Acusaron a los defensores de los derechos humanos Haris Azhar (izquierda) y Fatia Maulidiyanti de difamar a un alto ministro del Gobierno indonesio. Captura de pantalla del video de YouTube del canal de HARIS AZHAR. Uso legítimo.

Un tribunal de Yakarta, Indonesia, absolvió a dos defensores de derechos humanos antes acusados por presuntamente haber difamado a un ministro.

En un video de YouTube publicado en agosto de 2021, los activistas Fatia Maulidiyanti y Haris Azhar analizaron el destructivo impacto de la mimería en Papúa y el rol del Ejército en proteger los intereses de las grandes empresas en la provincia. También mencionaron informes locales sobre el rol de los funcionarios en la minería, incluidos Luhut Binsar Pandjaitan, el ministro coordinador de asuntos marítimos y de inversiones, y un exgeneral del Ejército en Papúa. Pandjaitan negó tener vínculos con intereses mineros, y presentó una denuncia de difamación contra Maulidiyanti y Azhar. Pidió una disculpa y 100 000 millones de rupias (más o menos 6.5 millones de dólares) de compensación.

El juicio empezó en abril de 2023, y en noviembre, los fiscales emitieron una acusación, y hubo un total de 32 audiencias judiciales antes de que el tribunal desestimara las acusaciones el 8 de enero.

Un extracto de la decisión de absolución afirma que no elemento de insulto o difamación, pues «lo que se encontró en el video fue un estudio, un análisis de opinión y evaluación de los resultados de un estudio hecho por una coalición de la sociedad civil”.

El padre Alexandro Rangga, director ejecutivo del Secretariado Franciscano para Justicia, Paz e Integridad de Creación en Papúa, recibió bien la sentencia e instó a más personas a hablar sobre temas papuanos:

My hope is that more and more activists will have the courage to voice Papuan issues at the national level openly and accountability as a counter-narrative effort so that government policies will pay more attention to Papuan characteristics and local wisdom and take sides with the Papuan people.

Mi esperanza es que cada vez más activistas tengan el valor de expresar abiertamente y con responsabilidad los problemas de Papúa a nivel nacional como un esfuerzo de contranarrativa para que las políticas gubernamentales presten más atención a las características de Papúa y a la sabiduría local y tomen partido por el pueblo papú.

Papúa es una provincia rica en recursos en la que grupos de derechos humanos han criticado las operaciones militares por haber desplazado a las comunidades locales. Diversos grupos han estado afirmando el derecho papú a la autodeterminación y cuestionar el derecho de Indonesia a gobernar un territorio que se anexó en la década de 1960s.

𝐖𝐄 𝐖𝐎𝐍! 𝐅𝐀𝐓𝐈𝐀 𝐀𝐍𝐃 𝐇𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐖𝐎𝐍! 𝐓𝐇𝐄 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐆𝐄𝐍𝐎𝐔𝐒 𝐏𝐄𝐎𝐏𝐋𝐄 𝐎𝐅 𝐏𝐀𝐏𝐔𝐀 𝐖𝐎𝐍! Acquittal Verdict for Fatia and Haris as a Fresh Air and Hope to Democracy pic.twitter.com/8Ver9tj50T

— KontraS #FreeFatiaAndHaris🍉 (@KontraSupdates) January 11, 2024

¡Ganamos! ¡Fatia y Harris ganaron! ¡El pueblo autóctono de Papúa ganó! El veredicto de absolución de Fatia y Haris como aire fresco y esperanza para la democracia

Mary Aileen Diez-Bacalso, directora ejecutiva del Foro Asiático para Derechos Humanos y Desarrollo (FORUM-ASIA), insistió en que los dos activistas no deberían haber enfrentado un «acoso judicial» por hablar de un asunto de interés público:

The acquittal of Fatia and Haris sets a positive precedent against the criminalisation of human rights defenders. Nevertheless, they should not have been subjected to this judicial harassment in the first place. Fatia and Haris were simply doing their work by highlighting the potential human rights abuses committed by a government official. This is a matter of public interest.

La absolución de Fatia y Haris sienta un precedente positivo contra la criminalización de los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, para empezar, no deberían haber sido objeto de este acoso judicial. Fatia y Haris simplemente estaban haciendo su trabajo al destacar los posibles abusos contra los derechos humanos cometidos por un funcionario del Gobierno. Se trata de una cuestión de interés público.

Los activistas citan el caso de difamación contra Fatia y Haris como otra prueba de cómo las autoridades están instrumentalizando la ley de transacciones electrónicas y de información. Josef Benedict, investigador para Asia Pacífico del grupo de la sociedad civil CIVICUS, pidió al Gobierno que revisara las disposiciones represivas de la ley:

It must review and repeal all provisions inconsistent with international human rights laws and standards. The government must also end reprisals against human rights defenders and allow human rights defenders and civil society organisations to operate freely and safely.

Debe revisar y derogar todas las disposiciones incompatibles con las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El Gobierno también debe poner fin a las represalias contra los defensores de los derechos humanos y permitir que estos y las organizaciones de la sociedad civil actúen con libertad y seguridad.

Según el seguimiento de Amnistía Internacional Indonesia de 2019 a 2023, la ley de transacciones electrónicas y de información se utilizó arbitrariamente para presentar al al menos 504 casos que afectaban a 535 personas. El director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, Usman Hamid, retó a los candidatos presidenciales de las elecciones de febrero a reformar la ley y liberar a los activistas que han sido detenidos por criticar a funcionarios públicos.

The acquittal should now trigger the release of more activists, journalists, and anyone else detained solely for opposing or criticizing government policies or raising concerns about conflict of interests among state officials.

In the context of next month’s presidential elections, all candidates should fully demonstrate their commitment to freedom of expression, and publicly promote respect for human rights in their election platforms.

La absolución debe llevar ahora a liberar más activistas, periodistas y cualquier otra persona detenida únicamente por oponerse a las políticas del Gobierno o criticarlas, o por plantear inquietudes sobre conflictos de intereses entre funcionarios del Estado.

En el contexto de las elecciones presidenciales del próximo mes, todos los candidatos deben demostrar plenamente su compromiso con la libertad de expresión y promover públicamente el respeto de los derechos humanos en sus programas electorales.

En una declaración enviada a los medios de comunicación, el ministro Luhut dijo que dejaría en manos de los fiscales la decisión sobre sus próximas acciones legales.

We highly value our judicial system and hope that every legal process can be conducted in a more transparent and accountable manner for the sake of justice and truth. We also call on all parties to respect the legal process and wait patiently for each process.

Valoramos enormemente nuestro sistema judicial y esperamos que cada proceso legal pueda llevarse a cabo de forma más transparente y responsable en aras de la justicia y la verdad. También hacemos un llamado a las partes para que respeten el proceso judicial y esperen pacientemente cada proceso.