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¿Puede Estados Unidos conectar a Internet a los cubanos?

Ilustración: MONK (Periodismo de Barrio). Usada con permiso.

El miércoles 7 de febrero de 2018, a las diez y media de la mañana, se realizó en el Departamento de Estado la reunión inaugural del Grupo Especial de Trabajo sobre Internet en Cuba (CITF, por sus siglas en inglés), dirigida por John Creamer, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Se dijo lo que ya sabemos: el bajo acceso a Internet en Cuba es principalmente una decisión política del gobierno; el precio por hora está carísimo; la Red es vital para el desarrollo de la sociedad civil, del periodismo independiente y para la protección de los derechos humanos; no hay conexión directa por cable de fibra óptica entre Cuba y Estados Unidos; el aumento en el acceso a Internet podría contribuir a mejorar los resultados en la salud, la agricultura, el turismo y a proveer nuevas oportunidades para los emprendedores, y se pueden hacer acciones conjuntas para restaurar la conectividad si esta se perdiera después de un huracán.

Para entender por qué en esa reunión se debatió lo que se debatió es necesario remitirse a los inicios del CITF.

El 23 de enero de 2018 el Departamento de Estado publicó un párrafo anunciando la creación oficial del CITF de acuerdo con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de los Estados Unidos hacia Cuba, de junio de 2017. El objetivo sería “examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades para expandir el acceso a Internet y la libertad de expresión en Cuba”. Al día siguiente, el párrafo fue noticia en los principales medios de comunicación internacionales, nacionales y hasta en blogs y redes sociales. Ocho días más tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) cubano entregó una nota al encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana diciendo que las acciones descritas en el párrafo eran un intento “de violar de modo flagrante la soberanía cubana”.

Toda la financiación necesaria para la organización y el funcionamiento del CITF la proporcionarían la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y las agencias participantes.

El CITF estaría compuesto por representantes de departamentos y agencias del gobierno de Estados Unidos y por organizaciones no gubernamentales o entidades privadas relacionadas con Internet.

Después de la primera reunión se crearon dos subcomités: “uno para analizar el papel de los medios y el flujo de información libre y no regulado en Cuba y otro para explorar el acceso a Internet en el país”. Así que es probable que al lector cubano de este artículo lo esté acompañando un miembro del subcomité dedicado al rol de los medios independientes desde su oficina.

En resumen, lo que debe entregar el CITF al Secretario de Estado y a la Casa Blanca cuando termine su labor en 2019 es un reporte con recomendaciones.

Pedir reportes con recomendaciones para incrementar el acceso a Internet en Cuba no es una excentricidad de Donald Trump. Ya lo hicieron Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Antes de Clinton no existía Internet en Cuba (recordemos que fue durante su gobierno que se autorizó finalmente la primera conexión de la Isla a la Red en 1996).

Ilustración: MONK (Periodismo de Barrio)

¿Es tecnológicamente posible conectar a Internet a los cubanos sin que el gobierno se entere?

Pregúntenle a Alan Gross. Para quienes no lo conocen, es el ciudadano estadounidense que viajó cinco veces a Cuba y entró por la Aduana con equipos de comunicación satelital portátiles para proveer acceso a Internet a varias comunidades judías en el país –en principio–. Alan Gross no era un filántropo, sino un contratista de la empresa privada Development Alternatives, Inc. (DAI). DAI estaba a su vez estaba subcontratada desde 2008 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con el objetivo de incrementar el acceso a Internet en Cuba.

Alan Gross fue condenado a cumplir prisión en Cuba durante 15 años en 2011 y salió cuando llevaba cinco.

La serie de desafortunados acontecimientos que llevó a Alan Gross a la cárcel comenzó con Clinton. El 10 de febrero de 2009, Gross, a través de la empresa JBDC, LLC, firmó un subcontrato con la DAI por un valor de $258 274 dólares donde se incluía la compra de la tecnología que se necesitaba para establecer las redes de acceso a Internet mediante satélite en Cuba. La propuesta, llamada “ICT4Cuba” o, por su nombre comercial, “ICTs Para la Isla”, debía “capacitar a un grupo primario sobre el uso y el mantenimiento de las tecnologías de información y comunicaciones terrestres y no terrestres actualmente disponibles en el mercado”. A más largo plazo, el proyecto piloto permitiría establecer una base práctica para mejorar la gestión de las iniciativas de transición a la democracia mediante la construcción de redes tecnológicas.

JBDC trabajaría inicialmente con la comunidad hebrea y luego con los masones.

En marzo de 2009, Gross realizó su primer viaje a La Habana. De acuerdo con la transcripción del juicio celebrado en el Tribunal Provincial de La Habana el 11 de marzo de 2011, “pudo introducir la tecnología sin ser detectado por la aduana en el Aeropuerto Internacional José Martí y luego interconectó los equipos con la unidad BGAN que permite la comunicación por satélite en la sinagoga de la comunidad hebrea en la capital”.

La noche antes de su regreso a los Estados Unidos, durante el quinto viaje, el 3 de diciembre de 2009, Gross fue arrestado por las autoridades cubanas y acusado de crímenes contra la seguridad del Estado.

Después de su arresto fue trasladado a la prisión de Villa Marista en La Habana y luego al hospital militar Carlos J. Finlay, donde lo mantuvieron en un área de máxima seguridad. Tras 14 meses de detención fue acusado de haber cometido “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, de estar involucrado en “un proyecto subversivo dirigido a derrocar la revolución” y de haber violado el Artículo 91 del Código Penal debido al trabajo que estaba realizando para DAI y USAID. El resultado del juicio, ratificado por el Tribunal Supremo: 15 años de privación de libertad.

Alan y su esposa Judy Gross demandaron al gobierno de Estados Unidos por negligencia al enviar repetidamente a Gross a hacer un trabajo para el cual “el gobierno sabía que estaba mal preparado, sin proporcionarle la educación más básica, capacitación o advertencias requeridas en las propias directivas por el gobierno”. Pero perdieron la demanda. Lo más que lograron fue un acuerdo con DAI por una suma no pública de dinero.

El 22 de marzo de 2016, en el Gran Teatro de la Habana, Obama le dijo al pueblo cubano: “Debería de haber Internet disponible en toda la Isla, para que los cubanos se puedan conectar con el mundo entero y a uno de los motores de crecimiento más fuertes en la historia de la humanidad. […] Y les puedo decir, como amigo, que la prosperidad sustentable en el siglo XXI depende de la educación, la sanidad y la protección del medio ambiente. Pero también depende del intercambio libre y abierto de ideas. Si no pueden acceder a información en Internet; si no pueden estar expuestos a diferentes puntos de vista; entonces no alcanzarán su pleno potencial. Y con el tiempo, la juventud va a perder la esperanza”.

En ese contexto de distensión y con el objetivo de “incrementar el acceso a las comunicaciones de los cubanos y su capacidad para comunicarse libremente”, las empresas de telecomunicaciones estadounidenses recibieron autorización para “establecer los mecanismos e infraestructuras necesarios para proveer servicios de Internet y telecomunicaciones en la Isla”. Además, se permitió la venta comercial de “ciertos dispositivos de comunicaciones, software, aplicaciones, hardware y otros servicios para el establecimiento y actualización de sistemas relacionados con las comunicaciones”.

Cuba, ¿vas a tener suerte?

Dos años antes, desde 2014, representantes de Google habían comenzado a visitar La Habana. En 2016, Google abrió un centro tecnológico en el estudio KCHO Romerillo, ubicado en Playa, que ofrecía Internet gratuito en 20 Chromebooks. En el momento de su apertura, Perlmutter dijo que la compañía confiaba en que el estudio Google + Kcho.Mor sería parte de un esfuerzo cooperativo más amplio para llevar acceso a Internet al pueblo cubano.

En mayo de ese mismo año, T-Mobile anunció un acuerdo de interconexión y roaming con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA), que permitía ampliar las comunicaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ofrecer llamadas de voz más económicas para los clientes que desean mantenerse en contacto con amigos y familiares en Cuba, así como planes de datos para sus clientes que viajan a la Isla. Como resultado del acuerdo, los clientes del plan T-Mobile Simple Choice podrían “llamar a teléfonos fijos y teléfonos inalámbricos en Cuba desde Estados Unidos por $0,60 el minuto”.

ETECSA también tiene convenios de roaming con Verizon Wireless, con sede en Nueva York; Sprint, con sede en Overland Park Kansas; y AT&T, con sede en Texas. Los datos, en el caso de AT&T, cuestan $2,05 por megabyte.

El Task Force de Trump no es el primero –y tampoco luce como el último– de una administración estadounidense. Para saber qué va a recomendar a la Casa Blanca y al Departamento de Estado habrá que esperar a octubre de 2019. Hasta ahora, ha habido dos caminos para ampliar el acceso a Internet en Cuba desde Estados Unidos: la fórmula Gross y la variante pública de Obama (ya sabemos que el caso Gross siguió ocurriendo durante Obama).

La primera ignora olímpicamente a las autoridades cubanas y específicamente al monopolio ETECSA, desafía las leyes de Aduana, instala tecnologías en comunidades de interés (ya sean grupos religiosos, opositores políticos, jóvenes, etcétera) y termina con 15 años de privación de libertad –reducidos a cinco después de intensas negociaciones–, con precios de mantenimiento de operaciones inaccesibles incluso para USAID o, en el más risible de los casos, con la sociedad civil cubana más interesada en descargar pornografía que noticias políticas.

La segunda variante, que dialoga con el gobierno y con ETECSA, esa que inició Obama con los anuncios de diciembre de 2016, tampoco ha conseguido ni incrementar exponencialmente el acceso, ni abaratar los costos, ni promover el libre flujo de información en la Isla. Lo más que se alcanzó fueron unos servidores de Google ubicados en La Habana –ETECSA mediante– para que los videos de Marc Anthony y Gente de Zona alojados en YouTube descarguen más rápido.

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