Protesta en Al Hoceima, región del Rif, a mediados de 2017. Fotografía de Mohamed Mouha a través de Wikimedia (CC BY-SA 4.0).

Esta es la segunda parte de una serie de dos entregas sobre la represión a los medios y las «noticias falsas» en Marruecos. Fue escrita en colaboración con Access Now. La primera entrega se encuentra disponible aquí.

El movimiento de protesta Hirak en Marruecos comenzó luego de la muerte de Mohsin Fekri, vendedor de pescado a quien la policía confiscó su mercancía en la ciudad de Al Hoceima el 29 de octubre de 2016. Cuando Fekri intentó recuperar el pescado de un camión de basura, murió aplastado.

A partir de ese entonces y hasta bien entrado 2017, los marroquíes de la región del Rif llevaron a cabo manifestaciones semanales en protesta por las deficientes condiciones socioeconómicas y los funcionarios corruptos en el Gobierno, situaciones a las que el Gobierno central hizo de la vista gorda durante muchos años. Resistieron hasta que las autoridades lanzaron una represión violenta en junio de 2017, en la que fueron arrestados 400 activistas y manifestantes.

Además, el movimiento desencadenó una reacción violenta hacia los periodistas independientes y quienes quisieron documentar las manifestaciones y la posterior represión. Al menos siete periodistas independientes fueron arrestados mientras informaban sobre las protestas. De acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas, en la actualidad tres periodistas siguen tras las rejas por informar sobre el movimiento Hirak.

Hamid El Mahdaoui, que antes de ser arrestado administraba el sitio de noticias Badil.info, está cumpliendo una condena de tres años en prisión luego de que un tribunal de apelaciones de Casablanca lo encontrara culpable en junio de 2018 de «no denunciar un delito que amenaza la seguridad nacional», por una conversación telefónica (una grabación oficial obtenida mediante escuchas telefónicas) que mantuvo con un activista antimonárquico marroquí que vive en los Países Bajos, en la que el activista describió un plan para ingresar armas al país.

El Mahdaoui habla en un video sobre la represión de los protestantes en El Hoceima. Fuente: captura de pantalla de un video publicado en el canal de YouTube del periodista el 28 de junio de 2017.

El Mahdaoui ya ha cumplido una condena de un año por «incitar» las protestas. Fue arrestado el 20 de julio de 2017 en la ciudad de Al-Hoceima, en donde se encontraba para cubrir las protestas del movimiento Hirak.

El periodista ciudadano Mohamed El Asrihi, editor y director de Rif24.com, sitio web de medios ciudadanos local que llevó a cabo una cobertura exhaustiva de las protestas en Al Hoceima y otras ciudades, está cumpliendo una condena de cinco años de prisión. El mismo tribunal que condenó a El Mahdaoui lo declaró culpable en junio de 2018 por “comprometer la seguridad interna de Marruecos al recibir donaciones y financiamiento para actividades y propaganda que dañan la unidad y soberanía del Reino de Marruecos, así como la lealtad de sus ciudadanos», «insultar a funcionarios gubernamentales» y «hacerse pasar por periodista sin haber obtenido la acreditación necesaria».

Los periodistas que no cuentan con acreditación (una «tarjeta de periodista profesional» emitida por el Consejo Nacional de Prensa, que se encarga de vigilar esta actividad) no cuentan con la misma protección que los que son considerados «periodistas profesionales». Para conseguir esa acreditación, los periodistas necesitan tener un título universitario. El periodismo debe ser su actividad principal y fuente de ingreso más importante; además, no deben haber cometido delitos con anterioridad. La tarjeta se renueva anualmente. Todos estos requisitos excluyen a los periodistas ciudadanos para quienes, en muchos casos, el periodismo no es su actividad principal, y como también a los periodistas que no se graduaron o estudiaron en una universidad.

Así y todo, las protecciones legales resultan limitadas hasta para aquellos periodistas considerados «profesionales». En 2016, el Parlamento marroquí adoptó un nuevo código de prensa que eliminó como forma de castigo la cárcel, si bien los periodistas y medios de comunicación pueden recibir multas por «difamar» a los ministros del Gobierno (artículo 81), los diplomáticos extranjeros (artículo 82), y también a las instituciones estatales y los funcionarios oficiales (artículo 84). Además, los periodistas siguen siendo procesados y encarcelados bajo el código penal que incluye disposiciones de encarcelamiento o multas para los condenados por «causar daño» al Islam, la monarquía o incitar actividades que van contra la integridad territorial del país.

Todas estas condiciones hacen que los medios de comunicación independientes tengan dificultades para contrarrestar las campañas de desinformación desmedidas, en especial, que apuntan a personas que se encuentran amenazadas por su activismo y su trabajo en la cobertura del movimiento Hirak y otros hechos de importancia pública.