«Esto es una democracia al 99,99 por ciento» y otros ejemplos de neolengua orwelliana de la Junta de Tailandia

army camp

«El nuevo Campamento de 7 días de corrección de actitud de la Junta, para hacerte saludable (y obediente)».

Este artículo editado por Kornkritch Somjittranukit pertenece a Prachatai, un sitio independiente de noticias en Tailandia, y se republica en Global Voices como parte de un acuerdo para compartir contenido. El ejército tailandés se hizo con el poder en el 2014, y continúa controlando al gobierno a pesar de su promesa de restaurar el régimen civil una vez se hayan aplicado las reformas políticas y electorales. El 7 de agosto se realizó un referéndum constitucional, pero las críticas creen que el proyecto constitucional solo reforzará el régimen militar en el país.

La Junta de Tailandia lleva mucho tiempo confiando en el poder del lenguaje, y ha usado palabras y frases cuidadosamente escogidas para describir y promover sus actividades. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo la Junta ha replanteado y redefinido la terminología política de Tailandia en los últimos dos años.

1. Es un «campamento para corregir la actitud», no una detención.

La expresión “corregir la actitud” fue el primer ejemplo de neolengua de la junta. Tras el golpe, la junta emplazó repetidamente a la gente en campamentos militares, especialmente a políticos, al personal de los medios de comunicación y a activistas a los que consideraban una amenaza. Los militares poseen el poder de detenerlos hasta siete días. No se les permite la entrada a los campamentos ni a los medios ni a los abogados. Se trata, básicamente, de una detención arbitraria sin acusaciones ni supervisión del tribunal. Los detenidos reciben charlas por parte del personal militar sobre la necesidad de tener a la junta en el poder.

2. No es una «visita militar», solamente es una «charla de café».

En algunos casos, las autoridades de la junta, soldados en su mayoría, han abordado a individuos, incluidos periodistas y políticos, que han criticado el régimen de la junta. Se trata de una forma alternativa de intimidación, puesto que un emplazamiento oficial para corregir la actitud suele provocar un escándalo público.

Generalmente, tales visitas se llevan a cabo en cafeterías y restaurantes públicos, y los militares se ofrecen a pagarles a sus invitados el café o el té. Por eso, la junta siempre dice que lo que hacen no es intimidación, sino simplemente una escalofriante «charla de café».

Pravit Rojanaphruk, un reportero veterano al que invitaron a la llamada charla de café con los militares, compartió su experiencia:

Although they (the junta personnel) treated me well and politely, it is anyway ‘polite’ intimidation. It makes me feel that the freedom of expression and criticism against the government which we used to have under elected governments has gone.

«Aunque ellos (el personal de la junta) me trataban bien y amablemente, seguía siendo una intimidación «amable». Me hace creer que la libertad de expresión y la crítica al gobierno que solíamos tener con los gobiernos elegidos ha desaparecido».

3. No son «opositores a la junta». Son «figuras influyentes».

El 29 de marzo del 2016, la junta emitió la resolución 13/2016 del CNPO, que concede a los militares poderes policiales para tomar medidas enérgicas contra la mafia local y las «figuras influyentes» por todo el país. La resolución suscitó preocupación internacional inmediatamente, pues es lo mismo que otorgar poder extra-jurídico.

Cuando se puso en práctica, el público condenó cada vez más la resolución, ya que las llamadas «figuras influyentes» a las que perseguía la resolución son en su mayoría opositores a la junta, incluidos partidarios de los derechos comunitarios, defensores de los derechos humanos y activistas sociales.

4. No es silencio, es «reconciliación».

Se prohíbe cualquier intento de crítica a la junta, al proyecto constitucional o al referéndum. El método silenciador de la junta es bastante interesante. Rara vez retira o acalla a los medios de manera directa, más bien emite una serie de leyes que hacen que los medios se vuelvan demasiado paranoicos para hacer su trabajo libremente. Por ejemplo, cada vez que se publican noticias sobre la campaña de folletos contra el proyecto, el mensaje de «Vote no» en la camiseta de un activista suele suprimirse por miedo a que el mensaje pueda poner en peligro la polémica ley sobre el Referéndum.

Cuanto más se acercaba el referéndum de agosto, más intensa se volvía la intimidación. En los últimos meses, la junta ha establecido un nuevo estándar de intimidación mediante el arresto de un periodista, el emplazamiento a la mujer de otro periodista, el juicio a la madre de un activista y la presentación de cargos contra niños menores de edad. Sin embargo, todas estas violaciones de las prácticas de los derechos humanos fueron justificadas en nombre de la llamada «reconciliación social».

«Escoja el camino correcto».

Viñeta política en el ejemplar de Bangkok Post de hoy sobre el próximo referéndum en Tailandia.

5. No los llames «activistas», llámalos «transgresores de la ley».

La junta está obsesionada con las leyes y resoluciones que ellos mismos han redactado. Normalmente emiten normas con castigos severos para prohibir a la gente que comparta sus opiniones contra ellos. Así se aseguran que el país siga adelante de manera pacífica y silenciosa. En solo dos años se han emitido una serie de normas autoritarias, incluidos la resolución 3/2015 del CNPO, la Ley de Reuniones Públicas y el proyecto de ley sobre el referéndum. La junta acaba de aprobar una modificación de la controvertida Ley de Delitos Informáticos para aumentar el castigo y las medidas de vigilancia. Una vez incluso usó la Ley de Limpieza Pública para presentar cargos contra los activistas a favor de la democracia cuando no pudo enjuiciarlos en virtud de otras leyes autoritarias.

¿Es esto una violación de los derechos humanos? No, no lo llames así. La junta justifica estas prácticas autoritarias alegando que no tienen por qué importarles los derechos humanos de aquellos que quebrantan las leyes.

6. No es un régimen autoritario, es un «periodo de transición».

Podría decirse que “periodo de transición” es el término más común en la neolengua de la junta. Cada vez que se enfrenta a la crítica pública, suele repetir este término para recordar al pueblo que no se trata de un clima político normal donde la gente pueda expresar libremente sus ideas. No obstante, la junta nunca explica de manera explícita en qué va a acabar exactamente la «transición»: en democracia, en semidemocracia, en un régimen completamente militar o en la era del nuevo trono.

7. Esto no es una dictadura. Esto es una democracia al 99,99 por ciento.

El 23 de marzo del 2015, Prayut Chan-o-cha, el líder de la junta, reconoció que Tailandia, bajo el régimen de la junta, no es plenamente democrático. Sin embargo, en comparación con la situación política de los países vecinos, afirmó, la política tailandesa era muchísimo mejor y podía llamarse una democracia al 99,99 por ciento. Prayut insistió en que:

Our country nowadays is 99.99 per cent democratic. I never prohibit anybody from criticizing me, just don’t oppose me. If you were in other countries, you would be probably in jail or executed by shooting.

Hoy en día, nuestro país es 99,99 por ciento democrático. Nunca prohíbo a nadie que me critique, así que no se opongan a mí. Si estuvieran en otros países, probablemente estarían en la cárcel o serían fusilados.

8. No es un «soborno». Solo son «honorarios de asesoramiento».

El 10 de noviembre del 2015, el general Udomdej Sitabutr reconoció a los medios que se pagaban sobornos en la construcción del parque Rajabhakti, que contiene siete estatuas de los anteriores reyes prominentes de Tailandia. Udomdej, presidente de la Fundación Rajabhakti, admitió que los funcionarios habían pedido sobornos a los fundidores contratados para hacer las siete estatuas. No obstante, según informó The Nation, Udomdej declaró que todos los sobornos ya se habían donado al proyecto.

A pesar de ello, la auto-investigación realizada por el Real Ejército Tailandés concluyó que no hubo sobornos en el proceso de construcción. Solamente eran grandes «honorarios de asesoramiento».

9. No es un «gasto tonto». Es un «precio bastante alto por el conocimiento».

Del 2005 a 2009, el empresario británico James McCormick vendió al Real Ejército Tailandés detectores de bombas de mano llamados GT200. También vendió unos dispositivos similares llamados Alpha 6 que, según se afirma, detectan narcóticos. Los dispositivos, que más tarde se descubrió que no hacían nada, cuestan de 900.000 bahts a 1,2 millones de bahts cada uno; se compraron un total de 772 dispositivos. Cuando se hicieron las transacciones, Tailandia había gastado más de mil millones de bahts (28 millones de dólares estadounidenses), según Khaosod English.

En junio del 2016, después de que el tribunal británico condenara a McCormick a 10 años de cárcel por vender dispositivos falsos, el público tailandés exigió una investigación seria para encontrar a los funcionarios responsables. Los medios tailandeses suelen referirse a los mil millones de bahts malgastados como un «gasto tonto» (kha ngo).

El 22 de junio del 2016, Wissanu Krea-ngam, viceprimer ministro, contó a los medios que el gobierno reclamaría una indemnización a los vendedores. Sin embargo, pidió a los medios que evitaran usar el término «gasto tonto», y que en su lugar lo llamaran un «precio bastante alto por el conocimiento».

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