Ilustración de Giovana Fleck

Metin Cihan es un periodista turco que se ha encargado de exponer casos de corrupción entre los funcionarios de su gobierno por años. El 17 de julio de 2022, Twitter restringió su cuenta porque supuestamente habría filtrado información privada, aunque la información mencionada no era privada. Los tuits de Cihan incluían negocios, nombres, afiliaciones, información bancaria y licitaciones ligadas al caso Canikli, registro de archivos a nombre del político Nurettin Canikli, que ya se había visto involucrado en las redes de corrupción de Turquía.

La cuenta de Cihan ya fue restaurada, pero el periodista teme que ocurra nuevamente debido porque no sería la primera vez que su cuenta ha sido perjudicada.

Al reflexionar sobre la situación actual de Turquía y las acciones de la plataforma, el caso de Cihan puede servir como un ejemplo de qué tan lejos el Gobierno está dispuesto a llegar para silenciar al periodismo independiente en Turquía, y que las plataformas como Twitter están bastante dispuestas a participar como cómplices en ayudar al Estado.

En 2010, Twitter anunció una función que le permitía censurar contenido a escala nacional. Es posible que en ese entonces Twitter no tuviese en mente la cantidad de países que abusarían de este control para reforzar un dominio autoritario, países donde las plataformas de redes sociales se convertirían en un blanco constante de las autoridades estatales al momento de imponer represión y censura.

Ciertamente, una de las tácticas que utiliza el Gobierno turco para silenciar a los usuarios del internet y negarles el acceso a la información es solicitar a Twitter y a otras plataformas que retengan el contenido que se considere como una infracción de las leyes locales. No sorprende que Turquía terminara en cuarto lugar de países con mayor número de peticiones por contenido dentro del informe de transparencia de Twitter, con un equivalente al 9 % de las demandas legales en el mundo. El informe indica que «Turquía bajó al cuarto puesto en cuanto al número de solicitudes enviadas a Twitter. Esto se debe a que las demandas legales del Gobierno turco han disminuido en un 21 %. Sin embargo, Turquía aumentó la cantidad de cuentas a restringir dentro de sus peticiones en un 24 %».

El Gobierno turco hace uso constante de su legislación nacional, de leyes como la n°5651 entre otras, para mantener las plataformas bajo su disposición y llevar a cabo estos actos de censura en nombre del Estado. Aunque el Estado turco ha demostrado sus intenciones de manera explícita, los gigantes de los medios sociales no parecen comprender cómo sus acciones de complicidad afectan la pluralidad mediática y la diversidad de voces y opiniones en Turquía.

Además de las leyes ya establecidas, los legisladores del país ya han votado a favor de 14 de las 40 cláusulas que son parte de una controvertida nueva ley contra la desinformación. Si se aprueban todos los artículos de la ley, los usuarios de las plataformas de medios sociales de Turquía podrían enfrentar castigos más severos, por las medidas que el proyecto simplemente describe como parte de proteger el orden público, la seguridad nacional y la salud pública.

Podemos utilizar como ejemplo el fenómeno social que fue Mukremin. Hace nueve meses, una mujer trans llamada Mukremin decidió publicar una serie de videos histriónicos con la intención de contar a sus seguidores que estaba embarazada. Después de publicar el último video del hospital donde habría dado a luz, la cuenta y el hospital sufrieron sanciones. El hospital fue clausurado por las autoridades y la cuenta de TikTok de Mukremin terminó bloqueada en Turquía. Y la plataforma cumplió. No quedaron claras las motivaciones que justificaran estas medidas, pero en un país donde ni siquiera las listas de reproducción de Spotify están libres de censura, y un video musical sobre el amor entre dos homosexuales genera críticas, la decisión de bloquear la cuenta de Mukremin no sorprende.

Otro incidente nada sorprendente de censura fue cómo Facebook acató la decisión del Gobierno de bloquear el acceso a la página de la agencia periodística pro-kurda Mesopotamia sin ofrecer ninguna explicación. A pesar de los esfuerzos por recuperarla, la plataforma nunca rehabilito la página.

Tal vez uno de los mejores ejemplos de complicidad entre los medios sociales y las peticiones estatales de censura de contenido en Turquía es el de Sedat Peker, jefe de la mafia que ya ha sido declarado culpable dos veces por participar en actividades de crimen organizado, y que actualmente es uno de los criminales bajo alerta roja de la Interpol. En mayo de 2017, comenzó a publicar videos en YouTube que daban a conocer las conexiones turbias que existían entre altos funcionarios del partido dirigente y la mafia, lo que fue una serie de revelaciones que involucraron a varios miembros gubernamentales de alto rango. Las acusaciones de corrupción más recientes de Peker fueron publicadas a través de una serie de tuits, acusaciones que involucraron a Sergan Taranoglu, asesor de Erdoğan; Ali Fuat Taskesenlioglu, expresidente del consejo del mercado de capitales; Zehra Taskensenlioglu, miembro del partido dirigente y del Parlamento; y a Burak Tasci, excolumnista independiente que comenzó a escribir artículos a favor del Gobierno para el diario Huriyyet durante los últimos años. Taranoglu renunció poco después de estas revelaciones, al mismo tiempo que dejó el cargo de vicepresidente de la administración local del partido Justicia y Desarrollo (AKP) y su puesto como miembro del consejo del partido gubernamental. El Estado entró en acción inmediatamente y bloqueó el acceso a cualquier información relacionada a las acusaciones. Por su parte, Twitter prohibió el acceso a cualquier tuit que hiciera referencia a Zehra Taskensenlioglu.

¿Qué sigue?

Paralelamente, la propuesta de desinformación también llega en un momento crítico para Turquía, ya que el país se está preparando para las elecciones generales de 2023. Durante una entrevista con Euronews, el responsable del programa de Article 19, Suay Boulougouris, mencionó que la redacción ambigua de la propuesta podría dar a entender que «literalmente toda información que critique al Gobierno podría considerarse como desinformación. Es imposible pensar que esto es un intento legítimo de enfrentar la desinformación, al contrario, es un intento de enfrentar cualquier crítica ahora que las elecciones de 2023 prometen ser altamente competitivas».

Existe también la posibilidad de que los turcos pierdan completamente el acceso a los medios sociales mucho antes de llegar a las votaciones. Según Kerem Altıparmak, abogado y defensor de la libertad en el internet, los problemas de coordinación entre los medios sociales en ocasiones anteriores podrían traer resultados definitivos esta vez, lo que finalmente causaría la prohibición total de plataformas como Twitter.

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