Pancarta pide justicia para Chad Booc en Nuevo Bataán. Imagen de Ryomaandres de Wikimedia Commons. Utilizada bajo licencia (CC BY-SA 4.0).

Los defensores de los derechos humanos de Filipinas han puesto de manifiesto su malestar por el restablecimiento del presupuesto de 10 000 millones de pesos filipinos (178,56 millones de dólares estadounidenses) destinado a un grupo de trabajo gubernamental conocido por etiquetar de comunistas a activistas y organizaciones de la sociedad civil. La comisión bicameral ha decidido asignar la suma prevista en 2023 al Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC, por su nombre en inglés) a pesar de las peticiones para desfinanciarlo y abolirlo.

La alianza de derechos humanos Karapatan señaló en un comunicado: “El NTF-ELCAC ha adquirido notoriedad por calificar como comunistas, acosar e intimidar a activistas políticos y a otros críticos del Gobierno, también por incitar la rendición forzada en masa de civiles supuestamente partidarios del movimiento revolucionario. Muchas de las víctimas de las campañas de etiquetar como comunista de NTF-ELCAC han acabado detenidas y encarceladas por cargos falsos, mientras que otras han muerto a mano de grupos de vigilancia o en encuentros armados organizados por el Ejército”.

El etiquetar como comunista, o «como rojo», es el acto de catalogar a personas o grupos como “frentes comunistas”, “terroristas comunistas” o “simpatizantes comunistas”, práctica que ha aumentado en los últimos años. Al igual que el macartismo de la década de 1950, en Filipinas se suele etiquetar como rojo sin aportar pruebas.

La magistrada asociada del Tribunal Supremo Marvic Leonen, en opinión discrepante emitida en 2015 acerca de un recurso de amparo presentado por abogados de derechos humanos, citó a Philip Alston, exrelator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extralegales, para definir el etiquetado rojo. Como señala Alston, «se trata de la ‘denigración’, ‘clasificación’ o ‘culpabilización por asociación’ de diversas organizaciones democráticas. Estos grupos son estereotipados o calificados por los militares como grupos comunistas, lo que los convierte en objetivos fáciles de las unidades militares o paramilitares del Gobierno», afirmó Leonen.

Alston, que llevó a cabo una investigación sobre la oleada de ejecuciones extrajudiciales en Filipinas en 2007, observó cómo las fuerzas de seguridad del Estado mantenían un “orden de batalla” o una lista de personas sospechosas de estar vinculadas al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército del Pueblo. En su informe de 2007, Alston enumeró varias recomendaciones para el Gobierno filipino, entre las que se incluía “ordenar inmediatamente a todos los oficiales del Ejército que dejen de hacer declaraciones públicas que vinculen a grupos políticos u otros grupos de la sociedad civil con los que participan en insurgencias armadas”. Además, añadió: “Cualquier categorización de este tipo corresponde exclusivamente a las autoridades civiles. Estas deben basarse en criterios transparentes y ajustarse a las disposiciones de derechos humanos de la Constitución y los tratados pertinentes”.

Quince años después de la visita de Alston, la práctica de «etiquetar como rojo» no ha cesado. Con el uso de las redes sociales, las acusaciones infundadas se propagan como el fuego. Los “etiquetadores rojos”, en su mayoría funcionarios del Gobierno, fuerzas de seguridad del Estado y sus troles, difunden sus mensajes a través de las redes sociales, en particular Facebook y YouTube, que son bastante populares en Filipinas.

Diosa Labiste, profesora de periodismo de la Universidad de Filipinas, comparó el etiquetado rojo con la desinformación, que según ella: “se compone de acusaciones falsas o inventadas difundidas por troles en línea”. También agregó: “Tiene una fundamentación mínima o casi nula. Además, denigra a activistas, a personas que critican al Gobierno y a periodistas. Asimismo, al igual que la incitación al odio, recurre a amenazas y acoso, algunos incluso con resultados de arrestos y muertes”.

Según Karapatan, al menos 427 activistas fueron etiquetados como rojos antes de ser asesinados. Por ejemplo, los casos del consultor de paz Randall Echanis y la trabajadora de derechos humanos Zara Alvarez. Ambos fueron incluidos en una lista de al menos 600 personas que el Departamento de Justicia solicitó a un tribunal que declarara como “terroristas” en 2018. La petición del Departamento fue finalmente desestimada, pero Echanis, Alvarez y otras cinco personas de esa lista fueron asesinadas a tiros, según Karapatan. Chad Booc, profesor para pueblos indígenas de Mindanao, fue etiquetado como rojo antes de morir en un “encuentro” con las fuerzas de seguridad en febrero de 2022.

El etiquetado rojo ha contribuido a reducir el espacio cívico, ya que ejerce un efecto amedrentador sobre la sociedad civil. Ni los periodistas ni los medios se han librado de ser vinculados al movimiento comunista por informar sobre conflictos armados. El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP, por su nombre en inglés), la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Filipinas (FOCAP, por su nombre en inglés) y miembros de la organización Altermidya-People's Media Network han sido reiteradamente etiquetados como comunistas por el NTF-ELCAC y sus antiguos responsables a través de la cadena de televisión SMNI.

El Centro para la Libertad y la Responsabilidad de los Medios (CMFR, por su nombre en inglés) argumentó que etiquetar como rojo se ha sumado a los peligros a los que tienen que enfrentarse los periodistas filipinos. El centro sostuvo que “etiquetar como rojo ha tenido un efecto nocivo en el ejercicio de la libertad de prensa, vital para la información veraz y el discurso democrático”.

Una de las periodistas etiquetadas como comunista, Frenchie Mae Cumpio, fue detenida el 7 de febrero de 2020, acusada falsamente de tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos. Permanece detenida en la cárcel de Tacloban y se le acusa de financiar el terrorismo. Kimberlie Ngabit-Quitasol, periodista de la editorial Northern Dispatch, también fue etiquetada como comunista y luego acusada de ciberdifamación. Afortunadamente, al cabo de dos años, la causa que abrió en su contra y de otro colega el exjefe de la Policía regional fue retirada por falta de pruebas. Asimismo, decenas de periodistas etiquetados como comunistas han tenido que trasladarse como medida de seguridad, lo que ha afectado al valioso trabajo que realizan.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó bloquear de más de veinte sitios web, incluidos los medios etiquetados como comunistas, como Bulatlat y Pinoy Weekly, por ser supuestamente “amigos del terrorismo”. El entonces consejero de Seguridad Nacional, Hermogenes Esperon Jr., citó resoluciones del Consejo Antiterrorista que designaban al Partido Comunista de Filipinas, al Nuevo Ejército del Pueblo, al Frente Democrático Nacional de Filipinas y a presuntos dirigentes del movimiento comunista para justificar el bloqueo. Sin embargo, el Partido Comunista de Filipinas afirmó que solo siete de los sitios web censurados están afiliados al Partido.

Con la promulgación de la Ley Antiterrorista en 2020, las personas y grupos etiquetados como comunistas corren el riesgo de ser objeto de vigilancia, de bloqueo de activos y restricción de movimientos, entre otros. La ley contiene disposiciones draconianas que los defensores de los derechos humanos han cuestionado constantemente.

En el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal sobre Filipinas, recientemente finalizado, el secretario de Justicia, Jesus Crispin Remulla, justificó la práctica del etiquetado como comunista como “parte de la democracia”. No obstante, varios Estados miembros de Naciones Unidas no quedaron convencidos y solicitaron al Gobierno filipino que pusiera fin a esta práctica y revisara la Ley Antiterrorista. A pesar de que Remulla afirmó que “no existe ninguna política estatal para atacar, acosar ni intimidar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos ambientales, los abogados y otros profesionales de la abogacía y los medios”, la constante financiación que recibe el polémico grupo de trabajo es muy reveladora.