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Por Lisa Allen-Agostini

En Trinidad y Tobago, donde hubo una marcha y concentración contra la delincuencia en el Día de los Derechos Humanos, nuestra historia está salpicada de protestas. Tuvimos los Disturbios del Agua en 1903, la Marcha del Hambre de Tubal Uriah «Buzz» Butler en 1935 y la Revolución de Febrero en 1970. Un lunes cualquiera bloqueamos carreteras con neumáticos en llamas, montamos piquetes frente a las oficinas gubernamentales o conducimos con las luces encendidos para protestar por mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejores vidas.

Por eso resulta irónico que la primera respuesta de algunos trinitenses a la idea de otra marcha contra el homicidio y la delincuencia violenta sea: «¿qué sentido tiene?».

El grupo organizador, Project 600, toma su nombre de una sombría estadística: según el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago, en 2022 se registraron 599 asesinatos en esta pequeña nación caribeña. Para el 31 de diciembre de 2023, es muy posible que se supere esa cifra. Esta marcha en particular no es simplemente una protesta de alarma; es también un gesto de duelo. Demasiadas personas, ciudadanos y habitantes nuestros han muerto este año víctimas de la violencia. ¿Qué sentido tiene otra marcha cuando podríamos entrar sin rumbo en 2024, tropezando sobre el río de sangre que fluye tras la estela de 2023?

Trinidad y Tobago, república independiente de 1.2 millones de habitantes, es un centro económico y social del Caribe. Lo impulsan los ingresos del gas y el petróleo, se considera un país desarrollado y el Banco Mundial estima su PIB per cápita en USD 18 222. Es una tierra próspera. Y sin embargo.

Los ingresos del gas y el petróleo no llegan a mi calle. Nuestra carretera está tan llena de baches que casi no se puede conducir. Recibimos agua por la tubería quizás dos veces por semana. Se supone que la complementa un camión cisterna, pero a los camiones cisterna no les gusta circular por las calles empinadas y retorcidas –por no hablar de la aterradora reputación de violencia armada– de mi comunidad obrera, no planificada y situada en una ladera. Los programas de trabajo del Gobierno son algunos de los mayores empleadores de la zona. Las muchachas aquí terminan la escuela; los muchachos, tal vez no. No es una dirección que quieras poner en un formulario de solicitud de empleo, incluso si tienes las calificaciones para pedir un trabajo en la economía formal. No todos los chicos que abandonan los estudios acaban trabajando en la hambrienta y floreciente economía de las drogas ilegales, aunque muchos sí.

En los 12 años que han pasado desde que me mudé aquí, algunos muchachos y hombres de mi barrio han sido víctimas de las brutales prácticas comerciales de las bandas armadas que parecen venir automáticamente con el comercio ilegal de drogas. Mi comunidad no es una excepción. Cada vez más, las comunidades de clase trabajadora como la mía se ven inundadas por la misma marea de opciones imposibles.

Me incorporé al comité del Project 600 en noviembre, poco después de que Isa Mohammed, impresor de Chaguanas, en el centro de Trinidad, tuviera la idea de celebrar una marcha pública contra los asesinatos y los delitos violentos. Para llevar a cabo su idea, él y su esposa Karen reunieron a algunas personas. Por ejemplo, Kirk Langton, viejo amigo mío, que había organizado otra marcha nacional contra los asesinatos en 2005. Ese año se registraron 386 asesinatos en Trinidad y Tobago. Podría decirse que si alguien debería estar desencantado con otra marcha contra el asesinato, ese debería ser Kirk. Pero él está a favor.

Kirk fue quien señaló en el grupo de chat del comité que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, coincidencia que no podíamos pasar por alto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. En Trinidad y Tobago, la delincuencia nos niega estos derechos.

Quienes viven en zonas con mejores carreteras y mejores direcciones que la mía viven aterrorizados, en residencias cerradas con aire acondicionado. La violencia armada ha salido de los barrios marginales y se ha extendido al resto del país, y personas –no «plagas» ni «cucarachas», como llama cruelmente la Policía a los miembros de las bandas, sino gente de la economía legal– han sido asesinadas a la salida de bares populares. Se han producido brutales y mortales asaltos de hogares. ¿Seguridad personal? ja. ¿Libertad? más bien, la libertad de temblar de miedo cuando sales de casa. Tu vida podría no valer nada si te alcanza una bala perdida. La violencia, en general, parece endémica. Ancianos golpeados y asaltados al salir del banco, mujeres jóvenes secuestradas y asesinadas, cuyos cadáveres se pudren. Los escolares se matan entre ellos. La situación es terrible.

La confianza en la Policía es baja en mi comunidad y en muchas otras similares. Para entender esto, solo hace falta leer los titulares sobre asesinatos extrajudiciales por parte de la Policía, y acusaciones sobre funcionarios corruptos. Lo que no aparece en los titulares es el abuso de poder cotidiano de la Policía, que detiene por principio a cualquier chico u hombre de clase trabajadora que camina por nuestras calles después de cierta hora.

¿Hablar de nuestro trauma aumentaría el derramamiento de sangre? ¿Empeoraría la delincuencia violenta si lloramos a las víctimas que la Policía, bandas, familiares enfurecidos o parejas celosas han matado este año? ¿Empeoraría la delincuencia si llevo una bandera en la marcha? Las banderas que llevaremos tienen una franja diagonal negra sobre fondo blanco. Se parecen a la bandera nacional de Trinidad y Tobago, excepto en que no tienen rojo. El rojo se ha desangrado. Imagino que será impactante visualmente: 600 voluntarios, cada uno con una de estas llamativas banderas, alrededor de Queen's Park Savannah, inmenso espacio verde de Puerto España, capital del país. Tenemos previsto reunirnos después para hablar y pedir mejores soluciones para esta lacra endémica.

No integro ningún partido político. Mi activismo se ha centrado principalmente en el movimiento feminista, la comunidad LGBTQ, los derechos de los niños y el movimiento obrero. Nunca antes había participado en algo así, pero me siento impulsada a hacerlo ahora porque perder a tanta gente cada año es insostenible, impensable. Otros miembros del comité pueden tener filiaciones políticas, como es su derecho. Pero no se menciona en nuestro chat grupal. Esta marcha no tiene que ver con el partido gobernante, no con el que está en la oposición, ni con ningún otro partido político. Se trata de personas.

No cabe duda de que el Gobierno de Trinidad y Tobago tiene planes para enfrentar la delincuencia. Tras una cumbre regional celebrada en abril en Puerto España, Trinidad y Tobago firmó la declaración de guerra de la Comunidad del Caribe (CARICOM) contra las armas y la violencia de las bandas. En su presupuesto nacional para 2024, el Gobierno comprometió miles de millones de dólares a la seguridad nacional, y ha prometido triplicar con creces el número de reclutas policiales. Pero corresponde a los ciudadanos, en una democracia, hablar por sí mismos y participar en estas soluciones. No es solo un derecho; es una responsabilidad.