Juicios secretos amenazan la transparencia judicial en Australia

Hands off Timorese Oil - Brisbane May Day 2017 parade

Manifestación en Brisbane contra las pretensiones de Australia sobre el petróleo de Timor Oriental, mayo de 2017- Foto de Andrew Mercer / Flickr (CC BY-NC 2.0).

Un Gobierno coloca escuchas ilegales en la oficina de un primer ministro extranjero durante las negociaciones de un tratado. El espía encargado de hacerlo, convertido en denunciante, y su abogado enfrentan juicios secretos. Quedan expuestas las conexiones entre políticos del Gobierno y una gran empresa petrolera a la que el tratado reportó grandes ganancias.

¿Una novela de espías de la Guerra Fría o un escándalo moderno que implica al Servicio Exterior de Inteligencia ruso (SVR) o la Agencia Central de Inteligencia americana (CIA)? ¡Pues ni una cosa ni otra!

Espionaje a Timor Oriental

En 2004, Australia y el entonces nuevo país de Timor Oriental negociaban un tratado sobre su frontera en el Mar de Timor. Sobre la mesa, el futuro de los ricos campos de petróleo y gas. El Servicio Secreto de Inteligencia de Australia (ASIS) puso micrófonos ocultos en la oficina del primer ministro Xanana Gusmão para conseguir ventajas en las conversaciones. Aparentemente, fue el ministro australiano del Exterior de la época, Alexander Downer, quien ordenó la vigilancia. Tiempo después se convirtió en asesor de Woodside Petroleum, empresa que se benefició del tratado original. Se sospechan otros conflictos de intereses. El tratado se tuvo que renegociar en 2018 después de que se hicieran públicas estas artimañas.

Global Voices ya informó sobre este asunto en 2013:

Australia espió a Timor Oriental para obtener ventajas comerciales

Timor Oriental acusa a Australia de ir en contra de la soberanía nacional

Un velo de secretismo

Se ha suprimido la identidad del informante, conocido como Testigo K. En 2018, este informante y su abogado, Bernard Collaery, fueron acusados de conspiración para entregar secretos a Timor Oriental. Esta acusación requirió el consentimiento del ministro de Justicia, el fiscal general Christian Porter. Ambos serán juzgados por separado.

Testigo K se ha declarado culpable, pero mantiene que su única infracción fue preparar una declaración jurada para las audiencias arbitrales entre los Gobiernos en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Collaery, ex fiscal general del Territorio de la Capital Australiana, se ha declarado inocente. Parte del juicio a Collaery se llevará a cabo a puerta cerrada por orden del tribunal, para proteger información delicada o clasificada.

Muchos usuarios de medios sociales han expresado su disgusto por los procesamientos, tienen temor por el rumbo que su país está tomando:

Testigo K y la operación de espionaje australiana que sigue traicionando a Timor Oriental.
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“Un delito contra uno de los países más pobres del mundo perpetrado por uno de los más ricos”. Esta es nuestra Australia.

La ley de Información de Seguridad Nacional aplica censura general a audiencias judiciales de las acusaciones contra Bernard Collaery. El Gobierno australiano alega ‘seguridad nacional’ en intervención telefónica en la ofician del gabinete de Timor Oriental para tener ventaja comercial sobre los recursos del mar de Timor.
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El procesamiento de Bernard Collaery debe ser una de las causas más infames (que conocemos) de la historia de Australia.
Un abogado que asesora a un informante ante el Tribunal Internacional de Justicia es juzgado secretamente por denunciar el quebranto moral, cuando no la conducta criminal, del Gobierno Australiano.

Muchos se cuestionan también a quién o qué se está protegiendo. ¿Las agencias de inteligencia? ¿Los ministros del Gobierno que autorizaron la operación de espionaje o han aprobado los procesos? ¿Los intereses comerciales del petróleo y los que se aprovecharon del tratado original?

El defensor de derechos humanos Tom Clarke dio un apoyo explícito a Testigo K y Collaery:

Juicios secretos: nuestros jueces deben resistir la presión del Gobierno.
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El Gobierno de Howard espió a nuestros vecinos timorenses en un intento de saquear su petróleo y su gas. Ahora, el gobierno de Morrison intenta ocultar la verdad y “enterrar los cadáveres”. Es indignante, carente de moral y debe cuestionarse.

Otros creen que el propósito real tras los interminables procedimientos legales es disuadir a posibles denunciantes futuros.

En agosto de 2019, el programa Four Corners de la Australian Broadcasting Corporation (ABC) examinó el escándalo de Timor Oriental en Secrets, Spies and Trials (“Secretos, espías y juicios”), que exploraba la “tensión entre quienes mantienen que la seguridad nacional es primordial y quienes temen la constante intrusión de la seguridad del Estado en el derecho del público a saber”.

Stephen Charles, abogado y exjuez del Tribunal Supremo de Victoria, ha representado a ASIS y a ASIO (agencias de inteligencia nacional y exterior) en casos anteriores. Solo es una de las destacadas figuras legales entrevistadas en el programa que se mostraron perturbadas por el rumbo que están tomando los juicios:

It is a fundamental aspect of the rule of law that proceedings take place in public. It is difficult to imagine any justification for these proceedings taking place in secret.

Everyone who reads the newspapers is aware that ASIS officers entered and bugged the Timorese cabinet premises. Everyone is aware that the result of bugging those premises was that Australia got a huge and very unfair advantage in the negotiations being carried out between Timor and Australia.

Un aspecto fundamental del estado de derecho es que los procesos se realicen en público. Resulta difícil imaginar justificación alguna para que esos procesos se lleven a cabo a puerta cerrada.

Cualquiera que lea la prensa sabe que funcionarios de ASIS entraron y pusieron micrófonos ocultos en instalaciones del Gobierno timorense. Todos sabemos que el resultado de los micrófonos ocultos en esos lugares fue que Australia consiguió una ventaja tan enorme como injusta en las negociaciones que se llevaban a cabo entre Timor y Australia.

Prisionero con máscara de hierro

Es alarmante la tendencia a enjuiciar a denunciantes. En un caso sin precedentes, se ha mantenido totalmente en secreto la identidad, juicio, sentencia y condena del condecorado oficial de la inteligencia militar Testigo J. Él y Bernard Collaery han recibido el premio Silla Vacía de Derechos Humanos que concede la organización de derechos civiles Liberty Victoria:

The secret trials… challenge one of the fundamental bases of our legal system: the requirement for open justice and accountability.

The cases… highlight the need for strong action to ensure that any such trials are held in open court and subject to public scrutiny.

Los juicios secretos […] cuestionan una de las bases fundamentales de nuestro sistema legal: la exigencia de justicia transparente y asunción de responsabilidad.

Estos casos […] lustran la necesidad de una acción firme para asegurar que este tipo de juicios se realizan a puerta abierta y sujetos a escrutinio público.

Los expedientes afganos

El exabogado militar David McBride también enfrenta un juicio potencialmente secreto por denunciar los supuestos crímenes de guerra de soldados australianos en Afganistán. Las revelaciones de sus “expedientes afganos” estuvieron detrás de un registro de la Policía federal en la ABC y de las posibles acusaciones penales contra uno de sus periodistas.

El inspector general de las Fuerzas Australianas de Defensa está llevando a cabo una investigación oficial, y continuamente se conocen hechos alarmantes, como asesinatos de no combatientes. Algunos internautas han expresado en redes sociales su preocupación por el lento progreso de la investigación:

El mismo AK-47 fue fotografiado en dos civiles afganos muertos a manos de soldados australianos.
Un rifle de asalto AK-47 con cinta verde azulada enrollada alrededor de la culata fue fotografiado al lado de dos cadáveres en lugares diferentes.
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Australia y los crímenes de guerra: Error – el mismo AK-47 colocado dos veces en dos civiles afganos asesinados por soldados australianos. El inspector general de las Fuerzas Australianas de Defensa lleva más de cuatro años investigando las acusaciones de crímenes de guerra.

Justicia cerrada

Estos juicios se producen mientras Australia se convierte rápidamente en un estado policial, con leyes de vigilancia que socavan los derechos digitales, y registros policiales a organizaciones de noticias y periodistas, que atacan a la libertad de prensa. El periodista Paul Gregoire argumenta en la plataforma de opinión The Big Smoke que el deterioro de la transparencia judicial en Australia tiene “visos de totalitarismo”.

Los periodistas de la ABC han recurrido a Twitter para expresarse:

Así que la Policía Federal de Australia ha declarado que derivan a mi colega Dan Oakes a la fiscalía, para repetir eso: que la Policía Federal de Australia acaba de derivar a un periodista australiano para juicio por revelaciones sobre supuestas muertes ilegales de soldados australianos.
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¿Cómo puede Australia siquiera argumentar la importancia de la libertad de expresión en lugares como China, cuando criminaliza el periodismo de interés público en casa? Qué asunto más mezquino y vergonzoso.

En un acontecimiento reciente, se ha propuesto una legislación de seguridad nacional que permitiría que los menores a partir de 14 años puedan ser sometidos a interrogatorios por agentes de la inteligencia. Sus padres o tutores podrían ser retirados de una entrevista si generan muchas interrupciones. Además, se podrían colocar dispositivos de rastreo en autos y bolsas sin orden judicial.

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