Captura de pantalla de un video del canal de France 24 en YouTube que muestra a Camerún.

En Yaundé, la capital de Camerún, vive un panadero como ninguno. No quería ser panadero, pero las circunstancias lo obligaron a convertirse en panadero para seguir con vida.

Lambert Kehven no soñaba con ser panadero sino periodista. Empezó a trabajar como periodista en Kumbom, en la división de Bui en la agitada región noroeste de Camerún para el medio local Canal 2 International. En 2017, cuando aumentó el conflicto anglófono, se encontró entre fuerzas de seguridad estatales y grupos armados no estatales, y cada quien quería que Lambert informara de su lados de la historia. Querían leer los informes antes de que se publicaran.

Kehven fue arrestado en diciembre de 2019, fue acusado de trabajar con actores no estatales. Quedó en libertad el 10 de enero de 2020, cuando huyó de la zona de conflicto para preservar la vida.

Samuel Ajiekah Abuwe, popularmente llamado Samuel Wazizi e informaba sobre el conflicto anglófono para Chillen Media TV, pero no tuvo tanta suerte. Fue detenido el 2 de agosto de 2019, supuestamente porque permitió que su granja fuera utilizada por grupos armados y supuestamente filmó atrocidades militares. La Policía de Camerún dijo a los periodistas que dio esas imágenes a los medios internacionales.

Samuel Wazizi murió bajo custodia. Equinoxe TV informó de su muerte en su informativo de máxima audiencia del 2 de junio de 2019. Su familia no tiene idea de dónde podrían estar sus restos. Los militares dijeron que murió de septicemia, no se ha abierto ninguna investigación independiente y los periodistas no se atreven a hacer preguntas o investigar por miedo a ser asesinados.

Mientras se tramitaba el caso de Wazizi, otro periodista, Kingsley Fomunyuy Njoka, fue detenido el 15 de mayo de 2020 por sus reportajes y publicaciones en Facebook sobre el conflicto anglófono, supuestamente por obtener información con «patrocinios» a terroristas de la región. Njoka estuvo incomunicado durante semanas. Posteriormente, el tribunal militar lo acusó de actos de terrorismo, y lleva cerca de dos años a la espera de juicio.

El más reciente es el asesinato de Martinez Zogo, periodista radiofónico que investigaba la corrupción. Desapareció y sus restos mutilados aparecieron en la carretera de Soa, en las afueras de Yaundé, el 22 de enero. Reporteros sin Fronteras califica este hecho de «crimen de Estado».

Los escenarios descritos anteriormente muestran cómo los periodistas que son críticos en sus informes sobre el conflicto anglófono, en línea y fuera de línea, son encarcelados u obligados a abandonar las zonas de conflicto y el periodismo, o mueren en el proceso. También demuestran hasta dónde puede llegar el Estado para silenciar la disidencia y suprimir la información crítica..

El conflicto anglófono

El conflicto anglófono está profundamente arraigado en la historia de la partición de África, en la que Camerún se repartió entre Francia y Gran Bretaña, con mayor participación del primero. El Camerún francés se independizó primero. La parte inglesa logró la independencia uniéndose a Camerún francés o a Nigeria. Optaron por unirse al Camerún francés para formar una federación de dos Estados, pero los términos de la federación se erosionaron. La parte inglesa quedó marginada, lo que se convirtió en una crisis y más tarde en un conflicto.

En 1972, una nueva constitución revocó la autonomía de las partes anglófonas del país y dio más poder al presidente, lo que provocó fricciones con los dirigentes de la antigua región autónoma anglófona del sur de Camerún. El abandono, la marginación y la erosión de los términos de la federación son las causas profundas del actual conflicto anglófono en Camerún, con efectos devastadores.

El conflicto anglófono alcanzó su punto álgido en 2016, cuando profesores y abogados salieron a la calle con plantas de la paz para denunciar la reducción de los sistemas anglosajones de educación y derecho. El Estado respondió con la fuerza, detuvieron y encarcelaron a los líderes. Las tendencias separatistas tomaron el relevo, y grupos armados no estatales se alzaron en armas contra las fuerzas de seguridad del Estado.

Siete años después, el conflicto continúa, y el Gobierno no tolera las opiniones críticas sobre su gestión.

Cuatro mil civiles han muerto a manos de agentes de seguridad del Estado y de grupos armados no estatales, y a diciembre de 2022 había 87 000 refugiados en Nigeria y 628 000 desplazados internos. Las detenciones relacionadas con el conflicto se produjeron en virtud del Código Penal que castiga presuntos actos de secesión y terrorismo, delito grave e integridad territorial. El Gobierno no define quién es terrorista, pero la ley antiterrorista parece atrapar en sus redes a más periodistas que terroristas. Los periodistas detenidos no tienen derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, son juzgados por el tribunal militar.

Libertad de prensa

La libertad de prensa está consagrada en el preámbulo de la Constitución camerunesa. «La libertad de comunicación, de expresión, de prensa, de reunión, de asociación y sindical, así como el derecho de huelga, están garantizados en las condiciones fijadas por la ley». Sin embargo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) califica a Camerún como el tercer peor carcelero de periodistas. Según la Asociación Camerunesa de Periodistas de Habla Inglesa (CAMASEJ), unos 80 periodistas han huido de las dos regiones, y un total de nueve periodistas fueron detenidos en 2022.

El Gobierno ha recibido críticas por limitar la libertad de prensa y tomar medidas enérgicas contra periodistas y medios críticos con el Gobierno. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, Camerún ocupa el puesto 135 de 180 países, lo que supone un descenso con respecto al puesto 134 que ocupaba en 2020. El informe señala que los periodistas cameruneses sufren acoso, intimidación y agresiones físicas, y que el Gobierno ha suspendido o cerrado medios que informaban sobre temas delicados o criticaban a funcionarios gubernamentales. Además, el Gobierno ha sido acusado de usar la ley antiterrorista de diciembre de 2014 para silenciar la disidencia y restringir la libertad de expresión.

En 2022, el CPJ se unió a Amnistía Internacional y a otras 29 organizaciones de la sociedad civil, locales e internacionales, en una carta en la que exigían al presidente Paul Biya la liberación de las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como los periodistas Tsi Conrad, Mancho Bibixy, Thomas Awah y Kingsley Fomunyuy Njoka.

El CPJ sostiene que los periodistas no son terroristas, pero el Gobierno esgrime la integridad territorial, la paz pública y la seguridad para justificar sus acciones. El portavoz del Gobierno, el ministro de Comunicación, René Sadi, advirtió tácitamente a los periodistas contra la posibilidad de empañar la imagen del país, y afirma que «la incitación a la violencia y la hostilidad contra la patria no son tolerables en un Estado de derecho y en una sociedad de libertad y responsabilidad».

Los periodistas no se han quedado callados. El Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022 sirvió a la CAMASEJ para manifestar su descontento con el trato que reciben los periodistas y pedir tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a los grupos armados no estatales que pongan fin a las agresiones a periodistas. Casi no hubo cambios.

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