Generalizadas infracciones de normas laborales entre las empresas japonesas y los pasantes técnicos
Los trabajadores inmigrantes de Vietnam, China y otros países asiáticos contratados en Japón a través del programa gubernamental denominado Programa de Capacitación de Pasantes Técnicos (TITP, por su nombre en inglés) y que trabajan como pasantes técnicos, enfrentan a menudo problemas laborales en sus lugares de trabajo. Las inspecciones de las Oficinas de Normas Laborales descubrieron que 7247 de los 9829 lugares de trabajo (más del 70%) con pasantes técnicos incumplían normas laborales o de seguridad y salud en el trabajo, el nivel más alto desde 2003. Las infracciones incluían instrucción deficiente en materia de seguridad o el impago por horas extras.
Algunos ejemplos de infracciones incluyen el caso de una empresa que puso a pasantes técnicos a operar grúas o maquinaria pesada sin licencia de operador. En otro caso, una empresa hizo trabajar a pasantes técnicos fuera del horario normal de trabajo, y que alcanzaron un promedio de cien horas al mes. Mientras el Gobierno japonés pretende aceptar más pasantes técnicos, las organizaciones de la sociedad civil piden una rápida rectificación de este asunto.
El TITP se creó en 1993. Su objetivo oficial es promover el desarrollo de competencias profesionales entre los pasantes técnicos y que lleven esas competencias y tecnologías a sus países de origen. Sin embargo, en realidad, el TITP sirve prácticamente para reclutar trabajadores inmigrantes que cubran la escasez de mano de obra por factores como envejecimiento de la población del país. Al mismo tiempo, países «emisores» como Indonesia ven en este plan una oportunidad para dar más empleo a las poblaciones más jóvenes.
En la actualidad, más de 340 000 personas están inscritas en el TITP. Los pasantes técnicos proceden principalmente de países asiáticos como Vietnam, Indonesia, Filipinas y China. En virtud del programa, podrán vivir en Japón y trabajar hasta cinco años. Normalmente, los pasantes técnicos son contratados por «organizaciones supervisoras» y puestos en contacto con los empleadores. Las organizaciones supervisoras también se encargan de darles apoyo en su vida diaria y de supervisar su entorno laboral. A 2020, el mayor número de pasantes técnicos trabajaba en el rubro de construcción (22,5%), seguido del rubro alimentario (19%) y el rubro de maquinaria y metal (14,2%).
Aunque han pasado más de 30 años desde su creación, algunos han señalado que el programa hace que los pasantes técnicos sean vulnerables a diversas violaciones de derechos humanos y laborales.
Esto se debe al diseño de los programas TITP, con normas que prohíben a los pasantes técnicos cambiar de empleador y una supervisión deficiente de las organizaciones supervisoras. En efecto, esto origina casos graves de maltrato, como abusos físicos o psicológicos, confiscación de sus pasaportes y robo de sus salarios por parte de sus empleadores, lo que dificulta que huyan de sus lugares de trabajo.
También se han denunciado casos de trata de personas en el marco del TITP. Para empeorar las cosas, los intermediarios suelen cobrar comisiones de contratación excesivas a los pasantes técnicos, que a menudo ya están endeudados cuando van a Japón. Un informe sugiere que más de la mitad de los pasantes técnicos pidieron prestados un promedio de 3600 dólares para pagar a los organismos intermediarios durante el proceso de contratación. En tales situaciones, no les queda más remedio que soportar un trato injusto de sus empleadores, con el temor de ser despedidos o deportados.
En 2021, un pasante filipino fue despedido injustamente y presionado para que regresara a su país tras sufrir graves lesiones en el trabajo. En este caso, también se descubrió que la empresa no había cumplido las normas laborales ni había organizado las prestaciones necesarias mientras estuvo ausente del trabajo. Con el apoyo de un sindicato, pudo recibir una indemnización de la empresa.
Protecciones defectuosas
La ley de Japón sobre la capacitación adecuada de pasantes técnicos y la protección de pasantes técnicos prevé la protección de los pasantes técnicos en caso de violaciones de derechos humanos o laborales, y estipula que las empresas que incumplan las normas laborales serán suspendidas del programa o se les revocará la licencia, por lo que no podrán aceptar a pasantes técnicos en el futuro. En virtud de esta ley, los pasantes técnicos deben disponer de vías para denunciar posibles conductas indebidas de sus empleadores a la entidad gestora del programa, la Organización para la Capacitación de Pasantes Técnicos (OTIT).
El Gobierno japonés ha firmado memorandos de entendimiento con los países de origen de los pasantes técnicos, uno con el Gobierno vietnamita en 2017. En el memorando, ambos Gobiernos se comprometieron a cooperar para eliminar a los intermediarios malintencionados del sistema e investigar cualquier infracción de las leyes pertinentes de organizaciones supervisoras, empresas e intermediarios. Además, el Ministerio del Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales de Vietnam hizo recientemente una petición a la autoridad japonesa para garantizar que las trabajadoras vietnamitas no se vean obligadas a regresar a su país de origen en caso de embarazo. Se han dado numerosos casos en los que se pide a las pasantes técnicas que no se queden embarazadas durante el programa, bajo amenaza de enviarlas a casa o despedirlas.
Expertos de Naciones Unidas y el Gobierno estadounidense han expresado su preocupación por las penas inadecuadas impuestas a los infractores. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante su revisión del informe periódico, señaló que no se sanciona adecuadamente a quienes utilizan el TITP para traficar con personas, y añadió que muchos casos condenados solo reciben penas suspendidas o multas leves. Del mismo modo, el Informe sobre Trata de Personas elaborado por el Gobierno estadounidense, que cita a organizaciones de la sociedad civil, señalaba la reticencia de las autoridades japonesas a investigar de forma proactiva los posibles casos de trata relacionados con el TITP.
En virtud de la ley TITP, las empresas y las organizaciones de supervisión recibirán sanciones administrativas si infringen la legislación laboral pertinente. La OTIT publica periódicamente una lista de empresas que han recibido medidas disciplinarias o la revocación de licencias. A pesar de la prevalencia de las infracciones de la normativa laboral, solo unas 120 empresas perdieron sus permisos para aceptar pasantes técnicos en 2022. Ese mismo año, una empresa recibió un apercibimiento administrativo para rectificar la situación. La OTIT afirma que los ministerios competentes deciden las sanciones en función de cada caso.
A la luz de estos antecedentes, el Gobierno se ha esforzado por abordar esta cuestión y apoyar a los pasantes técnicos para darles a conocer sus derechos laborales mediante la difusión de documentos educativos en varios idiomas, acuerdos para cambiar sus lugares de trabajo y líneas telefónicas de atención multilingüe.
En noviembre de 2022, el Ministerio de Justicia creó un grupo de expertos que está estudiando la reforma del sistema actual. El informe provisional, publicado en mayo de 2023, reveló que el Gobierno está estudiando suprimir el actual TITP y sustituirlo por un nuevo sistema. También destacaba la importancia de relajar las restricciones para cambiar de empleador, así como de mejorar la normativa sobre las organizaciones supervisoras que no protegen a los pasantes técnicos de las violaciones a sus derechos laborales y humanos en sus lugares de trabajo.
Sin embargo, a las organizaciones de la sociedad civil les sigue preocupando que este plan de reforma pueda resultar ineficaz a menos que garantice la libertad de cambiar de empleo, prohíba las tarifas de contratación excesivas y el posterior trabajo en régimen de servidumbre, y permita posibilidades de asentamiento en el futuro. El informe final del grupo de expertos se espera para el tercer trimestre de 2023.
