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El 26 de junio, Reuters publicó un reportaje que implicaba a Bilal Erdoğan, de 42 años, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, en un escándalo de corrupción. Al día siguiente, quedó bloqueado el acceso a 47 tuits, 45 enlaces a noticias y un video de YouTube que difundían o reeditaban la noticia, por considerar que vulneraban los derechos personales. La Dirección de Comunicaciones calificó el reportaje de infundado y lo catalogó como desinformación. Bilal Erdoğan, a través de un abogado, calificó la investigación de «red de mentiras».

La práctica de bloquear contenidos sobre corrupción o irregularidades en el debido proceso es habitual en Turquía. Según algunas estimaciones, cerca de la mitad de las noticias bloqueadas están directamente relacionadas con el presidente turco y líder del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), Recep Tayyip Erdoğan, su familia, o alcaldes y funcionarios del AKP.

En 2016, Wikileaks sufrió un ataque digital después de que el sitio publicó más de 300 000 correos electrónicos entre funcionarios del AKP. En junio de 2020, una orden judicial bloqueó el acceso a las entradas sobre el bolso Hermes de la primera dama Emine Erdoğan en el popular sitio web Ekşi Sözlük (Diccionario agrio), diccionario hipertextual colaborativo hecho de contribuciones de los usuarios. En 2021, se bloquearon artículos sobre el exministro de Finanzas y yerno del presidente Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, y otros dos miembros de la familia Albayrak, por constituir una «violación de derechos personales». En 2022, se bloqueó el acceso a unas 130 noticias a petición del exabogado del presidente Erdoğan. En agosto de 2022, se bloqueó el acceso a una noticia titulada «El economista Erdoğan» con el argumento de que la noticia era un «ataque a los derechos personales». También en 2022, se bloqueó el acceso a las noticias en las que aparecían dibujos del presidente Erdoğan del caricaturista brasileño Latuff por ser una «violación de los derechos personales». Estos son algunos ejemplos de casos en los que se censuraron contenidos en los que se mencionaba a la familia, al presidente o a miembros del partido.

Turquía también ha bloqueado el acceso a plataformas populares como YouTube, Wikipedia y Twitter por años. En febrero de 2023, continúa la práctica de bloquear plataformas.

Mientras tanto, los periodistas que sacan a la luz casos de corrupción o investigaciones relacionadas con el Gobierno suelen enfrentar penas de cárcel y persecución. El reportaje de Reuter sobre la presunta trama de corrupción en el que se menciona a un familiar del presidente Erdoğan no es el primero que menciona al hijo del presidente en una historia de corrupción. El nombre de Bilal Erdoğan ya había aparecido en un escándalo de corrupción en 2016. En aquel momento, su nombre estaba asociado a una investigación de blanqueo de dinero en Italia. Las acusaciones contra Bilal se retiraron por falta de pruebas. En 2014, una serie de audios filtrados entre Bilal y su padre, en los que discutían cómo disponer de decenas de millones de divisas en efectivo, también fueron desestimadas por falsas. Las fundaciones en las que Bilal Erdoğan integra el consejo de administración también han estado en el punto de mira de los periodistas de investigación.

Las acusaciones más recientes

La reciente investigación de Reuters gira en torno a una filial sueca de la empresa estadounidense Dignita Systems AB, que vende «alcoholímetros de tablero que bloquean el encendido de un vehículo cuando el conductor está ebrio». Bilal Erdoğan debía presionar a la administración de su padre para impulsar las ventas del producto en Turquía. A cambio, la empresa «pagaría decenas de millones de dólares en concepto de gastos de grupos de presión, a través de una empresa fantasma a la Universidad Ibn Haldun y la fundación juvenil TÜGVA, instituciones  cuyo consejo de administración integra Bilal Erdoğan». El acuerdo nunca se materializó, según la investigación.

En 2021, TÜGVA se encontró en un escándalo de corrupción y abuso de poder. El periodista que destapó la historia, Metin Cihan, y el informante, Ramazan Aydoğdu, que filtró los documentos, fueron juzgados por filtrar documentos internos. Según los informes, «los documentos revelaban la corrupción generalizada dentro de la organización, incluida la recomendación de miembros de la Fundación para puestos gubernamentales de alto rango y muy bien remunerados, así como las cuantiosas ayudas y propiedades concedidas a la organización por parte del Gobierno». Cihan, que vive en el extranjero, enfrenta una pena de hasta seis años, mientras que Aydoğdu enfrenta una pena de hasta diez años y medio entre rejas en el juicio en curso.

TÜGVA es una de las fundaciones vinculadas al Gobierno que se han beneficiado de generosas subvenciones públicas. TÜGVA se creó en 2013 y obtuvo la exoneración fiscal en octubre de 2016.

Otra fundación en la que Bilal Erdoğan es miembro del consejo es la Fundación Servicio para la Juventud y la Educación de Turquía (TÜRGEV). El nombre de la fundación ha entrado y salido de la atención de los medios a lo largo de los años. En mayo de 2022, las fundaciones afiliadas al presidente fueron acusadas de ayudar al presidente a desviar dinero al extranjero. En 2019, el ayuntamiento de Estambul publicó un informe que documentaba cómo TÜGVA, y TÜRGEV recibieron generosas sumas –11,3 y 8 millones de euros, respectivamente– del presupuesto municipal de Estambul. Cuando el recién elegido alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, intentó abordar este despilfarro en CNN Turk, canal de televisión estrechamente afiliado al Gobierno, le cortaron la emisión.

Donde hay verdad, hay desinformación

Tras el devastador terremoto que asoló las provincias turcas en febrero de 2023, el Gobierno, en un intento de controlar las críticas al Estado por su respuesta inadecuada a las zonas afectadas por el sismo, emprendió una ola de detenciones y recurrió a restringir internet. Además, la Dirección de Comunicaciones puso en marcha la aplicación «Servicio de Denuncia de Desinformación», que animaba al público a descargarse la aplicación y denunciar noticias y publicaciones «manipuladoras» en redes sociales.

En octubre de 2022, los legisladores turcos aprobaron un proyecto de ley sobre desinformación que las organizaciones locales de la sociedad civil calificaron de censura solapada usada para aplastar la disidencia y la crítica. Había una serie de nuevas restricciones preocupantes en el proyecto de ley –eliminación obligatoria de contenidos, violaciones de la privacidad de los usuarios, más medidas de regulación de plataformas, etc.–, aunque uno de los artículos más preocupantes era el 29, según el cual «quien distribuya públicamente información falsa sobre la seguridad interior y exterior de Turquía, el orden público y el bienestar podría enfrentar penas de entre uno y tres años de cárcel por instigar la preocupación, el miedo y el pánico en la sociedad, se enfrenta a penas de prisión de uno y hasta tres años».

Dado el actual entorno de censura y los continuos intentos de silenciar a los medios independientes que quedan en Turquía, no sorprendió ver la respuesta del jefe de la Dirección de Comunicaciones, Fahrettin Altun, que se apresuró a calificar el informe de Reuters de «desinformación» y «operación de percepción». En un largo tuit, Altun describió a Reuters y su informe como «un lamentable ejemplo de humillación pública de una organización de medios con 171 años de existencia». También cuestionó «los estándares periodísticos» de Reuters y la «ética periodística» de la cadena.

We condemn Reuters for serving this false news story, as they have once again demonstrated to the entire world just how crucial our struggle against disinformation is. We will continue to work day and night under the leadership of the President in order not to allow our nation and international public opinion to be manipulated.

Condenamos a Reuters por difundir esta noticia falsa, una vez más ha demostrado al mundo entero lo crucial que es nuestra lucha contra la desinformación. Seguiremos trabajando día y noche bajo la dirección del presidente para no permitir que se manipule a nuestra nación y a la opinión pública internacional.