueño Georgiano, que abandonaron las filas del partido en 2022 y formaron su propio partido político llamado Poder Popular en agosto de 2022. Fue entonces cuando el mismo grupo propuso el proyecto de ley que, de ser aprobado, «obligará a las organizaciones no gubernamentales financiadas desde el extranjero a registrarse como agentes de influencia extranjera», informó Eurasianet.

La premisa del Poder Popular desde su creación fue una teoría de la conspiración: Georgia estaba siendo arrastrada a la guerra de Ucrania como parte de un plan organizado con la ayuda de la Unión Europea, el opositor Movimiento Nacional Unido y la sociedad civil georgiana. La teoría de la conspiración se expresó en un momento en el que el partido gobernante, Sueño Georgiano, enfrentaba el «mayor desafío a sus diez años de gobierno» por no haber «conseguido la condición de candidato a la Unión Europea», informó OC Media. Georgia solicitó formalmente la adhesión a la Unión Europea en marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, un día después de que Ucrania presentara su solicitud formal. En aquel momento, la medida se describió como un giro total del partido gobernante, Sueño Georgiano, que había insistido en que no aceleraría su plazo inicial de solicitud de adhesión en 2024. Los expertos argumentaron que este cambio se debió principalmente a la serie de protestas que tuvieron lugar en el país, así como a la presión de la oposición.

Georgia está en una crisis política desde octubre de 2020, cuando grupos de la oposición impugnaron los resultados de las elecciones parlamentarias ganadas por el gobernante Partido Sueño Georgiano. Las divisiones políticas internas han frenado las perspectivas del país, que en su día fue uno de los principales candidatos a la integración en la Unión Europea.

Desde 2020, el país ha sido testigo de un deterioro de las libertades de prensa y de numerosos ataques contra la sociedad civil, incluidos golpes a periodistas y el deterioro general de su democracia.

«Se mire donde se mire, el panorama es malo: la mala organización de las elecciones, la politización del poder judicial, el modo en que las autoridades no impidieron la violencia contra periodistas y organizadores del Orgullo Gay en Tiflis, las revelaciones sobre la vigilancia de diplomáticos de la Unión Europea», escribió Tom de Waal, becario de Carnegie Europe y observador desde hace tiempo de Europa del Este y el Cáucaso.

Pero la situación empeoró cuando, en julio de 2022, el partido Sueño Georgiano se enzarzó en un «enfrentamiento sin precedentes» entre Georgia y sus aliados occidentales, ya que el partido Sueño Georgiano comenzó a lanzar acusaciones contra diplomáticos estadounidenses y de la Unión Europea en el país. Desde acusaciones de injerencia en el poder judicial georgiano hasta acusaciones de que los socios habían desempeñado un papel negativo en los planes de adhesión del país a la Unión Europea, las riñas desataron la indignación y las acusaciones tanto en Bruselas como en Washington.

Dimitri Khundadze, exmiembro del partido gobernante, sugirió que Estados Unidos estaba implicado en las turbias transacciones financieras con el extranjero del ex primer ministro Bidzina Ivanishvili, fundador del partido gobernante Sueño Georgiano, con la intención de «obligar a Ivanishvili a volver a la política», así como de «implicar al país en [la] guerra [en Ucrania]», informó entonces OC Media.

Ivanishvili es una figura clave de la política georgiana. Hizo fortuna en la era pre-Putin en Rusia y fundó el partido Sueño Georgiano en 2012. Aunque Ivanishvili anunció públicamente su decisión de dejar la política en 2021, algunos creen que sigue mandando de manera indirecta.

Tras la precipitada decisión de Georgia de solicitar el ingreso en la Unión Europea, la candidatura del país fue aplazada con el pretexto de que debía cumplir una lista de criterios antes de ser considerado candidato. Ese mismo mes, el Parlamento Europeo adoptó una resolución «sobre las violaciones de la libertad de los medios y la seguridad de los periodistas en Georgia». El documento pedía a las autoridades georgianas que impusieran sanciones personales a Ivanishvili «por su papel en el deterioro del proceso político en Georgia». Las acusaciones de los funcionarios georgianos no se hicieron esperar.

El primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, criticó a la resolución en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y escribió que su objetivo era «desacreditar el actual sistema de gobierno en Georgia».

El nuevo proyecto de ley presentado al Parlamento demuestra que Georgia no sólo está emulando al Kremlin con sus tácticas de desinformación, sino también en materia legislativa, ya que las semejanzas entre el proyecto de ley de Georgia y la ley rusa sobre agentes extranjeros son sorprendentes. El proyecto de ley exige que todos los medios de Georgia que reciban más del 20 % de financiación extranjera se registren como «agentes extranjeros» e informen de sus ingresos anuales. Según OC Media, «es probable que la ley se aplique también a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales activas en Georgia». El proyecto de ley ruso, que ha pasado por varias versiones desde 2012, también obliga a las plataformas de noticias que reciben financiación extranjera a revelar sus presupuestos anuales. En su forma más reciente, «la ley amplía la definición de agente extranjero hasta un punto en el que casi cualquier persona o entidad, independientemente de su nacionalidad o ubicación, que participe en activismo cívico o incluso exprese opiniones sobre las políticas rusas o la conducta de los funcionarios podría ser designada agente extranjero, siempre que las autoridades aleguen que están bajo «influencia extranjera». También excluye a los «agentes extranjeros» de aspectos clave de la vida cívica», escribió Human Rights Watch tras los cambios más recientes de la ley que entraron en vigor en diciembre de 2022.

Al igual que la ley rusa, imponen multas elevadas por no registrarse como «agente extranjero», el proyecto presentado al Parlamento de Georgia también tiene multas elevadas.

El partido gobernante en Georgia, sin embargo, no ve ninguna semejanza. Según Irakli Kobakhidze, jefe del partido gobernante Sueño Georgiano, el proyecto de ley es «plenamente conforme» con las normas de derechos humanos «a diferencia de sus análogas estadounidense [Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos] y rusa». El Departamento de Estado estadounidense no estuvo de acuerdo. En una sesión informativa celebrada el 15 de febrero, su portavoz, Ned Price, afirmó que «estas declaraciones de que el proyecto de ley de Georgia se basa en la FARA son patentemente falsas».

La propuesta de ley llega pocos meses después de que la Unión Europea recomendara a Georgia acelerar sus reformas según la lista de criterios propuesta por la Unión Europea. Según informa RFERL, «el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo [en septiembre] que Georgia necesitaba acelerar las reformas en áreas como el Estado de derecho, la independencia del poder judicial y la libertad de los medios antes de que se le pueda conceder la condición de candidato a la adhesión a la Unión Europea».

A lo largo de 2022, Sueño Georgiano fue objeto de críticas públicas por su postura ante la invasión rusa de Ucrania. Tras la invasión, el partido gobernante enfrentó las críticas de la opinión pública por no hacer declaraciones ni críticas contundentes. El país también optó por no sancionar a Rusia, mientras que el primer ministro georgiano, Irakli Gharibashvili, llegó a criticar el suministro de armas a Ucrania. Desde la invasión rusa de Ucrania, Georgia «ha surgido como un conducto logístico conveniente entre Rusia y el mundo exterior». El vínculo se reforzó en enero de 2023, cuando el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó su esperanza de que los vuelos entre ambos países se reanudaran pronto, un deseo que tomó rápidamente el partido gobernante Sueño Georgiano.