Medios y grupos de la sociedad civil instan al desbloqueo de sitios web bloqueados durante una vista judicial en Ciudad Quezón, Filipinas. Foto de Bayan, usada con autorización.

Este artículo de Ronalyn Olea se publicó originalmente en EngageMedia, organización de medios, tecnología y cultura sin ánimo de lucro, y reproducimos una versión editada como parte de un acuerdo para compartir contenidos con Global Voices. Durante la pandemia se implantaron tecnologías digitales, políticas y otras medidas de control. Hoy, la mayor parte de Asia-Pacífico ha vuelto a la «antigua normalidad», pero los permanecen mecanismos de vigilancia tecnológicos, normativos e ideológicos. Esta segunda recopilación de la serie Pandemia de Control se centra en el impacto duradero de la crisis de COVID-19 sobre los derechos digitales y narra la historia continuada del autoritarismo digital en Asia-Pacífico.

En Filipinas, algunas de las medidas promulgadas en el momento álgido de la pandemia siguen usándose para reprimir la libertad de expresión, especialmente las voces críticas.

Se han dado múltiples casos de agentes estatales que califican de «noticias falsas» las denuncias y críticas legítimas. En junio de 2020, un funcionario de alto rango del Ejército acusó a Gabriel Lalu, periodista del Philippine Daily Inquirer, de «escribir noticias falsas» por un artículo sobre la muerte de un agricultor. En una publicación de Facebook, el oficial del Ejército preguntó a Lalu si era propagandista del Nuevo Ejército del Pueblo, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.

En abril de 2020, la Policía Nacional de Filipinas detuvo a 32 personas por difundir «noticias falsas» a través de plataformas de redes sociales. Se les acusó de uso ilícito de medios de publicación y expresión ilícita en virtud del artículo 154 del Código Penal revisado y de violación de la Ley de la República 10175 o ley de prevención de la ciberdelincuencia. Una de las detenidas fue Juliet Espinoza, maestra de escuela pública que publicó en Facebook que los habitantes de la ciudad General Santos pasaban hambre.

Periodistas y defensores argumentaron que la disposición sobre «noticias falsas» del Ley de la República 11469, que otorga al presidente poderes de emergencia en respuesta a la crisis sanitaria, podría «criminalizar la libertad de expresión». En una declaración conjunta, señalaron: «En efecto, la ley dejará en manos del Gobierno la decisión sobre lo que es verdadero o falso, perspectiva que no puede dar confianza dado que muchos funcionarios de la administración, incluido el jefe del ejecutivo, han sido fuentes de desinformación e información equivocada».

La Ley de la República 11469 entró en vigor en junio de 2020. Sin embargo, el uso de esta ley para restringir la libertad de expresión durante la pandemia está allanando el camino para normalizar las restricciones en curso mediante la consagración de esta disposición que viola los derechos en las leyes existentes. Un senador ha presentado un proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Prevención de la Ciberdelincuencia para incluir la tipificación como delito de la creación y difusión de «noticias falsas».

El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) advirtió que el proyecto de ley, en caso de aprobarse, podría utilizarse para censurar.

Terror de Estado legislado

Una ley más draconiana promulgada durante el duro bloqueo de 2020 es la Ley Antiterrorista (ATA). Los críticos señalaron que la definición de terrorismo de la ley es imprecisa y excesivamente amplia, y puede usarse como arma para atacar a la oposición política.

Una amplia coalición de organizaciones impugnó la ATA, pero el Tribunal Supremo confirmó la constitucionalidad de la ley salvo en dos disposiciones: la parte del artículo 4 que califica la disidencia como acto terrorista si se considera que hay intención de causar daño o muerte. Esta disposición fue anulada por el Tribunal Superior por ser «excesivamente amplia y violatoria de la libertad de expresión».

Amnistía Internacional ha afirmado que la ley sigue siendo peligrosa y tiene defectos fundamentales. Casi tres años después de su aprobación, la ley se ha usado contra pueblos indígenas, agricultores y activistas de derechos humanos.

Designación de terroristas y censura

Además de las detenciones, la ATA faculta al Consejo Antiterrorista (ATC) para designar terroristas a personas y organizaciones. Los críticos afirman que esto se presta a abusos, y el grupo activista Bagong Alyansang Makabayan describe la designación del ATC como «arbitraria, sin normas claras, sin actos terroristas específicos citados, solo una acusación generalizada».

En los últimos años, el ATC designó como grupo terrorista al Frente Democrático Nacional de Filipinas, con el que el Gobierno filipino ha firmado acuerdos bilaterales en el curso de las conversaciones de paz. Los consultores de paz, incluidos los detenidos con acusaciones falsas, también fueron calificados de terroristas por el ATC.

En enero de 2023, la médica comunitaria Naty Castro, que prestaba servicios a los pueblos indígenas del norte de Mindanao, fue calificada de terrorista. Castro fue detenida y encarcelada por cargos de secuestro y detención ilegal grave, pero finalmente quedó en libertad después de que un tribunal desestimó las causas abiertas en su contra en marzo de 2022.

Las resoluciones del ATC también se han usado como justificación para la censura. En junio de 2022, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) emitió un memorando en el que ordenaba a los proveedores de servicios de internet bloquear 27 sitios web por presuntos vínculos terroristas. La CNT emitió el memorando después de que el entonces asesor de Seguridad Nacional, Hermógenes Esperon Jr., se basó en tres resoluciones de la ATC y escribió a la CNT para «solicitarle» que bloqueara una lista de sitios web.

La mayoría de los sitios web de la lista de Esperon ni siquiera están calificados de terroristas, como los medios Bulatlat y Pinoy Weekly, los grupos progresistas Bayan, Pamalakaya, Amihan y Misioneros Rurales de Filipinas, entre otros.

El bloqueo de los sitios web se realizó sin previo aviso ni garantías procesales. Ni la ATA ni la Ley de Prevención de la Ciberdelincuencia contienen disposiciones que permitan a los organismos públicos bloquear sitios web. Bulatlat presentó una demanda civil para solicitar la anulación del memorando de la CNT.

Efecto paralizador

Las restricciones y medidas represivas impuestas durante la pandemia han tenido un efecto paralizador en la población. En un intento de aislar y desacreditar a los críticos y disidentes, los funcionarios del Gobierno y sus troles en las redes sociales recurrieron a calificar de comunistas y de terroristas, especialmente durante el confinamiento. Estas prácticas se intensificaron durante las deliberaciones sobre la Ley Antiterrorista, en las que se calificó de comunistas y terroristas a quienes se oponían. Ni líderes religiosos, periodistas, trabajadores humanitarios ni siquiera artistas se libraron de estas etiquetas.

En Filipinas, la etiqueta de comunista suelen ser perjudicial. El grupo de derechos humanos Karapatan afirmó que al menos 427 activistas estaban calificados como comunistas antes de caer abatidos. Otros activistas señalados también fueron objeto de vigilancia y amenazas por parte de presuntas fuerzas del Estado.

Nuevo gobierno, mismas políticas

Bajo el nuevo gobierno de Marcos, no parece haber cambios sustanciales en las políticas relacionadas con los derechos humanos. La ATA sigue vigente; la calificación de comunista continúa, al igual que la represión de la libertad de expresión.

En los primeros cien días de mandato del presidente, una nueva amenaza se cernió sobre el espacio digital con la aprobación de la Ley de Registro de Tarjetas SIM, la primera ley firmada por Marcos Jr. Los grupos de derechos humanos y digitales han dado la voz de alarma sobre la medida por su impacto en la privacidad, la seguridad de los datos y la libertad de expresión. Junto con la ATA, los grupos de derechos humanos temen que la vigilancia estatal sea total.

Estos ejemplos ilustran cómo las medidas de la época de la pandemia, promulgadas en un momento en el que Filipinas estaba ocupada en contener un virus mortal, están afectando ahora a los derechos civiles y políticos de los filipinos. A medida que se hace más evidente el impacto de estas políticas y su potencial de abuso y mal uso, los defensores de los derechos humanos y digitales en Filipinas tendrán que redoblar sus esfuerzos para contrarrestar estos intentos de normalizar políticas que vulneran los derechos.

*Ronalyn Olea es redactora jefe de la publicación filipina de noticias alternativas en línea Bulatlat. También es secretaria general del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas.