Netizen Report: Con «impuesto a WhatsApp» y regulaciones de tarjetas SIM, en Uganda será más difícil estar conectados

Anuncio de una empresa de telecomunicaciones sobre una camioneta en Kampala, Uganda. Foto de futureatlas.com desde Flickr (CC BY 2.0).

El Netizen Report de Advox brinda una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo.

El Gobierno de Uganda aprobó una nueva ley impositiva que gravará una serie de productos y servicios, entre ellos las cuentas de pago electrónico móvil y los servicios de medios sociales como Facebook y WhatsApp.

Inicialmente, cuando los legisladores propusieron el llamado “impuesto al WhatsApp”, sus partidarios (entre ellos el presidente Yoweri Museveni) alegaron que era para reducir los “chismes” en las redes sociales. También fue bien recibido entre los proveedores de telecomunicaciones locales, que no se benefician directamente del uso de servicios “over-the-top” (de libre transmisión) extranjeros como WhatsApp.

En una entrevista, Pru Nyamishana, bloguera ugandesa y autora de Global Voices, dijo a BuzzFeed:

one of the two biggest challenges that we face in internet governance is access. This tax is locking people out….we also believe it is a deliberate move to censor Ugandans and cut down on dissenting voices.

Uno de los dos mayores desafíos que enfrentamos en la gobernabilidad de internet es el acceso. Este impuesto deja a muchos fuera… Además, creemos que es una estreategia deliberada para censurar a los ugandeses y minimizar las voces disidentes.

Aludiendo al incremento de los asesinatos y secuestros, el Gobierno de Uganda también puso fin a los dos meses de suspensión de ventas de tarjetas SIM y ordenó a las empresas de telecomunicaciones que registraran todas las nuevas tarjetas móviles SIM en el Centro Nacional de Datos Biométricos. También prohibió la venta de tarjetas prepagas desechables.

Las autoridades afirman que los peores delincuentes se comunican con tarjetas SIM no registradas para organizar los ataques sin ser detectados.

Si bien se levantó la prohibición de ventas de tarjetas SIM, ahora las nuevas normas exigen que los ugandeses faciliten al vendedor su documento nacional de identidad para que verifiquen sus datos personales en lectores electrónicos al momento de la compra. Según la nueva ley, que entra en vigencia el 1 de julio, los usuarios también deberán recargar sus tarjetas SIM mediante el uso de cuentas de pago electrónico móvil.

En un comunicado de prensa, la Asociación de Protección al Consumidor de Uganda declaró que las medidas reguladoras de las tarjetas SIM no reducirían el índice de criminalidad. En un artículo sobre la nueva ley impositiva, Juliet Nanfuka de CIPESA (Colaboración para las Políticas Internacionales de las Tecnologías de la Iinformación y la Comunicación en el Este y Sur de África) la llamó “la más reciente de una serie de acciones del Gobierno que amenazan el acceso de los ciudadanos a internet”.

En conjunto, estas nuevas normas harán que resulte más costoso para los ugandeses, en especial los que viven en la pobreza, comunicarse y realizar actividades cotidianas usando sus dispositivos móviles.

Apagones en el estado indio de Tamil Nadu tras la masacre de manifestantes

Luego de que la policía matara a disparos a trece civiles durante una manifestación pública en el estado Tamil Nadu, al sur de India, las redes de internet móviles y fijas sufrieron apagones en tres distritos por las órdenes de las autoridades del Gobierno local. Los manifestantes protestaban contra la expansión de una planta de cobre que, según afirman, contamina el aire y el agua del distrito y pone en riesgo su salud. En las redes sociales, han estado circulando videos de la actuación violenta y la crueldad de la policía hacia los protestantes, lo que hace que muchos se muestren escépticos sobre las motivaciones del Gobierno para cortar el acceso a internet.

Según el Centro de Derecho al Software Libre de Nueva Delhi, hubo 55 apagones regionales de internet en India en lo que va de 2018.

Papúa Nueva Guinea establece un bloqueo de Facebook de un mes, alegando que hay ‘usuarios falsos’

Los funcionarios del estado isleño del Pacífico Sur Papúa Nueva Guinea impondrán un bloqueo de Facebook de un mes, en lo que describen como un intento de analizar la plataforma como catalizador de la difusión de información falsa.

En una entrevista con The Guardian, Aim Sinpeng, experta en medios digitales y autora de Global Voices, expresó su preocupación por el bloqueo, pero también señaló que allí tendría menos impacto que en otras partes del mundo dada la baja proporción de usuarios de internet del país. Papúa Nueva Guinea tiene una población de ocho millones de habitantes y un índice de penetración de internet de apenas 12 por ciento.

Sentencian a defensor de derechos humanos de Emiratos Árabes Unidos a 10 años de prisión por su activismo en las redes sociales

Una corte de apelaciones de Abu Dhabi sentenció a diez años de prisión al defensor de derechos humanos Ahmed Mansoor por supuesta difusión del “odio y el sectarismo” y por publicar “información falsa” en las redes sociales. También le impusieron una multa de un millón de dirhams (unos USD 272.000) por “insultar la posición y el prestigio de Emiratos Árabes Unidos”.

Mansoor, detenido desde marzo de 2017, es parte de un grupo de firmes defensores de los derechos humanos en el país del Golfo y recibió el Premio Martin Ennals 2015 que se otorga a los defensores de derechos humanos. También había sido encarcelado en 2011, luego de su campaña por las reformas democráticas en los Emiratos Árabes Unidos y por firmar una petición a favor de la democracia. Desde ese momento hasta el arresto más reciente, ha sufrido acoso y vigilancia dentro y fuera de línea.

Con nuevo software, Amazon.com ayuda a los Gobiernos a vigilar a los residentes estadounidenses

Amazon.com elaboró su propio software de reconocimiento facial, Rekognition, producto que, según la empresa, puede realizar el “reconocimiento facial en tiempo real de decenas de millones de rostros y detectar hasta cien rostros en imágenes de grandes multitudes”.

Mediante una petición amparada por la Ley de Libertad de Información, los abogados de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles obtuvieron y publicaron correos electrónicos que demostraban que Amazon vendió el software a los Gobiernos locales de los estados de Arizona, California y Oregón, y que había capacitado y asesorado a los funcionarios del Gobierno mediante un acuerdo de no divulgación iniciado por Amazon.

La organización también participó en la redacción de una carta conjunta al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, para exigir que la empresa “deje de alimentar una infraestructura de vigilancia gubernamental que supone una seria amenaza para los consumidores y la comunidad”. Entre los firmantes también estaban el Consejo de Relaciones Islámico Estadounidenses, la Fundación Fronteras Electrónicas  y Human Rights Watch.

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