De contraterrorismo a contra COVID-19, Gobiernos usan crisis para imponer prolongados estados de emergencia en Medio Oriente

Trabajador municipal desinfecta zonas en la capital de Túnez. Crédito de la foto: blog Lost in Tunis. Usada con autorización.

En respuesta al COVID-19, los Gobiernos de todo el mundo han declarado estados de emergencias, lo que les permite tomar medidas excepcionales para contener la pandema.

Las democracia liberales desde Estados Unidos, Canadá a los países europeos, Malasia y Sudáfrica impusieron medidas de emergencia que restringieron la movilidad bajo cuarentena. De la misma manera, en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA), las autoridades declararon estados de emergencia e impusieron medidas excepcionales, como toques de queda y confinamiento en casa.

En una región afectada por décadas de inestabilidad y conflicto, desde hace tiempo las autoridades han usado órdenes de emergencia excepcionales y temporales para justificar la represión y restringir los derechos humanos. Con este precedente, varios Gobiernos están usando la crisis del coronavirus para reprimir más los derechos humanos, sobre todo la libertad de expresión.

¿Qué es un estado de emergencia?

Cuando enfrentan una amenaza inminente como desacuerdos o desastre natural, los Estados pueden declarar legalmente un estado de emergencia que permite a las autoridades ejercer temporalmente poderes excepcionales. Esto puede incluir la suspensión de derechos humanos y libertades básicos, como restricción de movimiento o prohibición de reuniones públicas.

Sin embargo, los “Gobiernos deben informar a la población de su alcance sustantivo, territorial y temporal exacto y las medidas relacionadas”, cuando activan estas medidas, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH):

Las facultades de emergencia no deben ser un arma que los Gobiernos puedan empuñar para reprimir el desacuerdo, controlar a la población y hasta perpetuar su tiempo en el poder. Se deben usar para lidiar de manera efectiva con la pandemia, nada más, nada menos, dice el jefe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según el derecho internacional de derechos humanos, hay límites a lo que un estado de emergencia concede a los Gobiernos. La ACNUDH recomienda que “todas las medidas tomadas durante la emergencia deben ser proporcionadas y limitadas a las estrictamente requeridas por las exigencias de la situación. (…) El Ejército no debería realizar funciones de vigilancia”.

Algunos derechos humanos básicos no pueden ser suspendidos. Estos incluyen el “derecho a la vida, prohibición de la tortura y malos tratos, prohibición de la discriminación y libertad de religión, y también derecho a tener un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria y el derecho a la revisión judicial de la detención”, dijo Human Rights Watch el 20 de marzo, en respuesta a la declaración del estado de emergencia de Jordania.

Medio Oriente y Norte de África declara rápido facultades de emergencia

En la región del Medio Oriente y Norte de África, los Gobiernos fueron rápidos en reaccionar y ejercer plenos poderes, aunque aún había pocos casos de COVID-19.

El 5 de marzo, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró un estado de emergencia de 30 días después de que se informó de casos de coronavirus en la ciudad de Belén. El 13 de marzo siguió Mauritania y declaró estado de emergencia después de que se informó del primer caso en el país.

El 16 de marzo, fue el turno de Sudán de declarar estado de emergencia, tras la muerte del primer paciente de COVID-19. Al día siguiente, el rey Abdullah II de Jordania emitió un decreto real por el que concedía a su primer ministro amplios poderes, incluida la capacidad de “supervisar el contenido de periódicos, anuncios y cualquier otro método de comunicación antes de su publicación, y de censurar y cerrar cualquier medio sin justificación”.

El 20 de marzo en Marruecos, el rey Mohamed VI declaró estado de emergencia que permitió al Gobierno “tomar todas las medidas necesarias para combatir la epidemia del COVID-19″.

Los Gobiernos pudieron adoptar medidas excepcionales rápidamente, impuso confinamientos generales y toques de queda, prohibición de reuninoes, cierre de escuelas, negocios y cortes por decreto sin supervisión parlamentaria ni judicial.

De temporal a permanente

Aunque estas medidas se pueden justificar para contener la propagación del virus, las facultades de emergencia tienen el riesgo inherente de socavar el estado de derecho.

En la región del Medio Oriente y Norte de África en particular, Gobiernos y regímenes autoritarios tienen antecedentes de abusar del estado de emergencia para suspender instituciones democráticas y derechos humanos por largos periodos.

Por ejemplo, varios Gobiernos de la región ya han explotado la “guerra contra el terror” para ampliar sus poderes, lo que convirtió lo que sería un estado de emergencia temporal en uno permanente que dura décadas.

Argelia ya estaba con leyes de emergencia por casi 20 años luego de un brutal conflicto con militantes islamistas en la década de 1990. Las protestas pacíficas quedaron prohibidas, las libertades políticas quedaron reprimidas, los medios censurados y las detenciones arbitrarias eran comunes. Se dejaron sin efecto tras la Primavera Árabe en 2011.

Egipto estuvo bajo un continuo estado de emergencia durante tres décadas luego del asesinato en 1981 del presidente Anwar al-Saddat. Los manifestantes exigieron que se levantara el estado de emergencia durante la Primavera Árabe y finalmente lo lograron en 2012. Sin embargo, en enero de 2013, el fallecido presidente Mohamed Morsi —derrocado por un golpe militar en 2013— volvió a implantar el derecho de emergencia para contener los disturbios.

Desde entonces, Egipto ha alternado entre periodos de situación de no emergencia y de emergencia, que se extendió con frecuencia desde 2017, cuando ocurrieron ataques terroristas en dos iglesias. Estas medidas de emergencia tuvieron como resultado sistemáticos abusos de poder usados para restringir reuniones públicas, libertad de medios y detener personas por tiempo indeterminado y virtualmente por cualquier razón.

Egipto está en los lugares más bajos en los índices de derechos humanos, se ubica en el lugar 166 del Índice Mundual de Libertad de Prensa, por ejemplo.

Túnez ha estado bajo estado de emergencia desde 2015, luego de un ataque terrorista contra un bus que llevaba a guardias presidenciales. Desde entonces se ha extendido continuamente, lo que motivó a que en 2017 el relator especial de Naciones Unidas en derechos humanos lo declarara una violación del derecho internacional.

La tentación de abusar del poder

En toda la región, el Ejército ha tenido un rol importante en aplicar medidas de emergencia por COVID-19, y ha aumentado la represión a la libertad de expresión.

En marzo de 2020, las autoridades en Jordania, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Marruecos, Arabia Saudita y Yemen emitieron decretos que prohíben imprimir periódicos hasta nuevo aviso, a pesar de que no hay correlación entre los periódicos y el COVID-19.

Diversos Gobiernos también adoptaron amplias leyes de ciberdelitos para penalizar la desinformación y las noticias falsas. En abril de 2020, el Gobierno argelino aprobó una ley que penaliza las “noticias falsas” consideradas perjudiciales para el “orden público y la seguridad del Estado“.

Contrarrestar la desinformación se ha usado en la región como una razón para penalizar a quien publique contenido que desafíe la narrativa estatal oficial. Marruecos ha detenido y procesado al menos a una docena de personas por “difundir rumores” o difundir “noticias falsas” sobre COVID-19 en medios sociales.

Aunque los países contengan la propagación del virus, siguen aplicando estados de emergencia sin dar indicaciones de un cronograma para volver a la normalidad. Jordania y Túnez siguen imponiendo un toque de queda nocturno, aunque el coronavirus está “contenido“, por preocupaciones de una potencial segunda ola.

En Medio Oriente, combatir el terrorismo era el escudo con el que se justificaban y mantenían los estados de emergencir en Medio Oriente. Ahora, la pandemia de COVID-19 sirve como nueva justificación para facultades de gran alcance.

Encontar un equilibrio entre seguridad nacional y derechos fundamentales es una zona gris que deja mucho espacio para la interpretación.

La tentación de abusar del poder cuando los ciudadanos son más vulnerables y necesitan protección es real. Un sistema fuerte de equilibrio de poder debe proteger derechos fundamentales durante una emergencia. Finalmente, la “prueba de todas nación es cómo trata a sus ciudadanos en tiempos de crisis”, dijo Michael Page, subdirector de Medio Oriente en Human Rights Watch.

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