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Críticas de grupo defensor de los derechos humanos contra la ley de telecomunicaciones de Camboya

A group of women bloggers in Cambodia conducting a training seminar. Photo from the Facebook page of The Cambodian Center for Human Rights.

Un grupo de blogueras en Camboya realizando un seminario de capacitación. Fotografía de la página de Facebook del Centro Camboyano de Derechos Humanos.

Un grupo defensor de los derechos humanos ha planteado una serie de críticas contra la ley de Telecomunicaciones de Camboya en virtud de que la norma incluye disposiciones que, según su entender, socavan la libertad de expresión y violan la privacidad de los ciudadanos. El gobierno ha descrito las críticas como “interpretaciones irreales” de la ley.

La mencionada ley de telecomunicaciones entró en vigor el 7 de diciembre de 2015. Fue aprobada con el objetivo de promover el crecimiento del sector de las telecomunicaciones, que el gobierno espera contribuya al desarrollo general del país.

Pero, según el grupo de derechos humanos Licadho, la ley podría atentar contra derechos y libertades fundamentales. El grupo agregó que la ley “no contiene ninguna referencia al derecho a la libertad de expresión o de su protección”. Algunos observadores sospechan que la ley refleja el deseo del partido de gobierno de sofocar las discusiones en línea puesto que se acercan las elecciones de 2017 y 2018.

El 31 de marzo de 2016, el grupo presentó un informe jurídico en el que identificó varias disposiciones de la ley que podrían representar una amenaza para las libertades civiles.

Por ejemplo, el artículo 6 de la ley obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a proporcionar datos de sus usuarios a las autoridades gubernamentales, incluso sin orden judicial.

Otra disposición que podría atentar contra los derechos de los individuos es el artículo 80 que establece que:

Establishment, installation and utilization of equipment in the telecommunications sector, if these acts lead to national insecurity, shall be punished by sentences from seven to 15 years imprisonment.

En el sector de las telecomunicaciones, el establecimiento, instalación y uso de equipos, si dichos actos resultan en inseguridad nacional, serán castigados con penas de siete a 15 años de prisión.

La ley no incluye una explicación de lo que constituye “inseguridad nacional”. Licadho está preocupado de que “esta medida podría imponer severas sanciones al ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión en programas de radio, televisión, en línea e incluso a través de mensajes privados y conversaciones telefónicas entre los individuos, si las autoridades determinan que son una amenaza”.

Por su parte, el artículo 97 permite la vigilancia secreta de todas las telecomunicaciones siempre y cuando se lleve a cabo con la aprobación de una “autoridad legítima”, pero no especifica lo que esto significa. Para Licadho, “esto parece crear un poder para escuchar a escondidas en secreto sin ningún tipo de responsabilidad pública o medidas de seguridad para proteger el derecho de las personas a la privacidad”.

Licadho también ha señalado que la ley promueve un excesivo control estatal y la regulación sobre instalaciones de los medios de comunicación. Aparte de ampliar las potestades del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, está previsto el nombramiento de “funcionarios de inspección de telecomunicaciones” con el fin de aplicar eficazmente la ley.

Para el director de Licadho, Naly Pilorge, la ley podría ser utilizada por el partido gobernante, que ha estado en el poder en las últimas tres décadas, para silenciar el disenso en línea:

The 2013 national elections demonstrated the power of social media as a critical platform – so it is no surprise that the ruling party wants to stifle this vibrant online space in time for elections in 2017 and 2018.

Las elecciones nacionales de 2013 demostraron el poder de los medios sociales como una plataforma crítica – por lo que no es de extrañar que el partido en el poder quiera reprimir este vibrante espacio en línea camino a las elecciones de 2017 y 2018.

Rhona Smith, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, quien estuvo de visita en el país el mes pasado, reconoció la existencia de preocupación pública por la aplicación “politizada” de la ley de telecomunicaciones.

Si bien el acceso a Internet ha aumentado en Camboya en los últimos años, varios grupos han señalado que un creciente número de usuarios de Facebook han sido arrestados y sometidos a procesos judiciales por criticar a políticos.

En respuesta al informe de Licadho, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones negó que la ley contenga disposiciones violatorias de la libertad de expresión. Y acusó a Licadho de hacer “interpretaciones irreales”. El ministerio agregó que las consultas se hicieron entre varias partes interesadas en la redacción de la ley. Por último, señaló que la ley fue formulada “siguiendo los estándares internacionales para garantizar la protección internacional de los intereses legales de individuos relevantes”.

Independientemente de que la ley sea o no una amenaza para los derechos humanos, el gobierno de Camboya debe asegurarse de que la libertad de prensa está garantizada y que los usuarios de Internet no son perseguidos injustamente cuando expresan su opinión o critican a los políticos.

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