Bahía de Cedros, en el sur de Trinidad, y el Canal de Colón al fondo. El estrecho canal separa a Trinidad de la Venezuela continental. FOTO: Grueslayer CC BY-SA 4.0 desde Wikipedia.

Desde el 23 de enero, las naciones del Caribe participaron en una concluyente diplomacia internacional sobre el estancamiento político de Venezuela, más recientemente, como coarquitectos del “Mecanismo de Montevideo”, la solución de cuatro fases para la crisis venezolana propuesta por México, Uruguay y CARICOM durante la reunión de la semana pasada en Uruguay.

Sin embargo, un miembro de CARICOM tuvo menos certeza sobre su postura sobre los ciudadanos venezolanos que han buscado refugio en su tierra. A comienzos de febrero, mientras llegaban a la frontera venezolana los camiones de ayuda humanitaria auspiciada por Estados Unidos, en el Parlamento de Trinidad y Tobago, el Gobierno evadía las preguntas sobre si reconocería que Venezuela enfrentaba una crisis humanitaria y reiteraba la postura diplomática de “no interferencia y no intervención” que adoptó el país miembro de CARICOM.

Trinidad, la mayor de las dos islas que conforman la nación de Trinidad y Tobago, está ubicada a tan solo 11 kilómetros al norte de la Venezuela continental. Mientras la situación política y económica de Venezuela empeoraba, la isla experimentaba una enorme afluencia de venezolanos que huían de la miseria y la violencia. Algunos llegan ilegalmente por la costa sur de Trinidad, otros, a través de los puertos del país. Las estimaciones indican que el país recibió alrededor de 60 000 migrantes, una cifra importante para un país de 1,3 millones de habitantes.

La decisión de Trinidad y Tobago de repatriar a 82 venezolanos, en abril de 2018, recibió duras críticas de ACNUR, que calificó el hecho como una «deportación forzada» que incumplía las leyes internacionales. Con la actual atención del mundo puesta sobre la crisis política de Venezuela, la falta de un enfoque coherente en materia de migración atrae el escrutinio internacional sobre Trinidad.

Leyes inconclusas

A pesar de que en 2014, el gabinete de Trinidad y Tobago aprobó una política nacional para abordar los problemas de los refugiados y asilados, la política no se está poniendo en práctica. En su declaración al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Gobierno afirmó que, aunque se había adherido a la Convención de 1951, y es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y de la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, la falta de una legislación «entorpece la aplicación de los principios de protección adecuados para refugiados y solicitantes de asilo».

Como resultado, los solicitantes de asilo y las personas con condición de refugiados de ACNUR son tratados como inmigrantes indocumentados, y muchos terminan en el Centro de Detención de Inmigrantes, explotados por empleadores o, según el Informe Internacional de refugiados de enero de 2019, «forzados a la ilegalidad». Tal como están las cosas, los venezolanos que buscan protección en Trinidad y Tobago están sujetos a los términos de la Ley de Inmigraciones del país, que establece que los migrantes indocumentados serán detenidos, multados y, muy probablemente, deportados.

El 6 de febrero, tras el rescate en Trinidad de 19 adolescentes presuntamente venezolanas de una extensa red de drogas y prostitución, hubo nuevos llamados para que permitieran a los venezolanos trabajar en el país. A los hijos de los refugiados y los solicitantes de asilo tampoco les permiten asistir a la escuela pública nacional.

Living Water Community, organización benéfica católica que ejerce como asociado de implementación de ACNUR en Trinidad y Tobago, ha tratado de poner el práctica un plan regional de respuesta para refugiados y migrantes, diseñado para cubrir las necesidades de los venezolanos que huyen de su país.

El periodista trinitense Wesley Gibbings indicó que la ley, o la falta de ley, no era el único inconveniente, y también señaló en Twitter:

No doubt, some of the xenophobia being exhibited in #Trinidad stems from the fact that some continued to assert that #Venezuela‘s humanitarian crisis had been externally-generated propaganda and not lived experience.

Sin duda, parte de la xenofobia que se manifiesta en Trinidad surge del hecho de que algunos siguen afirmando que la crisis humanitaria de Venezuela es una propaganda generada desde el exterior y no una experiencia real.

El resto de la región

Trinidad y Tobago y Venezuela han gozado de estrechas relaciones diplomáticas durante mucho tiempo. Como productor de petróleo y gas, el país se benefició de la presión del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez para subir los precios del petróleo, y en 2018, firmaron un importante acuerdo de gas con el sucesor en conflicto de Chávez, Nicólas Maduro, hecho que algunos críticos señalan como factor que incide en las dudas del Gobierno para reconocer la situación venezolana como una crisis humanitaria.

Sin embargo, aunque el país siente la presión dada su cercanía geográfica con Venezuela, la situación de las otras naciones caribeñas no es muy diferente.

Según un trabajo corredactado por Rochelle Nakhid, coordinadora regional con Living Water Community para ACNUR, de los países de la Comunidad del Caribe, «solo Belice cuenta con una ley para refugiados, y por su parte, Jamaica y Trinidad y Tobago tienen sus políticas para los refugiados, pero no una legislación». No obstante, Nakhid ve con optimismo que el proceso del borrador para incorporar protocolos de inmigración «se está llevando a cabo de una forma loablemente participativa», con actores clave que incluyen a la División de Inmigración.

Mientras tanto, los refugiados protestan porque Trinidad y Tobago no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de migraciones, mientras los diplomáticos enfatizan la necesidad de establecer una estructura adecuada.