Político opositor Taro Yamamoto señala su desacuerdo con la ley contra la conspiración antes de emitir su voto. Leyenda: «Cámara Alta de Japón aprueba y promulga ley conspiración». Captura de pantalla del canal oficial de ANN News en YouTube.

El 15 de junio, el Parlamento de Japón aprobó un proyecto de ley  «contra la conspiración». A pesar de la preocupación de políticos de oposición, personas comunes y corrientes, y hasta relatores de Naciones Unidas sobre cómo la naturaleza imprecisa del proyecto afectará a los ciudadanos japoneses sin relación con el crimen organizados, la coalición gobernate del primer ministro Shinzo Abe usó todos los trucos parlamentarios existentes para interrumpir el debate y presionar la ley a través de la Dieta bicameral antes del receso parlamentario, que empezó el 18 de junio.

Existen temores de que la naturaleza imprecisa de la nueva ley, que abarca casi 300 delitos, pueda afectar las libertades personales en Japón pues brinda a las autoridades amplios poderes de vigilancia, y deja abierta a la interpretación quién puede ser vigilado.

La coalición gobernante de Japón, encabezada por el primer ministro Shinzo Abe, sostuvo que la nueva ley es necesaria para las Olimpiadas de Tokio de 2020, cuando se cree que aumentarán las amenazas a la seguridad nacional.

Sin embargo, este argumento contradice el hecho de que su Partido Liberal Democrático ha intentado por años revisar la ley japonesa existente de sanción al crimen organizado y control de procedimientos penales. El objetivo, según el Gobierno japonés, es unirse a la Convención de Naciones Unida contra el Crimen Organizado Transnacional.

El Gobierno japonés también ha sugerido que actuar según las convenciones de Naciones Unidas es la principal motivación de la creación de la nueva ley. Pero Colin Jones, profesor de derecho de la Universidad de Kioto, escribió en Japan Times que dos representantes de Naciones Unidas criticaron explícitamente la nueva ley:

Ever since the Meiji Period (1868-1912), treaties and other countries have been used to justify laws the Japanese people neither want nor need, so there’s nothing new here. However, in this case there hasn’t been any serious effort to articulate concrete deficiencies in existing laws — such as bad guys who got away because of them — that will be remedied by the new ones. In fact, I read the convention in vain for mention of a requirement to criminalize conspiracy, other than in connection with money laundering.

The fact that a U.N. treaty is central to the justification for the new law might explain why the government seems particularly annoyed at concerns expressed by not one but two U.N. experts regarding the law’s potential for arbitrary use and infringement of civil liberties.

Desde el periodo Meiji (1868-1912), los tratados y otros países se han usado para justificar leyes que los japoneses ni quieren ni necesitan, así que esto no es nada nuevo. Sin embargo, en este caso no ha habido ningún intento serio para articular deficiencias concretas en leyes existentes —como malechores que se salieron con la suya por esas leyes— que se solucionarán con nueva leyes. Es más, leí la convención en vano por la mención de un requisito de penalizar la conspiración, en vez relacionarlo con lavado de dinero.

El hecho de que un tratado de Naciones Unidas es central para justificar la nueva ley puede explicar por qué el Gobierno parece particularmente disgustado por las preocupaciones expresadas por dos expertos de Naciones Unidas con respecto al potencial de la ley de uso arbitrario e infracción de libertades civiles.

Los dos expertos de Naciones Unidas son Joseph Cannataci, relator especial de Naciones Unidas sobre derecho a la privacidad, y David Kaye, relator especial de Naciones Unidas sobre promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión. En un informe publicado en mayo de 2017, Kaye criticó la ley de secreto de Estado de Japón, implementada a fines de 2014, y expresó que ha tenido un efecto paralizante en el periodismo y la libre expresión.

En un documento separado enviado al Gobierno japonés (que se puede leer completamente aquí), también de mayo, Cannataci criticó la nueva ley anticonspiración, que en ese tiempo se debatía en comisión antes de su aprobación. En su carta, a Cannataci le preocupa que la amplitud de la ley pueda «llevar a restricciones indebidas a los derechos de privacidad y libertad de expresión» en Japón.

Específicamente, Cannataci dice en su carta que la ley, notoriamente pensada para el crimen organizado en Japón, no define precisamente qué es «grupo criminal organizado», pero incluye 277 delitos que la ley abarca. Cannataci también da un ejemplo en su carta de una posible implementación de la ley, que puede legitimizar y facilitar la vigilancia gubernamental de ONG que se piense que actúan contra el interés del Gobierno.

Cannataci también deja costancia de que la ley contra la conspiración abarca delitos «que no parecen tener relación alguna con el ámbito del crimen organizado y el terrorismo», como el robo de productos forestales y la destrucción de propiedad cultural.

El Gobierno japonés respondió la carta de Cannataci y dijo que su descripción de la legislación contra la conspiración no “estaba equilibrada”, y agregó que su comportamiento “difícilmente era el de un experto objetivo”.

Sin embargo, algunos japoneses también epxresaron los mismos puntos que Cannataci. Luego de la aprobación de la ley, el político opositor Osaka Seiji, miembro de la comisión parlamentaria de asuntos judiciales que revisó los borradores iniciales del proyecto, dijo:

共謀罪に関する政府答弁が参院に来てから真反対となった。一般の人も、組織的犯罪集団以外も対象になる可能性あり。犯罪の時間や場所など計画の具体性も求めない。こんな方向に答弁が１８０度転換している。衆院の答弁はなんだったのか。こんな法案を絶対に認める訳には行かない。

— 衆議院議員 逢坂誠二 (@seiji_ohsaka) June 14, 2017

Me he opuesto completamente a las razones del Gobierno para la ley contra la conspiración desde que se propuso la legislación en la Dieta. Es posible que la ley, destinada a lidiar con grupos de crimen organizado, se amplíe para afectar a ciudadanos comunes y corrientes. La ley no define concretamente qué, cuándo y dónde se «planea» un delito. La razón de la ley es totalmente opuesta (a quién afectará la ley). ¿Por qué nos molestamos en debatir el proyecto en la Dieta? Esta ley nunca se debió aprobar.

Yamamoto Taro, político populista, dijo que la nueva ley afectará a la gente común y corriente:

山本太郎『この国に生きる人々を潜在的犯罪者として扱うのか』#共謀罪 #山本太郎 pic.twitter.com/RMasvKW3OO

— 市民メディア放送局 (@info_9) June 16, 2017

Yamamoto Taro: ¿La nueva ley tratará a todos los que viven en este país como delincuentes potenciales?».

Los propios ciudadanos comunes y corrientes salieron a protestar contra la nueva ley.

共謀罪法案が成立した15日夜、国会前で行われた抗議の写真をアップしました。
BIAS｜2017.6.15 未来のための公共 共謀罪に反対する国会前抗議行動 / 新しい、始まり。https://t.co/iH2ZG8Sijc pic.twitter.com/5A43FWswCK

— Shinta Yabe (@257syabe) June 15, 2017

He publicado una foto de manifestantes protestando frente a la Dieta Nacional cuando se ratificó la ley contra la conspiración la noche del 15 de junio. […]